Por tercera vez consecutiva, Nicolás Maduro busca ser reelegido como presidente de la República Bolivariana de Venezuela en unas elecciones que están programadas para finales de 2024. Si se repite la tendencia de las dos elecciones presidenciales previas, es muy probable que grupos armados y redes criminales afines al gobierno interfieran nuevamente en las diferentes etapas de los comicios.
La maquinaria electoral que construyó el presidente Hugo Chávez para ganar las elecciones de manera categórica fue heredada en gran medida por su sucesor, Nicolás Maduro. Sin embargo, debido al aumento de la crisis económica en el país, el capital político del chavismo se fue desvaneciendo y su sucesor tuvo que recurrir a nuevas tácticas para mantenerse en el poder.
A cambio de dominio territorial y participación en economías criminales, Maduro encontró en los grupos armados la lealtad política y la manipulación electoral que necesitaba para asegurar el desenlace de las votaciones. El Centro Carter y medios de comunicación documentaron como los colectivos armados y guerrillas de origen colombiano intercedieron de manera violenta en el desarrollo de las dos elecciones previas que llevaron a Maduro a ganar la presidencia.
Igualmente, la intromisión electoral por parte de actores criminales en Venezuela fue resaltada en el informe más reciente de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, elaborado en noviembre de 2021, año en el que se llevaron a cabo elecciones para cargos ejecutivos y legislativos tanto a nivel municipal y estatal.
Según la información proporcionada por el mecanismo europeo de evaluación electoral, dicha jornada se vio opacada por el asesinato de un ciudadano en un centro de votación en el municipio de San Francisco, estado de Zulia, a causa de un ataque perpetrado por colectivos armados, grupos leales al oficialismo venezolano. Asimismo, se reportaron casos de intimidación a votantes y activistas en el estado Lara.
No obstante, los eventos denunciados por la Misión apenas visibilizaron la superficie de una problemática con graves y abundantes antecedentes en periodos electorales previos. El difícil acceso a zonas dominadas por actores armados, así como el vacío de información oficial por parte de las instituciones venezolanas, entre otros motivos, influyeron en los vacíos de la información entregada por la Unión Europea.
Más allá de la violencia directa identificada en este reporte, políticos locales, analistas y líderes sociales consultados por InSight Crime concuerdan que el crimen organizado ha sido uno de los principales desafíos para el avance democrático en el país. Los tentáculos de las estructuras criminales han ido desde el financiamiento ilícito de campañas, la manipulación de los centros de votación, la persuasión de votantes, y la intimidación a candidatos.
A continuación, InSight Crime explora una serie de oportunidades de intervención en las etapas clave del proceso electoral y en el ecosistema político que van a ser determinantes en la elección de un presidente en 2024.
Sin piso firme en las negociaciones, no hay futuro electoral
El proceso de negociación en México entre el gobierno de Maduro y los representantes de la oposición política venezolana, el cual se encuentra en pausa en este momento, brinda una oportunidad propicia para fortalecer el proceso electoral interno en Venezuela y mitigar los impactos del crimen organizado en las elecciones presidenciales de 2024.
Es fundamental que la comunidad internacional, especialmente Estados Unidos y la Unión Europea, continúen respaldando una mesa de diálogo que permita otorgar legitimidad y transparencia al proceso electoral. En calidad de observadores internacionales, deben contar con pleno acceso a todas las etapas del proceso electoral y emitir informes imparciales sobre su desarrollo. Del mismo modo, la inserción de agentes extranjeros también es un estímulo a los deseos de reintegración a la comunidad internacional que tiene Maduro.
El informe electoral elaborado por el International Crisis Group, en diciembre de 2020, resalta las oportunidades que brindan las negociaciones políticas en Venezuela. Allí, se resalta la importancia de implementación de reformas en el marco legal y electoral, la garantía de acceso equitativo a los votantes a los centros, y la promoción de la transparencia en el financiamiento de las campañas políticas.
La continuación de las negociaciones en México es crucial para lograr un independiente e imparcial Consejo Nacional Electoral (CNE), la principal institución electoral en Venezuela, que brinde seguridad a la oposición política y a la comunidad internacional. En caso de que no se llegue a un acuerdo formal entre las dos principales fuerzas políticas del país, será casi imposible establecer una hoja de ruta que permita la implementación de las estrategias expuestas en este documento.
No obstante, la reciente ola de renuncias de los principales rectores del CNE aumenta la incertidumbre sobre el desarrollo de las venideras presidenciales. Aunque los motivos de estas renuncias no se conocen con certeza, el gobierno de Maduro tiene la oportunidad de conformar un nuevo grupo de rectores que se alineen con sus objetivos políticos, y las negociaciones deben apuntar a evitarlo.
La observación internacional debe iniciar con la campaña
A pesar de que el CNE estableció en 2004 un Sistema de Garantías Electorales (SGE) para proteger los derechos de los votantes y candidatos, en las últimas campañas electorales se han registrado numerosos episodios de violencia y coerción política que han obstaculizado su desarrollo.
