«Aquel que es descuidado con la verdad en asuntos pequeños, no puede ser confiable en asuntos importantes». Albert Einstein
Agarrando aunque sea fallo seguramente gritaron muchos en Miraflores después de conocerse que desde Portugal serán liberados mil 500 millones de dólares que estaban retenidos en ese país, a raíz de las sanciones económicas impuestas a Venezuela por la comunidad internacional. Lo preocupante de esa decisión es que entregarán el metálico a un gobierno limpio, insolvente, maula, despilfarrador, penetrado por la corrupción, no merecedor de la confianza de la gente, donde por más que juren, digan y aseguren que esos «cobritos» serán para la salud, educación, servicios públicos o dirigidos a mitigar el hambre que golpea a millones de familias, ese no será su destino.
En medio de tanta peladera la noticia de la repatriación de los mil 500 millones de dólares corrió como mecha de pólvora encendida. No tardaron voceros oficiales en aplaudir a las autoridades judiciales lusitanas el ordenar al Novo Banco hacer lo conducente para entregar ese dinero, depositado a nombre de instituciones y empresas estatales como el Banco de Desarrollo Económico y Social, Bandes, Petróleo de Venezuela, Pdvsa y sus filiales. Eso desiluciona, es como echarle dinero a un saco roto o decir que es lo mismo que poner a zamuro a cuidar carne fresca.
Obviamente la noticia despertó el alerta entre algunos dirigentes opositores venezolanos, uno de ellosr, Herique Capriles Radosnki, desconfiado de la «buena fe» del oficialismo propone que debería desembolsarse un bono de 150 dólares a cerca de 6,5 millones de trabajadores y pensionados que reciben un salario mínimo, por demás miserable, de 130 bolívares o lo que es lo mismo cuatro dólares. Su propuesta es de esperarse se la llevará el viento si cree que desde Miraflores abrirán los oídos para escucharlo a él o a otro adversario político, sobre el destino que debe tener ese dinero cuando esté disponible.
En tanto, desde muy lejos, Juan Guaidó, piensa que ese dinero debe ir a un fondo social que sería administrado por la ONU como una instancia confiable, idea propuesta en noviembre de 2022, entre el Gobierno y la oposición venezolana, en el marco del proceso de negociaciones que, digamos, en tiempo perdido sus resultados han sido más largos y tardíos que «esperanza de pobre» desde que ambas delegaciones se han sentado en México y no han concretado èste ni otros avances significativos, que saquen al país de la destrucción, atraso y miseria. También a Guaidó, padre de la penosa frase del «vamos bien», algún vocero oficial no tardará en decirle que a sus «palabras necias, oídos sordos».
Lo cierto, lo verdadero del día a día es que muchas familias continúan jugándosela en momentos que el grifo de la inmigración sigue abierto y si todo sigue como va, veremos que dentro de poco a la cifra de siete millones 300 mil venezolanos que han dejado la tierra donde nacieron, irán sumándosele otros millones. Esta verdad, pienso, es un tema perverso. En mi caso y seguramente en el de otros cientos de miles de venezolanos, llegamos a pensar que a Miraflores poco o nada le importa que el país quede vacío de gente.
Quizá estén experimentando algún consejo cubano cuando en la «isla de la felicidad» los Castros permitieron en la década del ’80 el éxodo de más de 125 mil ciudadanos por el Puerto del Mariel que huyeron a Estados Unidos. A lo interno el gobierno de la Revolución Bonita poco a poco se deshace de un problema y lo exporta a Colombia, USA, Brasil, México, Perú, Uruguay, Argentina, Chile y otras naciones donde la inmigración prendió las alarmas en esos gobiernos para atender a los venezolanos llegados a esas tierras, en un gesto de solidaridad que agradecemos, cuyo significado en una sola palabra se llama: Gratitud.
Lo ideal debería ser que la entrada de esos recursos genere bienestar a la gente que sigue en el país, donde la extrema pobreza ahoga a millones y sus consecuencias ya la vemos en los altos índices, por ejemplo, de desnutrición en sectores pobres que la Revolución Bonita ha hecho más pobres. Asombran los estudios y estadísticas de ONG y agencias de la ONU que revelan que el hambre se instaló desde hace rato en la patria de Bolívar.
Dios no permita que con esa millonada en dólares el populismo revolucionario desempolve la práctica del Imperio Romano del «Pan y Circo», término acuñado para criticar a gobiernos de la IV República que a la luz de los hechos, 24 años después del Socialismo del Siglo XXI, verdaderamente los gobiernos de los expresidentes Pérez, Herrera o Lusinchi, diría, quedaron en pañales con lo visto en dos décadas de gestión oficialista.
Por ejemplo, sin temor a equivocarme, —dígamos apostando fuertes a lochas—, un pedacito de los mil 500 millones seguramente no irá a la dotación de insumos, equipos, medicamentos de hospitales o a mejorar los sueldos del personal sanitario. Sabemos la precaria dotación que viven los hospitales adonde, generalmente, la familia de cualquier paciente debe llevar todo lo necesario a la hora de una cirugía.
Esa realidad que no sucedería en un país normal pasa a diario en el nuestro, donde aún sin salir del asombro propio de un aunque usted no lo crea, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, —siete años después—, dictaminó este 2 de agosto de 2023, según decisión número Nro. 1.051, un no a lugar, improcedente y descartable una demanda en defensa de intereses colectivos y difusos que un grupo de organizaciones, entre ellas, Transparencia Venezuela, consignó en 2016 contra el presidente Nicolás Maduro y el Ministerio de Salud a los fines de obligarlos a dotar “de reactivos e insumos médicos los servicios de salud del Estado”.
En resumen, queda constatado que en uno de los extremo de la balanza de la «Ley», la velocidad en las decisiones del TSJ dependen más de la naturaleza del «problema» y del interés político que de las necesidades de salud de la población. En el otro extremo, cuando el caso es proceder con las inhabilitaciones políticas, los venezolanos somos testigos que las mismas corren a la velocidad de la luz. Sino que lo digan los «camaradas» del Partido Comunista de Venezuela a quienes la «mano de la justicia» les quitó hasta la manera de caminar. Por estas y por otras mil 500 razones es para seguir desconfiando.
¡Amanecerá y Veremos!.
José Aranguibel Carrasco
