El gobernador de Florida, Ron DeSantis, y los fiscales de la entidad enfrentan la primera demanda federal por la Ley SB 1718 contra inmigrantes; organizaciones civiles acusan de «inconstitucional» dicha norma, además de criminalizar a la población migrante.
A dos semanas de iniciar su aplicación, la Ley SB 1718 enfrenta su primera demanda federal en la Corte de Distrito Sur de Florida, donde se acusa que la norma es “inconstitucional”, además de discriminar y criminalizar a los inmigrantes.
La demanda fue presentada por varias organizaciones civiles, como el Southern Poverty Law Center (SPLC), la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Florida, Americans for Immigrant Justice y American Immigration Council.
El proceso judicial es contra el gobernador republicano Ron DeSantis –quien promulgó la ley en mayo–, la fiscal general Ashley Moody, el fiscal estatal de Florida Nicholas B. Cox y los fiscales generales de los 20 circuitos judiciales de Florida.
“Este proyecto de ley dañino contra los inmigrantes es inconstitucional, xenófobo y aumentará la discriminación racial ilegal de las comunidades negras y marrones de Florida”, consideró Paul R. Chavez, abogado supervisor principal del Proyecto de Justicia para Inmigrantes del SPLC.
La acusación fue presentada en nombre de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida y varias personas afectadas, incluidos ciudadanos estadounidenses y conductores y pasajeros indocumentados que viajan hacia y desde Florida, señalaron los demandantes.
“La demanda se centra en las disposiciones descritas en la Sección 10 de la ley, la cual penaliza el transporte de personas a Florida que pueden haber ingresado ilegalmente al país y no han sido ‘inspeccionadas’ por el Gobierno federal desde entonces”, acusa la demanda.
Se agrega que es “inconstitucional” que un estado regule unilateralmente la inmigración federal, además de señalar a Florida someter a las personas “a un castigo penal sin previo aviso”, incluso que el uso estatal del término “’inspección’ es incoherente e inconstitucionalmente vago”.
Los demandantes indican que la Sección 10 de la SB 1718 perjudica a los inmigrantes de Florida y a sus familias, “además de atacar e intimidar a las familias inmigrantes en todas las facetas de sus vidas”.
Esta ley contiene varias disposiciones, incluida la exigencia a las empresas con más de 25 empleados a aplicar el sistema E-Verify, así como prohibir que el Gobierno local financie nuevas identificaciones comunitarias e invalida licencias de conducir cuya lista inició con los estados como Connecticut, Vermont, Delaware y Hawái.
Acusan criminalización de inmigrantes
Amien Kacou, abogado ACLU en Florida señaló que la SB 1718 “criminaliza” a la comunidad migrante y destaca que eso ocurre en un estado donde la quinta parte de la población nació en el extranjero.
“Esta legislación no es la solución a ningún problema. Es un intento de usar como chivos expiatorios y aterrorizar a familias y trabajadores vulnerables que ya están agobiados por la dificultad del proceso de inmigración federal”, acusó Kacou.
Para Evelyn Wiese, abogada de Americans for Immigrant Justice, la ley impulsada por los republicanos del Senado estatal es un ataque a los derechos civiles y a la población de Florida que tiene familiares o amigos migrantes.
“La SB 1718 es un ataque a la comunidad inmigrante de Florida y a los derechos de todos los floridanos, que cuentan con inmigrantes entre sus familiares, vecinos, compañeros de trabajo y amigos, al convertir en un delito grave que cualquier persona viaje al estado con inmigrantes“, expuso.
La ley ya está causando problemas en industrias, como la agrícola y la construcción, debido al temor de los inmigrantes a buscar trabajo y ser perseguidos.
Jesús García/ LO
