El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha dado pasos adicionales para empujar una agenda contra inmigrantes indocumentados, a través de acciones que impedirían cualquier protección a estas personas, evitar que sean contratadas para laborar y acotar acciones del Gobierno federal.
Una de sus iniciativas es generar lineamientos para que las empresas contratadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para transportar indocumentados en territorio estatal no puedan hacer negocios en el Gobierno estatal.
“Simplemente no podemos estar haciendo contratos con empresas que, a sabiendas e imprudentemente, facilitan el ingreso de personas, aquí a nuestro estado, de manera ilegal“, indicó el republicano el viernes pasado.
Esa es solamente una de sus propuestas para la próxima sesión legislativa de 2022, enfocadas a las políticas del presidente Joe Biden y DeSantis –considerado un posible aspirante presidencial– fue claro al pedir a legisladores luchar “contra la crisis fronteriza de Biden”.
Sus planes contemplan expandir una ley contra las llamadas “ciudades santuario” y reforzar las reglas de empleo de E-Verify, las cuales aplican los estados bajo lineamientos del DHS.
El gobernador hizo el anuncio en el Aeropuerto Internacional de Jacksonville, el cual ha sido una parada para vuelos que transportan migrantes.
DeSantis lanzó la teoría de que en ese vuelo se transportó a un hombre que afirmaba ser un adolescente y que luego fue acusado de asesinato en Jacksonville.
En su plan presupuestal de $99,7000 millones, el gobernador considera una línea de $8 millones de dólares para transportar inmigrantes indocumentados fuera del estado.
DeSantis también envió equipos y agentes de la ley de Florida a la frontera sur durante siete semanas en el verano a petición del gobernador de Texas, Greg Abbott.
