El caso de Alex Saab se extiende en Estados Unidos. El empresario colombiano de 49 años, acusado por Washington de ser el principal testaferro de Nicolás Maduro, llegó esposado a su primera audiencia cara a cara en un tribunal federal de Miami. En la diligencia de este lunes, el juez Robert Scola ha decidido posponer el inicio del juicio, previsto originalmente para el próximo 3 de enero, hasta que se resuelva una apelación que presentó la defensa.
Los abogados de Saab defienden que su cliente tiene estatus diplomático y que no puede ser juzgado en Estados Unidos. La estrategia de la defensa apela al mismo argumento que ha hecho el Gobierno de Maduro: aseguran que Saab es un “agente diplomático”, comisionado para conseguir alimentos y medicinas en medio del bloqueo estadounidense a Venezuela y que por eso goza de inmunidad. Tras años de negar cualquier vínculo con el empresario colombiano, el aparato chavista se ha esforzado por presentarlo como “representante permanente adjunto” del país sudamericano ante la Unión Africana.
El caso de Saab es de alto perfil por las potenciales revelaciones que el supuesto testaferro puede hacer contra la cúpula chavista, sus negocios a la sombra del poder y sus vías de financiamiento desde el extranjero a través de canales opacos. De acuerdo con los periodistas que asistieron a la corte, Saab no tomó la palabra durante la sesión. Se trataba de una audiencia “de estatus”, en la que ambas partes son llamadas, justamente, para ver qué estado guarda el caso y si hay condiciones para iniciar el juicio.
El juez Scola ha fundamentado su decisión en que, mientras esté en curso la apelación, interpuesta en un tribunal del Estado de Georgia, no puede arrancar el proceso judicial. Los fiscales han señalado que pidieron asistencia legal desde Panamá y han adelantado que harán solicitudes similares a Colombia y Ecuador, así como posiblemente a Malta y Cabo Verde, según Joshua Goodman, periodista de Associated Press. La próxima vista se ha programado para el próximo 7 de enero para decidir si inicia el juicio o si hay un nuevo aplazamiento.
De acuerdo con investigaciones hechas por EL PAÍS, el portal venezolano Armando.info y otros medios a partir de las pesquisas de EE UU, Saab y sus socios tejieron una red de empresas fantasma que pasaba por los cinco continentes para triangular operaciones y enriquecerse con la fachada de operaciones humanitarias. Entre los hechos con los que se vincula al empresario están el fraude de las cajas CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), un programa de Maduro para repartir cajas de comida a los sectores más pobres de Venezuela, pero que incluían alimentos de baja calidad nutricional y se gestionaron a sobreprecio. También creó entramados para comerciar petróleo, oro y otras materias primas al margen del sistema financiero internacional para eludir las sanciones estadounidenses contra el régimen de Maduro. Estados Unidos lo acusa, además, de ofrecer sobornos a funcionarios chavistas en el extranjero para tener acceso preferente a licitaciones públicas. El esquema de malversación de fondos públicos alcanza por lo menos los 350 millones de dólares, según los fiscales estadounidenses.
A solicitud de Washington, Saab fue detenido en Cabo Verde el 12 de junio del año pasado y permaneció más de un año en una prisión del archipiélago africano antes de ser extraditado a mediados de octubre pasado. Como parte del acuerdo de extradición, Estados Unidos desestimó siete de los ocho cargos que se le imputaban y actualmente solo será juzgado por el delito de conspiración para blanquear capitales. La acusación original data de julio de 2019 y desde entonces el caso ha estado en el centro del conflicto diplomático entre la Casa Blanca y el Gobierno de Maduro, que ha convertido su defensa en una cuestión de Estado. Su extradición, por ejemplo, dinamitó el proceso de negociaciones entre el chavismo y la oposición que se celebraba en México hasta la segunda mitad de este año.
Las expectativas sobre lo que pueda decir o callar Saab son altas, no solo por lo que implique para las autoridades venezolanas. Su entramado es tan extenso que sus negocios han sido investigados en México, Brasil, Ecuador, Colombia, Suiza y el Reino Unido, entre otros países, y algunas personas cercanas al caso aseguran que los actos de corrupción pueden salpicar a empresarios y políticos de toda la región.
Hace una semana, la anticipación por esas revelaciones sufrió un revés. El juez Scola ordenó que los documentos y evidencias que presentara Saab en su defensa se mantuvieran en secreto y sin acceso al público. Fue una petición de la Fiscalía acordada con los abogados defensores, bajo el argumento de que si se hacen públicos se puede afectar a otras causas penales en curso. Saab se declaró inocente a mediados de noviembre y se enfrenta hasta 20 años de prisión. El juicio, con una duración prevista de dos semanas, todavía espera fecha para empezar.
Elías Camhaji/ El País
