Las autoridades estudian ponerle protección a la exesposa del hijo, que es quien ha destapado el escándalo.
Gustavo Petro ha tomado la postura opuesta a la del filósofo Albert Camus, que dijo que entre la justicia y su madre, prefería a su madre. El presidente ha escogido la justicia, por ahora. La Fiscalía General de la Nación investiga oficialmente desde este viernes al hijo y al hermano de Petro por haberse valido de sus apellidos para cobrar comisiones a empresarios y presos a los que se le prometían favores presidenciales, después de que el propio presidente solicitara el jueves la apertura de una investigación a sus familiares.
Un grupo de fiscales, investigadores y expertos encabezados por la vicefiscal general, Martha Mancera, ha viajado a Barranquilla para entrevistar a Day Vásquez, la exesposa de Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente. La mujer, en una entrevista con la revista Semana, ha acusado a Nicolás de recibir dinero de empresarios a los que hacia creer que contribuían a la campaña presidencial del padre, el año pasado. Asegura además que se relacionó con personas del mundo del contrabando y del narcotráfico, y que condujo una camioneta que pertenecía a un contratista del Gobierno. La Fiscalía estudia ponerle protección a Vásquez.
A la vez, la Fiscalía ha informado que Juan Fernando Petro, hermano del presidente, está siendo investigado desde el 23 de enero. Los investigadores rastrean posibles pagos de narcotraficantes a los que se le habría prometido obtener cupos en la paz total, el proyecto de Petro de negociar y someter a la justicia a delincuentes. Se cree que una mafia de abogados iba por las cárceles cobrándole a los presos dinero con la promesa de que serían incluidos en las listas de reducción de penas. Juan Fernando ya fue señalado durante la campaña por estar detrás de ese entramado, pero él lo negó todo. El alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, ha confirmado que un encarcelado pagó 120 millones a un abogado para ser trasladado a otra cárcel, bajo una de estas promesas. Es decir, el caso existe.
Petro, después de una primera crisis de Gobierno producida por la destitución de tres ministros, —entre ellos uno muy popular, Alejandro Gaviria—, enfrenta ahora la sospecha de que dos de sus familiares más cercanos han hecho negocios utilizando su nombre. El presidente ha sido muy claro, y ha puesto en primer lugar su nombre y su cargo por encima de cualquier vínculo familiar: “Mi compromiso con Colombia y los colombianos es lograr la paz y quien quiera interferir en ese propósito, o sacar provecho personal de este, no tiene cabida en el Gobierno, incluso si son miembros de mi familia”. Dijo que esperaba que pudieran demostrar su inocencia, pero que en cualquier caso respetaría el trabajo de la Fiscalía.
Nicolás y Juan Fernando Petro han quedado a merced de las autoridades, sin el respaldo presidencial. Si es cierto de lo que les acusan, hicieron uso del nombre de una institución que ahora los ha abandonado. Nicolás ha dicho que es inocente, que no conoce a ninguno de los personajes con los que se le vinculan y que actuará legalmente contra aquellos que quieran manchar su nombre.
Juan Diego Quesada / El País
