La Corte Penal Internacional (CPI) tiene su mirada puesta en Venezuela. No obstante, la institución judicial internacional está obligada a mantener un delicado balance entre persuadir a las autoridades venezolanas que investiguen por su cuenta y avanzar en su propia investigación sobre crímenes de lesa humanidad. Un delicado equilibrio diplomático que muchas veces es interpretado de múltiples maneras.
El pasado 9 de junio, el fiscal de la CPI Karim Khan confirmó la instalación de una oficina en Venezuela. El anuncio fue utilizado por el gobierno venezolano para crear la idea de que la investigación sobre delitos de lesa humanidad está pospuesta.
«Ahora vamos a poder venir más a menudo a Venezuela y trabajar de manera más cercana, de manera que podamos ayudar a Venezuela con la asistencia técnica y la capacitación para que Venezuela pueda hacer más para cumplir sus obligaciones en el marco del Estatuto de Roma en aras del pueblo de Venezuela», indicó Khan.
El fiscal de la CPI también afirmó que seguirá trabajando con los actores sociales, las organizaciones de la sociedad civil» y además destacó que algunos de ellos han viajado a La Haya para denunciar la «persecución» que sufren en Venezuela.
Nicolás Maduro reaccionó a esta noticia restándole importancia y enmarcando dentro de los esfuerzos de su gobierno por cambiar la percepción internacional sobre su gobierno.
«Venezuela está de puertas abiertas al mundo para que conozcan la verdad, por encima de manipulaciones y mentiras que se repiten en los medios del mundo y en las redes sociales”, sostuvo Maduro.
“Somos optimistas en que esta oficina tendrá un impacto favorable para la reforma y cambios para el sistema de justicia en Venezuela», subrayó
Sin avances suficientes
Para Mariano de Alba, asesor senior de Crisis Group “la realidad es que no existen avances suficientes en ejecución del memorándum de entendimiento. Por eso el fiscal de la CPI solicita a su organismo que autorice la reanudación de la investigación, actualmente suspendida por pedido de las autoridades venezolanas”.
Para De Alba “la visita del fiscal Karim Khan a Venezuela es relevante porque sugiere que la fiscalía de la CPI sigue teniendo la expectativa de que las autoridades venezolanas desplieguen investigaciones y juicios genuinos contra altos funcionarios responsables”.
Sin embargo, De Alba considera improbable que “el chavismo abra la puerta al enjuiciamiento de altos funcionarios por la importancia que le otorga a la lealtad absoluta en sus filas. Pero luego de la purga en contra de Tareck El Aissami y su círculo, podría ser más probable que esa posición cambie”
Alba reconoce que, aunque teóricamente, es posible que una vez que la Corte Internacional autorice la reanudación de la investigación la fiscalía solicite la emisión de órdenes de arresto, es improbable que ello suceda en el corto o mediano plazo”.
Alba considera pertinente recalcar que “recurrentemente algunos yerran al afirmar que la fiscalía está investigando a Nicolás Maduro. Tiene riesgos crear esa expectativa. Se investigan crímenes de lesa humanidad cometidos durante su gobierno, pero, por ahora, la investigación no ha identificado a sospechosos (…) Conforme a cómo se viene desarrollando el proceso y visto que las autoridades tratan de dar la impresión de que sigue habiendo disposición a cooperar, es posible que eventualmente el Fiscal pida la cooperación de las autoridades cuando identifique a algún sospechoso”.
En una declaración posterior a su salida de Venezuela, el fiscal Khan aseguró que en su tercera visita al país “se dieron pasos importantes, fortaleciendo la base para una acción significativa bajo el Estatuto de Roma”.
Khan reafirmó que tuvo el «placer» de firmar con Nicolás Maduro un Memorando de Entendimiento que permitirá establecer una oficina en el país de la Oficina del Fiscal de la International Tribunal Penal en Venezuela, a la vez que destacó que su gestión “es más eficiente cuando puede trabajar más cerca de los países que forman la comunidad del Estatuto de Roma, y en ese sentido subrayó que con el Memorando podrán aumentar la escala y el impacto de nuestra presencia de campo en Venezuela, ampliar la interfaz nacional para nuestro trabajo, buscar, identificar y apoyar esfuerzos significativos para mejorar las iniciativas de justicia nacional».
