La prisión preventiva del expresidente peruano Pedro Castillo se extendió el jueves a 18 meses, en medio de una disputa diplomática cada vez más profunda con países de tendencia izquierdista que se oponen a su destitución y mientras las protestas mortales se extendieron a un segundo semana.
Al menos 15 personas han muerto en las protestas, según declaraciones de las autoridades.
Un panel judicial dentro de la Corte Suprema ordenó el período prolongado de prisión preventiva para Castillo mientras los fiscales continuaban con la investigación de los cargos penales en su contra.
La decisión no abordó los méritos de las acusaciones que enfrenta Castillo, quien ha sido acusado de rebelión y conspiración, pero un juez de la Corte Suprema que encabeza el panel citó el riesgo de fuga del presidente depuesto.
Castillo ha negado todos los cargos y ha dicho que sigue siendo el presidente legítimo del país.
Los manifestantes se reunieron frente a la cárcel donde estuvo detenido, con pancartas que criticaban a la nueva presidenta Dina Boluarte y pedían el cierre del Congreso.
“Solo queremos que se escuche la voz del pueblo. El pueblo está exigiendo que traigan de vuelta a nuestro presidente”, dijo la manifestante Gloria Machuca.
Las protestas han amenazado la logística en las principales minas de cobre y han llevado a que se declare un toque de queda en franjas del país andino.
El izquierdista Castillo, un ex maestro e hijo de campesinos, obtuvo una estrecha victoria electoral el año pasado bajo la bandera del partido marxista Perú Libre. Fue destituido por una abrumadora mayoría de legisladores que lo acusaron de «incapacidad moral permanente» pocas horas después de que ordenara la disolución del Congreso el 7 de diciembre.
Cuatro naciones encabezadas por presidentes de izquierda -Argentina, Bolivia, Colombia y México- firmaron esta semana una declaración conjunta que declara a Castillo «víctima de acoso antidemocrático».
Un bloque de países de izquierda reunidos en La Habana, incluidos Cuba, Bolivia, Venezuela y Nicaragua, también respaldó al encarcelado Castillo , rechazando lo que describió como «el marco político creado por las fuerzas de derecha».
La canciller Ana Cecilia Gervasi, nueva en el cargo luego de que Boluarte asumiera el cargo de Castillo la semana pasada, respondió el jueves por la mañana convocando a los embajadores de Perú en Argentina, Bolivia, Colombia y México para una consulta.
Gervasi escribió en Twitter que las consultas “se relacionan con la injerencia en los asuntos internos del Perú”.
No especificó cuándo se llevarían a cabo las conversaciones ni qué otras acciones podría tomar el gobierno de Boluarte.
Continuan los disturbios
La constitución de Perú permite que un presidente cierre el Congreso, pero solo si los legisladores aprueban dos veces mociones de censura en el gabinete del presidente, lo que no sucedió el día de su destitución el miércoles pasado.
La administración de Boluarte de una semana, que según ella será un gobierno de transición, ha sido reconocida por el presidente izquierdista de Chile y por Uruguay, Costa Rica, Ecuador, Canadá y Estados Unidos.
Los manifestantes continuaron bloqueando carreteras el jueves, a pesar de que el gobierno había promulgado un estado de emergencia un día antes. Eso otorgó poderes especiales a las fuerzas armadas y la policía y limitó las libertades de los ciudadanos, incluido el derecho de reunión.
El Defensor del Pueblo, diciendo que las fuerzas armadas habían usado armas de fuego y arrojado bombas lacrimógenas sobre los manifestantes desde helicópteros, exigió el cese inmediato de las prácticas.
La crisis política presenta un riesgo para la producción en las principales minas de cobre de la nación andina, el segundo mayor productor mundial del metal. Los bloqueos de carreteras, particularmente en regiones mineras clave en el sur, han comenzado a complicar el suministro hacia y desde las minas, como la enorme mina Las Bambas de MMG (1208.HK) , que produce alrededor del 2% del cobre mundial.
A última hora del jueves, el gobierno impuso un toque de queda en 15 provincias locales, la mayoría en regiones andinas rurales.
La televisión local mostró una fila de decenas de vehículos varados al costado de una carretera costera clave al sur de Lima y cientos de manifestantes colocando piedras en las carreteras de las regiones de Puno y Arequipa y el centro turístico de Cusco.
Las protestas también han dejado varados a decenas de turistas, incluidos niños, en un remoto pueblo de montaña.
Un gran sindicato, la Confederación General de Trabajadores, intervino con un llamado a un «día de lucha», mientras los manifestantes exigían elecciones inmediatas y la renuncia de Boluarte.
En una publicación en Twitter antes de que se emitiera el fallo de prisión preventiva, Castillo criticó una reunión entre el embajador de Estados Unidos en Perú y el palacio presidencial. Sin citar pruebas, dijo que eso había llevado a la orden de desplegar tropas y «masacrar a mi indefenso pueblo».
Reuters
