Más de siete millones de personas salieron de Venezuela luego de que la pobreza se disparó, la desnutrición se generalizó y los opositores fueron encarcelados.
Venezuela es un país básicamente desmoronado, a medida que el fastuoso gasto gubernamental posibilitado por un histórico auge del petróleo llegó a su fin.
Las normas democráticas y el respeto a la libertad de expresión se han erosionado aún más y las medidas de liberalización económica han hecho a los ricos más ricos y a los pobres más pobres.
Mientras la nación reflexiona este mes sobre la muerte de Hugo Chávez hace una década, los venezolanos sienten que el país no está bien.
“Las cosas están muy mal”, dijo Ana García, una ama de casa de 37 años, que asistió a uno de los actos en conmemoración del deceso del gobernante.
Chávez aprovechó el ingreso inesperado de cientos de miles de millones en dólares del petróleo para lanzar numerosas iniciativas, entre ellos mercados de alimentos administrados por el Estado, viviendas públicas nuevas, clínicas de salud gratuitas y programas educativos.
Pero una caída global en los precios del petróleo y la mala gestión del chavismo, primero a su mando y luego bajo Maduro, empujaron al país a la crisis política, social y económica que ha marcado la totalidad de la gestión de este último.
Desde entonces, más de siete millones de venezolanos abandonaron el país luego de que la pobreza se disparó, la desnutrición se generalizó y los opositores fueron hostigados y encarcelados.
La crisis también alimentó un movimiento de oposición respaldado por el gobierno de Estados Unidos para tratar de derrocar a Maduro. La presión internacional incluyó sanciones económicas a PDVSA (la compañía energética estatal de Venezuela), diseñadas para mantener el petróleo del país fuera de algunos mercados occidentales.
En respuesta, Maduro recurrió a políticas como la distribución de paquetes de alimentos altamente subsidiados a través de una red nacional de organizadores vecinales del partido gobernante, así como la emisión de millones de tarjetas llamadas Carnet de la Patria, utilizadas para acceder a programas y beneficios sociales que incluyen bonos. Los líderes de la oposición y los observadores internacionales acusan al régimen de usar ambos programas como zanahoria y garrote durante las elecciones.
Maduro también tomó medidas enérgicas contra manifestantes y activistas y ordenó el arresto y la tortura de opositores políticos, según activistas de los derechos humanos. Después de que la oposición ganó el control de la Asamblea Nacional, Maduro ignoró el cuerpo por completo al establecer una legislatura paralela con autoridad suprema sobre la elaboración de leyes. Los partidos y políticos que se oponen a Maduro tienen prohibido participar en las elecciones.
Maduro siempre niega que haya una crisis, aunque finalmente aceptó la asistencia alimentaria de las Naciones Unidas.
Además, ordenó al Banco Central de Venezuela (BCV) que imprimiera cada vez más bolívares, la moneda del país. Con ello disparó la inflación, un problema que abordó dos veces quitando múltiples ceros al bolívar, introduciendo nuevos billetes y cambiando el nombre de la moneda. Maduro fijó controles de precios y luego los eliminó parcialmente. A medida que el dólar estadounidense se usó como la moneda de facto en el país, el presidente la denunció al principio, sólo para luego adoptarla como una “válvula de escape”.
“Tenemos un régimen más personalista que tiene que ver más con Maduro y la supervivencia (del partido gobernante) que con cualquier tipo de ideas chavistas”, opina Ryan Berg, director del programa para las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un centro de estudios con sede en Washington. “Con el chavismo tenías algo parecido al control estatal de casi todos los sectores, pero ya no hay ese tipo de gasto”, dijo.
En la actualidad, alrededor de tres cuartas partes de los venezolanos viven con menos de 1,90 dólares al día, el referente internacional de pobreza extrema. El salario mínimo pagado en bolívares equivale a 5 dólares al mes, debajo de los 30 dólares de abril pasado.
Millones de maestros, profesores y empleados públicos ganan el salario mínimo más bonificaciones, a menudo recurriendo a actividades paralelas o a remesas de familiares en el extranjero para poder llegar al siguiente pago. Otros, como los jubilados, dependen enteramente de sus pensiones -que son iguales al salario mínimo- y de algún bono ocasional.
“La gente lo apoya por diversas razones”, señala Berg. “Algunos dependen mucho del gobierno, y si no fuera por el gobierno, se podría decir que seguramente tendrían menos comida, aunque sea de calidad muy cuestionable”. Agregó que las autoridades también recurren al miedo, la propaganda y la desinformación para mantener el control.
Sin apoyo
Maduro no cuenta con una infinita reserva de apoyo. A medida que se prolonga la crisis, incluso los simpatizantes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) lo cuestionan.
La escasez de alimentos -que fue tan grave y generalizada que ha forzado a la gente a viajar cientos de kilómetros (millas) para comprar comestibles o pelear por una bolsa de harina-, ha dado paso a supermercados completamente abastecidos y tiendas de productos importados, pero millones de personas pasan hambre debido al alza vertiginosa de los precios de los alimentos -que sólo en agosto pasado subieron un 30 %-, junto con salarios magros y un tipo de cambio inestable.
Del mismo modo, se acabaron lo que alguna vez fueron filas de un día para comprar gasolina, pero ahora hay menos gasolineras que venden combustible subsidiado y hay más que cobran precios de mercado.
Ahora en Caracas hay señales por todas partes de un repunte de corte capitalista: los escaparates vacíos durante mucho tiempo se han transformado en cafeterías hechas para Instagram, tiendas de ropa de alta gama y restaurantes elegantes donde los clientes llegan con guardaespaldas armados.
Muchos de ellos pertenecen a una clase de nuevos ricos que aprovecharon conexiones políticas con la élite poderosa y pudieron acceder a oportunidades lucrativas, contraviniendo la afirmación de Chávez de que “ser rico es malo”.
Las distintas facciones de la oposición, que luchan por recuperar adeptos tras enfrentamientos públicos y repetidas decepciones, tienen previsto celebrar primarias en octubre. Sin embargo, sea quien sea el candidato, los votantes quieren un alivio económico.
“En este momento en el 2023, Maduro tiene una sociedad venezolana básicamente concentrada en la supervivencia y en aprovechar las oportunidades económicas que se pudieran presentar”, opina Daniel Varnagy, profesor en Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela.
AP
