“Servirse de un cargo público para enriquecimiento personal resulta ya no inmoral, sino criminal y abobinable”, Cicerón (Filósofo Romano)
Llegar a viejo en Venezuela es un delito. No sólo es un “decir” sino que es una verdad institucionalizada. Digna paradoja en estos tiempos de una “revolución” al revés cuando hombres y mujeres son recompensados, —después de una vida de productividad—, a convertirse en despojos humanos que a cambio reciben migajas y burusas de una riqueza desaparecida, despilfarrada, robada y disfrutada por la corrupción de funcionarios, panas, amigos y allegados de un Estado que, a la luz de cada escándalo como el actual de los 3 mil millones de dólares, no le importa ni le interesa el destino de quienes llegamos al final del camino o transitan el suyo en dirección a la tercera edad.
Son más de cinco millones de pensionados los que tiene Venezuela, —desprotegidos y sin seguridad social—, huérfanos de esperanzas y garantías que la condición social mejore y desaparezca la injusticia de tener una pésima asignación a través del IVSS que sea superior a la recibida hoy de 130 bolívares, equivalente a 5,33 dólares, que equilibre el costo de sufragar la alimentación y los medicamentos cada fin de mes en esos rubros que son, básicamente, donde es dirigido el destino de este pírrico y vulnerado derecho constitucional que no es ninguna dádiva de la Revolución del Siglo XXI.
Es vergonzoso, grotesco, inmoral y sin sentido la existencia de un llamado Instituto Venezolano del Seguro Social, IVSS, que en teoría desde su creación el 9 de octubre de 1944 nació para garantizar la atención de la maternidad, vejez, supervivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro, cesantía o paro forzoso que son hoy enunciados convertidos en letra muerta. Lo cierto es que nada más que sinsabores y ningún grato recuerdo nos deja a los venezolanos el solo leer las siglas de su nombre. El “Hecho en Socialismo” que sustituyó, cambió y desmejoró las políticas públicas del Estado en atención a la razón de ser del IVSS, alejó la misión social de esa institución, la cual no ha escapado a escándalos de corrupción, desfalco, robo y despojo de su patrimonio del que hemos sido y, otros igual son hoy, activos cotizantes. Esta triste realidad no es muy distinta a lo que sucede en gobernaciones y alcaldías.
Quizá un porcentaje de los pensionados venezolanos tiene la posibilidad de contar con un familiar, amigo o conocido que huyó del país —no como un vándalo corrupto— y desde ese destino en cualquier rincón del mundo, envía alguna remesa que alivia la carga para comer y garantizar el tratamiento médico. No obstante, todos no tienen ese privilegio. Por eso es casi cotidiano las reseñas en las redes sociales de hombres o mujeres fallecidos o desmayados en una cola por no alimentarse como es debido.
Otros despiden su vida terrenal por no tener cómo comprar el medicamento necesario, insustituible y obligatorio.
En cualquier escenario no faltará un “revolucionario” “rodilla en tierra” que diga que la situación de la tercera edad venezolana es culpa de las sanciones de Mr. Biden. Es idéntico a decir que la culpa no es del ciego, sino de quien le da el garrote.
En todo caso esta semana es fecha del pago de la pensión. Otro episodio de la realidad que se repite en picada libre con la cada vez menor asignación que viene sufriendo el monto muy inferior, por ejemplo, al valor de un kilo de queso. Eso es vergonzoso y violatorio del derecho humano de la gente de la tercera edad. Toda esta realidad que afecta a gente de carne y hueso, llena de necesidades alimenticias, pone a pensar a cualquiera que los días del IVSS podrían estar contados antes que explote otro escándalo millonario del Siglo XXI. ¡Amanecerá y veremos!.
José Aranguibel
