La salud económica del país exige una mayor producción de bienes y servicios internamente, la generación de más y mejores empleos, el uso racional y adecuado de la tecnología, el conocimiento de los complicados mecanismos de los mercados internacionales y la aplicación de programas de formación permanentes a nuestro recurso humano, en un ambiente de seguridad personal, patrimonial y jurídico. Sólo así se podría garantizar una mayor productividad de los factores de producción utilizados para impulsar el crecimiento económico armónico y sostenido que sirva a su vez de soporte a la ejecución de programas sociales dirigidos a los sectores más desposeídos de la población.
No puede ser más angustiante la situación que vivimos, sobre todo si nos comparamos con el progreso que han logrado otras economías con niveles de atraso iguales o mayores que los nuestros hace pocos años. De allí podríamos sacar una muestra de que una concertación entre los factores claves y los agentes económicos, con una visión compartida de país, seguido de un conjunto coherente de medidas económicas y una responsable actitud política, son capaces de obrar milagros en la búsqueda del progreso para todos.
Ha habido voces que desde distintos ámbitos, tanto nacionales como internacionales, han expresado sus recomendaciones y propuestas orientadas a salir de la dramática situación de crisis en la que está sumergida la nación venezolana, y que amenaza, de seguir obcecadamente por el camino equivocado, de hacerse más profunda y más amplia, lo cual empuja al país a episodios inconvenientes y no deseados. A pesar de que no se observa ningún ánimo de rectificación por parte de quienes usurpan el poder, creo conveniente recordar algunas de esas propuestas.
La Academia Nacional de Ciencias Económicas, en el año 2013 señaló concretamente: “Que no habrá recuperación económica ni abatimiento de la inflación, a menos que se restaure un sistema eficiente de incentivos que promueva la iniciativa privada; se redefina el rol del Estado en la economía creando nuevas oportunidades para la inversión privada interna y externa, concentrando la actividad pública en la provisión de externalidades que contribuyan a ello, mejorando los servicios públicos y administrando las atribuciones propias del Estado que aseguren el bienestar de los venezolanos.”
La Academia de la Ciencia Económica del Estado Zulia en documento de agosto del año 2014 recomendó: 1. Devolver la autonomía plena al Banco Central de Venezuela para que ejerza su competencia en la regulación de la liquidez monetaria y control de la inflación. 2. Sincerar los precios de los productos, sobre todo los de primera necesidad, con el fin de reducir el contrabando de extracción y mejorar el abastecimiento nacional. 3. Efectuar un ajuste gradual en el precio de la gasolina a la par de la eliminación de créditos y subsidios al petróleo y sus derivados que se exportan a otros países. 4. No seguir expropiando empresas salvo por causas y mediante el procedimiento establecido en la Constitución vigente. En este sentido se plantea revisar las empresas estatizadas que presentan dificultades de operatividad y eficiencia para devolverlas a sus antiguos propietarios; las que fueron indemnizadas venderlas y las que no lo han sido, devolverlas a sus legítimos dueños. 5. Estimular la inversión privada nacional y extranjera para impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas. 6. Desmontar gradualmente el control de cambios, simplificándolo hasta llegar a un tipo de cambio único. 7. Ante el impacto inflacionario de las medidas económicas de ajuste, se requeriría también un mejoramiento en el ingreso de los trabajadores, mediante acuerdos tripartitos entre el Estado, los trabajadores y los empresarios. 8. Reinsertar nuevamente a Venezuela en la Comunidad Andina de Naciones, lo cual es compatible con su presencia en el Mercosur.
A comienzos del año 2015, un grupo de sesenta reconocidos economistas del país, después de hacer un profundo análisis de las distorsiones, desequilibrios y dificultades llegamos a la conclusión de que era necesario declarar a la nación en verdadera emergencia económica haciendo una serie de propuestas coincidentes con las anteriores complementándolas con la necesidad de: 1. Lograr un equilibrio fiscal para reducir el déficit público el cual debe apuntar no más allá del 4% del PIB. 2. Ejecutar de inmediato un plan de reorganización y saneamiento financiero de PDVSA dentro del contexto de un nuevo plan económico. Negociar operaciones de pasivos que permitan mejorar el perfil del vencimiento de la deuda pública externa de la República y de PDVSA. 4. Diseñar políticas sectoriales en el contexto de los cambios de la política económica y petrolera del país, para así estimular la recuperación económica y una mayor productividad laboral en los distintos sectores.
Neuro J. Villalobos Rincón
