Un juez federal del sur de la Florida rechazó el viernes los alegatos de inmunidad diplomática de un aliado del presidente venezolano Nicolás Maduro y resolvió que deberá proseguir el proceso judicial en el que enfrenta sospecha de lavado de cientos de millones de dólares .
En una orden judicial de 15 páginas, el juez Robert Scola especuló que Alex Saab no pudo probar que las leyes internacionales consiguieron inmunidades transitorias para agentes diplomáticos en misiones temporales. Pero incluso si existiera esa inmunidad de tránsito, dijo el magistrado en su escrito, “requeriría el consentimiento del estado en el que transitaba, lo que Saab tampoco ha demostrado”.
Saab, quien se encuentra detenido desde que fue extraditado hace más de dos años, está acusado de haber lavado cientos de millones de dólares que obtuvo a través del pago de sobornos a funcionarios venezolanos a cambio de contratos de programas alimenticios y para la construcción de viviendas económicas, entre 2011 y 2015. Unos 350 millones de dólares de esos negocios corruptos pasaron por Estados Unidos, de acuerdo con las alegadas.
El empresario colombiano ha legado que no puede enfrentar cargos en Estados Unidos porque gozaba de inmunidad diplomática al momento de su arresto. Se ha declarado inocente y asegura que estaba en una misión humanitaria camino a Irán cuando su avión se detuvo en Cabo Verde para recargar combustible.
De ser encontrado culpable podría enfrentar una condena de hasta 20 años de prisión.
La decisión del juez tiene lugar tres días después de una audiencia en la que ya había cuestionado la posición de Saab. En ese momento Scola le preguntó a los abogados defensores por qué debería aceptar el alegato de inmunidad diplomática siendo que Estados Unidos no reconoce la legitimidad del gobierno de Maduro, al que supuestamente representó cuando fue detenido.
En su resolución escrita el magistrado dijo que el título de “enviado especial” sólo refleja una designación que le dio el régimen de Maduro a Saab.
Con el alegato de la supuesta inmunidad, lo que buscó Saab era que el juez archivara el caso. Se lo solicitó formalmente en una moción presentada en octubre.
La defensa de Saab ha reclamado la inmediata liberación del empresario alegando que fue “secuestrado” ilegalmente en Cabo Verde a pedido de Estados Unidos mientras viajaba como enviado de Venezuela a Irán.
Pero la fiscalía puso en tela de juicio esos alegatos y cuestionó la validez de los documentos presentados por Saab, entre ellos, el pasaporte y cartas de certificación diplomática. Para el gobierno de EEUU, que es el que presentó las acusaciones, ninguna de las pruebas presentadas por Saab demostraron que tenía una misión diplomática a largo plazo amparada por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
El juez Scola grabó en su resolución que Saab se reunió a partir de 2016 con agentes federales estadounidenses en un intento aparente de evitar sospechas judiciales. Así, en junio de 2018 se realizó un acuerdo de cooperación con la DEA y en febrero de 2019 se efectuó cuatro pagos por un total de 12,5 millones de dólares a una cuenta bancaria controlada por la agencia antidrogas para devolver ganancias obtenidas a través de su actividad delictiva, destaca el magistrado en el escrito.
Saab alega que fue designado “enviado especial” de Maduro en abril de 2018. Fue procesado en julio de 2019 y permaneció fugitivo hasta su arresto, casi un año después en Cabo Verde.
La fiscalía sostiene que viajaba a Irán en calidad de empresario y no como diplomático, junto a ejecutivos de la empresa estatal Petróleos de Venezuela como parte de un acuerdo en el que Irán enviaba aditivos de gasolina.
“Las propias evidencias de Saab muestran esto también”, dijo el juez en su orden. “Muestran el retiro y la entrega de 80 barras de depósito de oro de varios bancos venezolanos a cambio de gasolina de Irán”.
Después de las noticias sobre el arresto de Saab, indica Scola, el régimen de Maduro buscó formas de evitar la extradición a Estados Unidos explotando la ley de inmunidad diplomática.
“La evidencia sugiere que el régimen de Maduro y sus cómplices han fabricado documentos para encubrir a Saab Morán con un traje diplomático”, en un esfuerzo para explotar la ley de inmunidad diplomática, consideró el juez. “La corte no está convencida de que la credencial que Saab Morán invocaba para sustentar su pretensión de estatus diplomático es legítima”.
Gisela Salomón/AP