El gobierno de Biden intenta mantener en vigencia el Título 42, una norma de salud pública empleada en la pandemia para devolver a las familias que llegan a la frontera.
El gobierno de Joe Biden está luchando en los tribunales para conservar una regla de salud pública de la era Trump que usa la pandemia de la COVID-19 como justificación para rechazar con rapidez a las familias migrantes que llegan a la frontera con México. Según el gobierno, la regla sigue siendo necesaria para evitar que el virus se propague por las comunidades estadounidenses y los centros de detención, donde los migrantes que buscan asilo suelen pasar varios días.
Sin embargo, los defensores de los inmigrantes y los derechos humanos aseguran que la regla, conocida como Título 42, se está empleando de manera inadecuada como una herramienta de seguridad que obliga a los migrantes a regresar a situaciones peligrosas. Estas organizaciones han presionado al presidente Biden para que elimine la regla, la cual instauraron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés). Algunas de las agrupaciones, entre ellas la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, han demandado al gobierno para que deje de usar la regla con el fin de expulsar a las familias migrantes.
En septiembre, el panel de una corte de apelaciones suspendió el fallo de un tribunal inferior que bloqueaba la política para las familias migrantes; los alegatos orales del caso están programados para mediados de enero.
Desde marzo de 2020, cuando se comenzó a implementar el Título 42, hasta finales de octubre, la medida se utilizó 1,3 millones de veces para rechazar migrantes. No obstante, esa cifra representa tan solo el 64 por ciento del total de los encuentros de la Patrulla Fronteriza con personas que han cruzado de manera ilegal durante el mismo periodo.
El resultado ha sido un enfoque confuso y caótico para la seguridad fronteriza. El hecho de que una persona obtenga permiso de quedarse en Estados Unidos al menos de forma temporal o que sea expulsada de manera inmediata conforme a la regla de salud pública puede variar según la hora o el día, así como de un cruce fronterizo a otro.
Es probable que la confusión aumente tras la reincorporación que se hizo la semana pasada de otra política de la era Trump que obliga a ciertos migrantes a esperar en México mientras las autoridades estadounidenses consideran sus alegatos. Estados Unidos declaró que solo asignaría a los migrantes al programa de Quédate en México si no podían ser expulsados por medio del Título 42.
A continuación, las razones por las que a muchos migrantes se les ha permitido quedarse en Estados Unidos, a pesar del Título 42.
A los niños migrantes no acompañados se les permite ingresar a Estados Unidos.
Durante su primera conferencia de prensa como presidente, al inicio de un aumento dramático de los cruces fronterizos ilegales, Biden dijo: “Las únicas personas a las que no dejaremos esperando del otro lado del río Bravo —por su cuenta, sin ayuda— son los niños”.
En febrero, los CDC eximieron de la expulsión conforme al Título 42 a los menores migrantes que llegaran a la frontera sin un padre o tutor. Gracias a eso, miles de niños se han quedado semanas —y en algunos casos, meses— en refugios de emergencia que fueron creados con rapidez para albergarlos.
Durante el mandato del presidente Donald J. Trump, casi 16.000 niños que llegaron solos fueron expulsados conforme a la regla de salud pública. Entre febrero y septiembre de este año, a casi 137.500 se les permitió ingresar a Estados Unidos, según los datos fronterizos. La cantidad de menores que llegaron aumentó con rapidez cuando Biden asumió la presidencia y quedaron exentos de la regla. El gobierno se las arregló para construir refugios temporales que los albergaran.
Hasta el 1 de diciembre, casi 13.000 niños migrantes estaban bajo la custodia del gobierno.
En enero, México puso en vigor una nueva ley según la cual no puede mantener a niños menores de 12 años bajo la custodia del gobierno. Esto forzó a Estados Unidos a admitir de manera temporal a algunas familias con niños pequeños que habían cruzado ilegalmente al sur de Texas.
Debido a que las autoridades migratorias de Estados Unidos están limitadas en cuanto al tiempo que pueden detener a los niños migrantes, han liberado a decenas de miles de familias tras darles la instrucción de reportarse con las autoridades migratorias.
Durante el último año, casi 480.000 migrantes han cruzado la frontera de forma ilegal en unidades familiares. Sin embargo, tan solo una cuarta parte de la personas migrantes ha sido rechazada conforme a la regla de salud pública. Del resto, a la mayoría se le ha permitido quedarse de forma temporal en Estados Unidos, a menudo bajo vigilancia.
Hasta el 28 de octubre, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estaba controlando a más de 136.000 familias por medio de dispositivos de monitoreo en los tobillos, rastreo en línea y llamadas telefónicas, según datos del gobierno que analizó el Centro de Intercambio y Acceso a Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse.
A pesar de la regla, también se ha permitido que ingresen adultos solteros al país, aunque con mucha menos frecuencia. En el último año, de las más de 1,1 millones de veces que se capturó a adultos solteros cuando cruzaban la frontera, en un 84 por ciento de esas ocasiones se utilizó el Título 42 para expulsarlos.
En circunstancias normales, el interrogatorio y el papeleo para expulsar a los inmigrantes puede durar hasta dos horas. Con la norma de salud pública, el promedio es de unos 15 minutos por persona, según el Departamento de Seguridad Nacional.
