Abstención y división. Son las dos palabras claves que destaca la opinión pública nacional e internacional para hacer una aproximación al entendimiento de las elecciones regionales y municipales, organizadas ilegalmente por el régimen el pasado 21 de noviembre de 2021. Aproximadamente el 60% del electorado venezolano no acudió a expresar su voluntad ciudadana. Unos aplaudieron la ausencia de votantes, otros la consideraron nefasta para las aspiraciones de la oposición. Algunos analistas afirman que de haber votado masivamente, los adversarios hubieran ganado mínimo 14 gobernaciones y varias alcaldías de las principales ciudades.
El segundo vocablo se gestó fácilmente, a los ataques de personajes del régimen como Diosdado Cabello, se agregaron personeros que desde dentro de la oposición hicieron el trabajo, figuras que cumplida la misión ahora desaparecieron sospechosamente luego de ocupar grandes espacios en los medios acusando al presidente encargado, Juan Guaidó, y Leopoldo López, de malversación y tráfico de influencia en le petroquímica colombiana Monómeros, o criticando y defendiendo ideas absurdas como la intervención militar extranjera, o dividiendo con candidaturas sin oportunidades que solo confundieron y dispersaron el voto, u otros beneficiados con dádivas y contratos del régimen que cumplieron con los objetivos.
Respetando las opiniones favorables a la participación en los comicios, como el caso del SJ ex rector de la Universidad Católica Andrés Bello, Luis Ugalde, el docente y analista de las universidades Simón Bolívar y Central de Venezuela, Ángel Oropeza, destaca los acuerdos para ir a los comicios regionales y municipales: “Recuperar el poder del voto es la gran apuesta de las fuerzas democráticas del país que cuentan con el respaldo de buena parte de la comunidad internacional. Y desde comienzos de año el consenso de esas mismas fuerzas democráticas fue que nuestra lucha en las actuales circunstancias consiste en la construcción de escenarios electorales que nos acerquen progresivamente a estas grandes aspiraciones, que nos permitan acumular fuerzas, propiciar la movilización política, reivindicar las condiciones electorales necesarias para el cambio político –para lo cual son imprescindibles la movilización y la presión nacional e internacional, y la construcción de una sólida estructura electoral–. (Propuesta de modelo estratégico del Frente Amplio Venezuela Libre, aprobado por las principales fuerzas políticas y sociales democráticas en enero de 2021)”.
Es lógico deducir que el voto se basa en la confianza que tenga el ciudadano en el sistema, en las leyes que garantizan ese derecho universal. Abstenerse significa que no existe tal premisa. Los distintos eventos electorales realizados durante la era chavista siempre estuvieron impregnados de ilegalidad, bien por el uso abusivo de recursos públicos, el chantaje vía dádiva estatal al electorado, la represión política, el ventajismo, las dudas sobre los entes responsables de coordinarlos, la represión y la utilización del poder judicial para perseguir a los adversarios. Hechos que los veedores europeos observaron el 21N, que eran constantes desde Hugo Chávez, sus séquitos solo lo intensificaron ante la caída del apoyo y sus limitaciones. Esas dudas avalan a quienes decidieron no participar, por lo tanto no es criticable su actitud. Desde siempre, los procesos electorales en la Venezuela chavista se ganan antes de los comicios, las irregularidades se cometen con antelación y lo grave es que todos aceptan las aberraciones como algo normal.
Eugenio Martínez, un periodista especializado en el área electoral, explica en el Diario las Américas del 24 de noviembre de 2021: “En el informe de Carpe Diem se destaca que la oposición perdió hasta en ocho gobernaciones, no por las condiciones electorales, sino por la falta de unidad. No obstante, si se agrupan todos los votos distintos a los del PSUV, los adversarios de Nicolás Maduro capitalizaron 56% del total de sufragios nacionales, lo que evidencia la recuperación de la masa electoral opositora, que se perdió durante los últimos cuatro años.
El informe de Carpe Diam también señala que en 2012 el chavismo obtuvo 4,8 millones en esas elecciones regionales, en el proceso presidencial (2013) cuando sale electo ilegalmente, Nicolás Maduro, votaron por ellos 7.5 millones; en las municipales de ese mismo año sumaron 5,2 millones; en las legislativas del 2015 los favorecieron 5,6 millones; en las regionales del 2017 alcanzaron 5,9 millones; en las de la Asamblea Nacional 2020 sumaron 4,3 millones; y en las regionales y municipales de 2021 totalizaron 3,7 millones. Una marcada y progresiva caída del apoyo que se evidencia en 22 años de corrupta, negligente y nefasta gestión.
Martínez cita a Michael Penfold, profesor de políticas públicas y fellow del Wilson Center en Washington DC, quien argumenta que los resultados de los comicios municipales y regionales “arrojan varios datos que pondrán a muchos a reflexionar sobre la crisis de representatividad tan severa que afecta a toda la elite política del país. Las noticias no son auspiciosas para la oposición, pero son también muy malas para el chavismo”. El especialista reconoce los avances de los adversarios en las zonas rurales y ciudades intermedias (los distintos grupos adversarios obtuvieron 133 alcaldías, tres gobernaciones y se esperan resultados en Barinas y Apure), las mejoras en las condiciones electorales, la observación internacional, el haber logrado que los sufragios opositores fueran mayores que los del régimen y la aparición de liderazgos locales interesantes.
La división y desorganización de la oposición limitó sus posibilidades, pero aupó la organización ciudadana, la movilización popular y la articulación de la presión cívica interna. La abstención demostró que la estrategia comunicacional no fue efectiva porque la gente no acudió al llamado. Del otro lado, el agotamiento del régimen se evidenció con el desencanto de quienes ayer fueron hipnotizados por Hugo Chávez.
El gran perdedor es el país porque evidencio la crisis de representatividad política y carencia de un liderazgo que esté a la altura de la crítica situación del país. Quienes ahora salen proponiendo marchas para protestar contra la dirigencia opositora, todavía no tienen claro que el enemigo a vencer es el régimen. Igualmente existen las sanguijuelas políticas y económicas poco interesadas en resolver la crisis porque de ella viven.
Maduro evidencia con sus acciones post 21N que sus intenciones no son nada democráticas, ahora arremete contra representantes electos y los observadores de la Comunidad Europea, anuncia que le quitará a la Gobernación del Zulia las concesiones viales y la administración del Puente sobre el Lago de Maracaibo, el retraso del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la entrega de los resultados en Barinas y Apure presagian malos augurios para alguien necesitado de reconocimiento internacional.
Por otro lado, los opositores tienen que hacer una “mea culpa, y entender la necesidad de diseñar nuevos modelos de articulación en una sociedad que -una vez más- demostró ser mayoría-, y construir instrumentos que viabilicen las tomas de decisión y resolución de conflictos –por ejemplo- para encarar el posible referéndum revocatorio de 2022 contra Nicolás Maduro. Entendiendo, como dice Eugenio Martínez (Bloomberg en Línea 23-noviembre- 2021) que: “En las presidenciales de 2006 obtuvo 7.300.243 votos y en estas elecciones regionales 3.722.656, lo que representa una caída de 50,99%”, una deducción que demuestra un derrumbe lento pero constante del chavismo, una variable que servirá para tomar futuras dediciones.
@hdelgado10
