La nacionalización de la industria de la chatarra en Venezuela abrió las puertas a una lucha libre patrocinada por el estado, con funcionarios públicos, empresas privadas, personal militar y grupos criminales comerciando ilegalmente con el valioso producto.
Cuando el gobierno aprobó la ley en 2021, estableció un monopolio de chatarra a través de la Corporación Ecosocialista Ezequiel Zamora (Corpoez), una empresa adscrita al Ministerio de Industrias y Producción Nacional. Corpoez se convirtió en la única entidad en otorgar licencias a empresas privadas, permitiéndoles comerciar con chatarra.
Sin embargo, los problemas surgieron rápidamente y dos casos en abril mostraron la magnitud del problema. En primer lugar, funcionarios de alto rango que trabajaban para el fabricante estatal de tubos de acero Enatub fueron acusados de robar cerca de 6.500 tubos y venderlos ilegalmente, según un informe del medio venezolano La Tabla. Las ventas supuestamente comenzaron en diciembre de 2020 con la aprobación del presidente del brazo industrial de la empresa matriz de Enatub, Petróleos de Venezuela (PDVSA), según el informe.
Ese mismo mes, las autoridades incautaron 10 toneladas de tubos de acero presuntamente sustraídos de PDSVA y vendidos ilegalmente a Protocol Capital WLL, una empresa con licencia estatal para adquirir y manipular chatarra. Varios empleados fueron arrestados por cargos de tráfico y venta ilegal de materiales estratégicos, según el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab.
Las fuerzas de seguridad también han tratado de sacar provecho. En noviembre de 2022, cinco policías fueron arrestados por robar materiales del oleoducto de Pequiven, una empresa petroquímica estatal en el estado de Carabobo, que presuntamente tenían la intención de vender como chatarra. Y en marzo de 2022, cinco militares fueron detenidos en el oriental estado de Sucre por presuntamente formar parte de una banda que robaba vehículos y chatarra de la empresa pública de electricidad, Corpoelec.
Una de las bandas criminales más influyentes del país, el Tren de Aragua , también podría estar lucrando . El grupo ha estado obteniendo materiales de hierro, acero y cobre en el estado de Aragua y pasándolos de contrabando a través de la frontera entre Venezuela y Colombia para venderlos como contrabando, según dos policías de Aragua que hablaron con InSight Crime bajo condición de anonimato ya que no estaban autorizados a hablar. Agregaron que se pagó al personal de seguridad en los puestos de control para dejar pasar los cargamentos.
Insight Crime