En circunstancias normales, el interrogatorio y el papeleo para expulsar a los inmigrantes puede durar hasta dos horas. Con la norma de salud pública, el promedio es de unos 15 minutos por persona, según el Departamento de Seguridad Nacional.
Los funcionarios fronterizos están abrumados.
En algunas ocasiones, la cantidad inusualmente alta de cruces fronterizos ilegales ha rebasado al gobierno, pues las áreas de detención han llegado al tope de su capacidad mientras los funcionarios realizan entrevistas y llenan papeleo. Esto ha provocado que cientos de miles de migrantes hayan sido liberados en Estados Unidos con instrucciones de reportarse para sus trámites migratorios.
El espacio es limitado debido a las precauciones sanitarias relacionadas con la pandemia, pero la cantidad de migrantes que cruzaron de manera ilegal en los últimos doce meses, en particular desde que Biden asumió la presidencia, ha roto un récord que había durado 61 años.
Los republicanos afirman que el número ha aumentado tanto porque Biden señaló durante su campaña presidencial que su gobierno sería más acogedor con los migrantes. Otros dicen que la culpa es de la norma de salud pública; cientos de miles de personas han intentado cruzar ilegalmente varias veces, dicen, porque, a diferencia de lo que ocurre en tiempos normales, las expulsiones no tienen consecuencias legales importantes.
La expulsión de migrantes bajo la normativa de salud pública es mucho más rápida —demora un promedio de 15 minutos por persona— que en circunstancias normales, cuando las preguntas y el papeleo pueden llevar hasta dos horas, según el Departamento de Seguridad Nacional.
Para inicios de agosto, se habían otorgado exenciones a la regla de salud pública por motivos humanitarios a más de 16.000 migrantes arrestados en la frontera, por lo que se les permitió quedarse, según declaró el departamento en aquel momento. Los grupos defensores y las organizaciones internacionales consideraron que estos migrantes eran vulnerables; entre ellos hay personas transgénero y familias con niños pequeños que viven en lugares peligrosos a lo largo de la frontera.
Sin embargo, desde el inicio, el programa ha sido una fuente de confusión.
“No hay un conjunto claro de criterios para permitirles el ingreso a las familias”, comentó en mayo a la radio NPR Jessica Bolter, analista del Instituto de Política Migratoria. “Por eso, para los migrantes se puede sentir de verdad como una especie de juego de azar”.
Las organizaciones humanitarias que accedieron a trabajar junto con el gobierno de Biden para ayudar a los migrantes a buscar ese tipo de exenciones en gran medida terminaron su participación en el verano, porque se oponían a que el gobierno siguiera usando la regla de salud pública.
“Acordamos participar en un plazo determinado para eliminar las barreras y ayudar al mayor número posible de personas a acceder a su derecho a buscar protección internacional, con la expectativa de que la gestión actual pondría fin a la política poco después”, dijo Meghan López, vicepresidenta regional del Comité Internacional de Rescate para América Latina, en un comunicado el 18 de octubre. “Meses después, esto aún no ha sucedido”.
El Departamento de Seguridad Nacional no ha ejercido esta exención desde que las organizaciones terminaron su participación, según un funcionario del gobierno que habló bajo condición de anonimato para discutir el asunto.
Algunos países no reciben a sus ciudadanos retornados.
Siempre ha habido países que se niegan a aceptar a sus ciudadanos de vuelta. En 2006, China se rehusó a recibir a unos 39.000 ciudadanos a los que, de otro modo, se les habría negado la entrada a Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional liberó a muchos de ellos para que esperaran sus procesos migratorios.
Estados Unidos enfrenta el mismo desafío con otros países, como Brasil, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ha habido un aumento en la cantidad de personas procedentes de esos países que cruzan de forma ilegal. En octubre, se utilizó la regla de salud pública 91 veces para rechazar a venezolanos, aunque los agentes fronterizos capturaron a ciudadanos de ese país que cruzaron de manera ilegal en más de 13.400 veces. De manera similar, los cubanos fueron expulsados solo en 42 ocasiones de las casi 6000 que fueron capturados al cruzar la frontera sin documentación.
Ahora que el gobierno de Biden va a reincorporar el programa Quédate en México, algunos migrantes de esos países tal vez tengan que esperar el trámite de sus casos en México en lugar de en Estados Unidos. Sin embargo, debido a las estipulaciones humanitarias que México exigió para cooperar, es poco probable que se pueda desviar una cantidad significativa de migrantes que esperan sus procesos en Estados Unidos.
En octubre, la mitad de los migrantes que no fueron expulsados conforme al Título 42 procedía de Brasil, Cuba, Nicaragua y Venezuela, países que no suelen repatriar a sus ciudadanos. Casi la mitad estaba viajando como parte de una unidad familiar o eran niños sin un acompañante adulto. Algunas familias con niños pequeños y algunos niños sin acompañante son considerados demasiado vulnerables para esperar en México hasta que se decidan sus casos de asilo y, por lo tanto, es probable que no sean candidatos para el programa Quédate en México.
Eileen Sullivan es corresponsal de Washington del The New York Times y cubre el Departamento de Seguridad Nacional.
