Los nombres de los equipos negociadores se conocen en la segunda ronda del diálogo.
Sobre una agenda de siete puntos firmada hace tres semanas, 18 dirigentes políticos, nueve del Gobierno de Nicolás Maduro y nueve de la Plataforma Unitaria que representa a la oposición, comenzarán a tejer a partir de este fin de semana los acuerdos de la nueva ronda de negociaciones en Ciudad de México.
La oposición presentó a su grupo completo el día de la firma del memorándum de entendimiento y la foto oficial en México, el pasado 13 de agosto, pero se produjeron cambios como la incorporación de Freddy Guevara, detenido durante un mes y cuyo excarcelamiento responde al pulso generado en torno a este proceso. El chavismo, en cambio, dilató hasta este viernes la presentación de todos sus nombres y llevó una delegación extendida con 11 funcionarios.
El Gobierno acude representado por varias facciones de poder. Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional es el líder de la delegación. Con más de 20 años en el chavismo ha ocupado cargos como la presidencia del Consejo Nacional Electoral, la Vicepresidencia, el ministerio de Comunicaciones y Turismo y la alcaldía de Caracas.
También ha ido ganando poder en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Junto a su hermana Delcy Rodríguez es uno de los principales interlocutores dentro y fuera del país de un mandatario que poco sale de Fuerte Tiuna y Miraflores. Psiquiatra de profesión ha asumido la vocería en la denuncia de supuestas conspiraciones contra el Gobierno a las que han seguido persecuciones y encarcelamiento de opositores.
La figura más llamativa de esta alineación es la de Nicolás Maduro Guerra, el único hijo del líder chavista, aspirante a la sucesión del sucesor de Chávez, que por primera vez se incorpora a estas conversaciones. Nicolasito, como le llaman, ha ido ganando relevancia en el terreno político por tender puentes diplomáticos para distender las presiones internacionales contra el Gobierno de su padre. Su presencia también supone que Maduro y su familia tengan una representación específica que vele por sus intereses en la negociación. Con 31 años y de profesión economista ha tenido cargos accesorios en el Gobierno, como inspector de la gestión de los entes públicos. También ocupó un curul de la Asamblea Nacional Constituyente, creada en 2017 y disuelta en 2020 sin haber modificado la carta magna, y actualmente es diputado. Se ha vinculado más con la Juventud del PSUV. Washington le impuso una sanción en 2019 por supuesta corrupción y por ayudar a su padre a “mantener un dominio absoluto sobre la economía y reprimir al pueblo”. El año pasado dos colaboradores cercanos también fueron sancionados.
Los acompaña Héctor Rodríguez, actual gobernador del Estado Miranda, con un liderazgo surgido de las juventudes del PSUV. En una carrera que despegó en 2007 como contrafigura del movimiento estudiantil opositor del que formaron la mayor parte los actuales dirigentes de oposición, como Juan Guaidó, David Smolansky, en el exilio, Juan Requesens, en prisión domiciliaria, y Freddy Guevara. En una carrera meteórica ha pasado por las jefaturas de varios ministerios: despacho de la Presidencia, Deportes, Educación y Juventud. Ha sido diputado y se ha perfilado como un presidenciable.
El diputado Francisco Torrealba se incorpora nuevamente en esta negociación, como ya estuvo en las de Barbados y República Dominicana. Con más de 10 años de vida parlamentaria, intercalada con puestos en el gabinete, se ha asumido el papel de bisagra entre el chavismo y la oposición.
También ha estado detrás de algunas de las excarcelaciones de disidentes que se han hecho en los últimos años. Torrealba forma parte del Grupo de Boston, creado en 2002 entre parlamentarios venezolanos y estadounidenses con la intención de promover algunos equilibrios en los momentos de mayor tensión política en estos 20 años. Es un influyente operador político del chavismo y manejó a finales de 2019 el deslinde de un grupo de diputados opositores del liderazgo de Juan Guaidó, los llamados alacranes, vinculados a la telaraña de corrupción del empresario colombiano Alex Saab, detenido hace más de un año en Cabo Verde.
Florantonia Singer y Aloso Molero/ El País de España
