En una audiencia realizada el día miércoles 16 de febrero, los representantes del abogado colombiano Álex Saab solicitaron en una audiencia privada al juez federal Robert Scola, poder continuar con los juicios y procesos legales del testaferro de Nicolás Maduro en una de sus lujosas propiedades en Miami. Según informó el diario El Tiempo, la defensa de Saab tenía preparado hasta 21 millones de dólares para desembolsar como manera de fianza.
Pero las autoridades norteamericanas no vieron tentadora la oferta realizada por la defensa del presunto testaferro de Maduro. Por el contrario el juez federal Robert Scola, aparte de negar la solicitud de fianza (la cual pedía que manejaran confidencialmente), ordenó que se le quitara inmediatamente el estatus de reservado a un polémico documento que revela como Saab fue informante de los organismos de seguridad estadounidenses DEA y FBI, durante unos meses antes de su captura.
Según la información obtenida por El Tiempo, Álex Saab contó con tres abogados para ir adelantado los procesos señalados entre las autoridades norteamericanas. Uno fue el abogado Abelardo de la Espriella, quien había representado a Saab pero se desvinculó del proceso luego de que fuera incorporado a la Lista Clinton, la lista de empresas y personas sindicadas por el gobierno de Estados Unidos de tener relaciones financieras con el narcotráfico.
Los otros dos representantes jurídicos que acompañaron el proceso de Saab fueron Rick Díaz, abogado quien en el pasado ya había oficiado como defensor de paramilitares como alias ‘Macaco’, y María Domínguez Trujillo, nieta del exdictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo.
Agentes de los organismos de seguridad de la DEA y FBI aseguran que en la información brindada en ese intento de cooperación con los estadounidenses, Saab habló sobre los sobornos que pagó a fichas del Gobierno de Venezuela para obtener contratos con los que lavó más de 350 millones de dólares.
El presunto testaferro de Nicolás Maduro entregó información relacionada con algunas empresas de su propiedad con las cuales había contratado con el régimen de Maduro para poder realizar la construcción de viviendas de interés social, y explicó la manera que se movía el dinero luego de haber recibido los fondos, mencionó incluso que se creaban Cooperativas en el territorio nacional.
Luego de acercamientos realizados a la DEA y FBI, en junio del 2018 la abogada Domínguez Trujillo envió un borrador de propuesta mediante un correo electrónico en el que Álex Saab se presentaba como una fuente de cooperación oficial. Como parte de su cooperación, Saab hizo cuatro transferencias (entre el 28 de noviembre de 2017 y el 5 de febrero de 2019). Fueron en total 10.000 dólares de las ganancias ilícitas de él y de su socio Álvaro Pulido.
Luego de reuniones organizadas por los representantes jurídicos del empresario y los entes de control en París, se definió una fecha límite para que entregaran toda la información necesaria, advirtiendo que si no la suministraba antes del 30 de mayo de 2019, pasaría de ser un informante a ser acusado penalmente. Al cumplirse esta fecha, Abelardo de la Espriella dejó de representarlo.
Por su parte el gobierno venezolano dice que a Saab lo torturaron en Cabo Verde, lugar de su reclusión por lo que accedió a ser informante, pero comentan que el colombiano con descendencia libanesa aún es fiel al régimen de Maduro.
En la audiencia del 16 de abril, se definirá si Saab es un diplomático con fuero ilegalmente capturado, como asegura el régimen venezolano; o un civil, informante que se autoincriminó y luego se refugió en la diplomacia de Maduro, esto para saber cual será su destino en el juicio que se retomara el 11 de octubre.
Infobae
