La decisión de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de abrir una investigación formal por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, al menos desde 2017, fue recibido con sorpresa por abogados y activistas de derechos humanos en el país.
Para la directora de Acceso a la Justicia, Laura Louza, queda claro que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad y en Venezuela no hay condiciones para proveer una justicia efectiva a las víctimas, «por lo menos por ahora. El memorando de entendimiento señala que el fiscal está presto a ver qué va a pasar, qué reformas se van a hacer, si son reales o no».
Dicho memorando de cooperación, firmado por el fiscal Karim Khan y Nicolás Maduro la tarde del 3 de noviembre, establece que Venezuela adoptará «todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de la justicia, de acuerdo a estándares internacionales y el apoyo y compromiso activo» de la CPI bajo el principio de complementariedad.
Gonzalo Himiob, penalista y vicepresidente del Foro Penal Venezolano, reitera el cierre formal del examen preliminar para dar paso a una investigación, lo que calificó como un «hito histórico». En todo caso, el abogado advirtió que esto no significa «que la justicia esté a la vuelta de la esquina».
A pesar de ello, la directora de Acceso a la Justicia aseguró que esta decisión es confiable para las víctimas. «El tema es que el Estatuto de la Corte Penal Internacional siempre habla de colaboración con los Estados. Lo común no es que el Gobierno que está siendo investigado es el que esté en ejercicio como el caso venezolano».
Louza menciona como positivo que Venezuela permanezca dentro del marco del Estatuto, «es mejor que colabore, que se siga aplicando, que se sigan enjuiciando los crímenes que sigan ocurriendo».
También destacó que incluso la investigación puede paralizarse en algún momento, en base a los establecido en el artículo 18 del Estatuto de Roma, citado en el memorando de entendimiento. «Esto permite que el Gobierno apele decisión y pida que se paralicen dentro de los seis meses siguientes a la investigación el caso porque en el país se está haciendo justicia».
¿Qué viene ahora en la CPI?
Con el cierre del examen preliminar Venezuela I, la etapa en la que entra Venezuela es la investigación por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Como en procesos nacionales, le corresponderá a esa instancia de la CPI examinar los elementos a su alcance para determinar los responsables y sus posibles víctimas.
Es de recordar que la CPI no investiga a los Estados, sino a individuos. En el caso de los crímenes que investiga la Corte en base al Estatuto de Roma (crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad o de agresión), solo los más altos responsables por delitos cometidos contra una población son llevados a juicio.
Alfredo Romero, presidente del Foro Penal, explicó que la investigación implica la posibilidad de colectar más evidencias, reuniones o entrevistas con testigos o víctimas de presuntos crímenes de lesa humanidad. «Es importante cuando el fiscal dice que pide la colaboración del Gobierno venezolano para poder entrar al país y realizar su trabajo en este sentido».
También resalta la alusión a la complementariedad activa, es decir, el principio de cooperación entre la CPI y los Estados parte para conseguir una judicialización efectiva de los casos en su propio territorio.
En este punto, la abogada María Alejandra Poleo pide ser más cautos con este principio. «Investigar no es lo mismo que juzgar. Vienen evaluaciones e investigación».
Luisa Quintero/ Tal Cual