Según Khan, el memorando suscrito entre la CPI y el gobierno de Maduro también describe una serie de áreas prioritarias en relación con las cuales su Oficina «brindará asesoramiento y asistencia a las autoridades venezolanas, en línea con el principio de complementariedad en el corazón del Estatuto de Roma», que incluyen asistencia para desarrollos legislativos en el campo de la justicia, el intercambio de conocimientos y mejores prácticas con las autoridades nacionales.
Sin embargo, aclaró que la Sala de Cuestiones Preliminares continuará sus deliberaciones sobre el tema, mientras que él seguirá «interactuando con las autoridades venezolanas y todas las demás partes interesadas para garantizar la plena conformidad con el Estatuto de Roma».
Por último, reiteró que su Oficina sigue comprometida a buscar todos los canales para mejorar la rendición de cuentas por los crímenes del Estatuto de Roma. «En nuestra cooperación con las autoridades venezolanas, continuaremos profundizando nuestra colaboración para fortalecer la base para una acción interna significativa. El establecimiento de una oficina en Caracas acelerará este trabajo».
La investigación sigue
El director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels aseguró que la próxima oficina de la Corte Penal Internacional en Venezuela no compromete la investigación que se sigue por crímenes de lesa humanidad. “El fiscal de la CPI no se contradice ni cambia en absoluto su postura. Es otra cara institucional ante las debilidades detectadas por Karim Khan, quien ofrece ayuda y asistencia técnica para las investigaciones en el país”, agregó Daniels.
El director de Acceso a la Justicia también resaltó que esta oficina le dará a la fiscalía de la CPI un conocimiento del país que no es igual a la información que obtengan a través de terceros en denuncias.
El pasado 21 de abril la Corte Internacional informó que 8.900 víctimas apoyaron el avance de la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
En el informe presentado por la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS, por sus siglas en inglés) de la Corte Penal Internacional se sostiene que tras la “amplia participación de las víctimas” en este proceso de consulta, la VPRS recibió 1.875 solicitudes que contenían sus opiniones e inquietudes (1.746 formularios, 5 videos y 124 correos electrónicos u otros documentos escritos), y más de 25 videos en apoyo a las observaciones ya expresadas en el formato escrito. Las solicitudes incluyen a 8.900 víctimas, 630 familias y dos organizaciones.
El informe de 57 páginas no contiene ninguna información que identifique a las víctimas, ni a cualquier otra persona u organización que haya participado en el proceso, por lo que el régimen de Venezuela “no tiene ni tendrá acceso a los documentos presentados por las víctimas”, aclararon desde la CPI.
Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones de la División de las Américas de Human Rights Watch, explicó cómo está manejando la CPI el caso venezolano recuerda que la fiscalía “abrió un examen preliminar en 2018 y una investigación formal en 2021. En noviembre de este año el fiscal Karin Khan pidió autorización a una sala de jueces de la CPI para reanudar su investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, que incluyen encarcelamientos, torturas, violencia sexual y persecución por motivos políticos”
Según explica Taraciuk Broner “la investigación había quedado en suspenso en abril, cuando las autoridades venezolanas —en un intento desesperado por retrasarla— adujeron que ya estaban investigando los crímenes”.
Taraciuk Broner recordó que antes de la tercera visita del fiscal Khan a Venezuela para concretar la activación de una oficina en Caracas, el fiscal había concluido en su análisis que las “autoridades venezolanas no estaban investigando los patrones y políticas de presuntos crímenes de lesa humanidad y que los procedimientos parecen centrarse en agentes de las fuerzas de seguridad de rangos inferiores y, mayormente, en delitos que se consideran de gravedad menor”.
A pesar de los avances, por ahora Taraciuk Broner prefiere ser cautelosa sobre la investigación.
“Por el momento, hay nulas posibilidades de que los responsables sean llevados ante la justicia y sancionados en Venezuela, donde un poder judicial disfuncional y la falta de independencia judicial limitan sustancialmente cualquier logro que la CPI pudiese obtener para impulsar la justicia en el país”, sostuvo en un texto publicado en el portal de Human Rights Watch.
@puzkas