Durante las elecciones regionales de 2021 en Venezuela se observó el respaldo de grupos delictivos por la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea. Estos grupos, como bandas y colectivos armados, amenazaron e intimidaron a posibles electores, e incluso se reportaron casos donde acompañaron a candidatos del partido de gobierno en sus actos de campaña.
En lugares como el barrio 23 de Enero en Caracas, los colectivos escoltaron a la actual alcaldesa, Carmen Meléndez. La intimidación también se dirigió hacia los propios candidatos, como en San Vicente, estado Aragua, donde el Tren de Aragua, la megabanda más poderosa del país, amenazó y dificultó las actividades políticas de quien aspiraba a ser alcalde por la oposición.
En Táchira y Zulia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha desempeñado un papel más activo en la manipulación de la política local. Según fuentes locales, las guerrillas han utilizado tácticas intimidatorias para influir en los votantes durante las elecciones locales, exigiéndoles que apoyen al partido gobernante. Incluso, se tiene registro que alcaldes del oficialismo mantienen relaciones con miembros de la guerrilla.
Dado que se han producido eventos violentos de forma selectiva y puntual, resulta esencial identificar los principales focos de violencia durante las campañas electorales. Ante la ineficacia y, en ocasiones, la complicidad de los cuerpos de seguridad venezolanos, resulta necesario fortalecer los sistemas de seguridad de los candidatos mediante la contratación de equipos privados o extranjeros.
Además, es imprescindible que la comunidad internacional, a través de las misiones diplomáticas ya acreditadas, visite las zonas donde existe riesgo de actuaciones por parte de grupos criminales, con el fin de disminuir su presencia.
Aunque no existen pruebas concretas de la inyección de recursos por parte de grupos criminales en las campañas anteriores de Maduro, es probable que el dinero proveniente de economías ilegales vinculadas al régimen, como la minería ilegal o el narcotráfico, sirva como base presupuestaria para la campaña que se avecina.
En ese sentido, tanto la Unión Europea como el Centro Carter hacen un llamado a fortalecer los mecanismos de control interno y construir garantías en la independencia de la Comisión de Participación Política y Financiamiento (COPAFI), cuya misión es supervisar el financiamiento de los partidos políticos.
Por otro lado, un informe de 2020 de Transparencia Internacional sugiere establecer límites en los gastos y el financiamiento que una campaña puede emplear. Dado que no existe un sistema público y transparente de rendición de cuentas por parte de los candidatos, los ingresos ilícitos seguirán alimentando las campañas en Venezuela.
Contener el impacto el día de las elecciones
En Venezuela, durante las jornadas electorales, los grupos armados han generado temor y dudas tanto en áreas urbanas como rurales. Su influencia se manifiesta a través de la violencia física dirigida hacia votantes y candidatos, la manipulación de los resultados electorales, y el control absoluto de territorios que impide el acceso a los centros de votación.
En las elecciones presidenciales de 2018, Transparencia Venezuela replicó las múltiples denuncias de represión por parte de grupos armados afines al chavismo. En el listado de casos aparece la denuncia realizada por la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que reportó la presencia de grupos armados en el 21% de los centros de votación a nivel nacional.
En estados como Lara, Zulia y Caracas, se observaron rondas de vigilancia de colectivos y grupos armados que intimidaron y ejercieron presión en varios puntos de votación. Estas acciones causaron un ambiente de inseguridad y miedo entre los electores, poniendo en peligro tanto su integridad personal como su derecho de ejercer libremente el voto.
Esas elecciones fueron consideradas atípicas debido a la alta abstención del 68% y la retirada de varios sectores de la oposición política por falta de garantías. Contrario a lo ocurrido en ese entonces, en las elecciones presidenciales de 2024 se espera una participación casi completa del sector opositor, según lo que han expresado sus principales dirigentes.
Ante esta perspectiva, es probable que el aumento de la presencia de la oposición política en la contienda electoral atraiga la atención de los grupos armados que buscan mantener el proyecto de Maduro.
Basándose en la experiencia de 2018, organizaciones internacionales como Peace for Venezuela y analistas electorales consultados por InSight Crime sugieren la creación de un mapa de riesgo que identifique las zonas donde estos grupos tienen presencia. Esto permitiría fortalecer los esquemas de seguridad de los candidatos en riesgo, así como de los miembros de su equipo de campaña, electores y testigos.
Además, es fundamental contar con la asistencia y supervisión de misiones internacionales que puedan recorrer las zonas de mayor riesgo, que suelen ser las zonas rurales y los barrios, donde la presencia de la fuerza pública disminuye mientras que la de los grupos criminales aumenta.
Para garantizar el acceso y el pleno funcionamiento de los centros de votación en las próximas elecciones presidenciales, se puede seguir una de las recomendaciones de la Unión Europea, que consiste en establecer procedimientos y responsabilidades claras para el control de entrada a los centros de votación más críticos identificados en el mapa de riesgos, tanto para los coordinadores de los centros como para los miembros del Plan República, los militares encargados de proveer la seguridad en cada evento electoral.
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