El gobernador republicano de La Florida, Ron DeSantis, firmó el pasado 10 de mayo el ejecútese de la ley SB1718, la llamada Ley Anti Inmigrantes, un día antes que expirara el Título 42 federal que desde la era Trump rigió la política inmigratoria ante la pandemia del COVID-19, en un estudiado gesto político que es toda una declaración de intenciones de lo que estaría dispuesto a hacer, si llegase a ganar la elección presidencial del año 2024.
Es importante destacar que la política inmigratoria de los Estados Unidos es una potestad reservada exclusivamente al ámbito federal, algo que al parecer fue tenido muy en cuenta por la bancada republicana que impulsó esta ley estatal, pues los legisladores se concentraron en normar aspectos referidos a la vida diaria, que harán mucho más difícil la cotidianidad y la permanencia de los inmigrantes sin documentos legales en el Estado del Sol y es que La Ley Antiinmigrantes, que entrará en vigencia el próximo 1 de julio, no sólo aumentará la multa máxima por emplear, contratar o referir inmigrantes en situación irregular, sino que obligará a todos los empleadores de compañías con más de 25 empleados de La Florida, a usar el E-Verify que es una plataforma federal que permite verificar el estatus de residencia, para sus potenciales trabajadores extranjeros.
La ley SB1718 prohíbe a los inmigrantes indocumentados conducir automóviles en La Florida, incluso a pesar de tener licencias emitidas por otros estados, les impide ejercer la carrera de abogados a pesar de haberse graduado en universidades estadounidenses, y además niega a las localidades el emitir identificaciones a los sin papeles, e impone duras sanciones a personas que traigan a personas ilegales a La Florida.
Uno de los aspectos más controversiales de la flamante norma es su eventual restricción al derecho a la salud, al obligar a los hospitales a solicitar a los pacientes su estatus de residencia. La ley también obliga a estos centros de salud a recopilar información acerca del costo de brindar atención médica a los indocumentados.
La virtual criminalización de los inmigrantes sin papeles que comporta la ley SB1718, traerá graves problemas sociales y de convivencia para la población de La Florida en su conjunto, al obstaculizar a un colectivo calculado en cerca de un millón de personas en ese estado, el trabajar, recibir atención de salud y manejar un automóvil. Se trata de actividades elementales que muchas de estas personas seguirán haciendo por motivos de fuerza mayor, pero sin contar ahora con pólizas de seguro que les respalde a ellos y a sus familiares, fomentando de este modo la informalidad y la ilegalidad.
Por su parte el Senador Republicado de Florida Marcos Rubio menciona en una entrevista hace algunos meses que ningún país del mundo por muy grande o poderoso que sea, tiene la capacidad de recibir inmigrantes que entran de forma irregular. Lo que según cifras de la Patrulla Fronteriza en el 2022 fueron detenidos en la Frontera Sur más de 2 millones de personas sin contar con los que entran sin pasar por los puntos de control fronterizo.
Estos episodios de persecución contra los inmigrantes no son algo nuevo en la historia de los Estados Unidos. Se trata de un fenómeno que ya sucedió en el pasado, con el maltrato a las personas de origen chino que construyeron buena parte de la red ferroviaria que conectó al país en el siglo XIX, contra las comunidades alemanas y japonesas que fueron llevadas a vergonzantes campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, y actualmente contra la población hispana, que con su esfuerzo contribuye a edificar a los Estados Unidos como el faro principal de la democracia en el mundo.
MSc. Orlando Cuicar Ortiz
