El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (Ciadi) condenó a Venezuela a pagar más de 1.640 millones de dólares por las expropiaciones que el gobierno de Hugo Chávez realizó en 2010 sobre las inversiones de empresas españolas en sociedades venezolanas.
Según la institución, las acciones del chavismo constituyeron una violación del acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Venezuela.
Las inversiones expropiadas fueron las realizadas en las sociedades venezolanas Agroisleña, Insecticidas Internacionales, Proyefa y Venezolana de Riego.
Las empresas demandantes, englobadas como Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos, Inica Latinoamericana, Proyefa Internacional y Verica Atlántica, comenzaron el laudo contra Venezuela en 2016.
Seis años más tarde, el tribunal de arbitraje decidió fallar a favor de la compañía española, condenando al país a abonar la suma de 1.629 millones de dólares (1.481 millones de euros) como compensación por su incumplimiento del acuerdo entre España y Venezuela.
A este importe se suman los intereses sobre la compensación concedida al tipo Libor aplicable a los depósitos a seis meses denominados en dólares estadounidenses más cuatro puntos porcentuales, capitalizados anualmente desde el 4 de octubre de 2010 hasta la fecha en que Venezuela haya pagado íntegramente.
Adicionalmente, el Ciadi ordenó a Venezuela pagar más de 1,1 millones de dólares por costos del procedimiento y otros 16,3 millones de dólares por gastos incurridos por el Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos en la defensa de sus derechos.
