“El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política». Simón Bolívar
Años, meses, semanas, días, horas, minutos y segundos demasiado agotadores, estresantes y cansones a los venezolanos nos ponen a sacar cuentas que tenemos un país —22 años después de una llamada Revolución Bonita o del Siglo XXI— arrasado, deteriorado, destruido, quebrado, endeudado y vuelto nada que es la herencia de un demagogo discurso populista de izquierda que sobrepasó en mentiras, engaños y embustes a los muy criticados gobiernos de AD o Copei tildados de ladrones, despilfarradores, corruptos, atrasados u otros calificativos que buscaron sumar simpatías para hacerse del poder político y pasado el encanto hoy no tenemos precisamente un paraísos terrenal, sino que los defensores “del poder popular” han cabalgado no como Palomo, el caballo blanco de Bolívar, sino como Othar, el equino gris de Atila rey de los Hunos que por donde el cuadrúpedo pasaba no dejaba la hierba viva.
Nada difícil, pero sí es cuestión de espacio, enumerar uno por uno el inventario de destrucciones que en la lista de esperadas realizaciones significó la llegada del chavismo al poder a partir de 1999, cuando entraría poco después estrenándose un nuevo siglo y con ello una nueva era de la danza de millones de dólares que a Venezuela llegarían por ingresos petroleros y que a la efervescente nueva casta “revolucionaria” le permitiría disponer de una mágica chequera que caminaría por América Latina y el mundo, cual dádiva caída del cielo, para resolverle muchos problemas a otros pueblos cercanos y lejanos, cuando no sabíamos en casa de herrero/cuchillo de palo que comenzarían los nuestros y que han implosionado dos décadas más tarde. Fue tanto el ingreso de dólares petroleros que en 2005 el gobierno de Hugo Chávez Frías creó el Fondo para el Desarrollo Nacional, Fonden, —nunca auditado por la Asamblea Nacional— cuyo uso siempre estuvo a la discrecionalidad del entonces jefe del Estado quien debemos recordar decía en sus largas cadenas que si alguna obra necesitaba recursos y no estaban completos, él tenía reservas “debajo del colchón”. Más allá del chiste o de la chanza del momento, lo cierto hoy es que la capacidad de destrucción de la Revolución Bonita no tiene precedentes en esta u otra región del mundo que ha hipotecado el futuro de unas cuantas generaciones de venezolanos ya nacidos u otros que están por llegar. La que siempre fue nuestra gallina de los huevos de oro, PDVSA, ya es más bien parte de un cuento de lo que fue y significó para el desarrollo del país, porque de sus cuentas provenía el dinero para la educación, salud, vialidad urbana y rural, transporte, alimentación, desarrollo industrial, viviendas, deportes, comunicaciones o nuevas tecnologías, pero como dice la canción del mexicano Emmanuel “todo se derrumbó” por mala gerencia, improvisaciones y el desaguadero del desvío de dineros públicos en cuentas bancarias que cambiaron la vida de muchos revolucionarios y socios dentro y fuera de nuestras fronteras.
No sólo PDVSA sino empresas que significaron una marca emblemática de la tierra rica que liberó Bolívar ingresaron a la lista negra de deterioradas, arrasadas y vueltas nada similares a cascarones vacíos. Sidor, Venalum, Alcasa, Edelca, Orinoco Iron, Cavelum, Ferrominera y otras no son hoy más que recuerdos del otro brazo de desarrollo del sur del país que igual echa por tierra la demagógica pieza publicitaria de que “ahora el petróleo es nuestro” cuándo lo verdadero, lo cierto y lo que no podrán tapar con un dedo es que Venezuela en más de 200 años de vida republicana no ha estado en peores manos en la conducción del Estado. Cual pisada del caballo del Rey de los Hunos, las huellas de la destrucción están diseminadas por todo nuestro suelo patrio. Lo dicen instancias adscritas a la Organización de Naciones Unidas, ONU, a través de informes sobre la realidad de seguridad alimentaria, educativa o de salud pública, destrucción del aparato productivo, creciente marginalidad y extrema pobreza en la Venezuela de hoy. La Iglesia Católica y las ONGs también coinciden con esa verdad pese a la críticas y señalamientos por parte de voceros oficiales que prefieren seguir vendiendo la idea del país llamado Narnia, donde todo funciona a la perfección y no hay problemas sino sólo en la mente de apátridas aliados de los gringos o en quien piense distinto al ideario populista revolucionario.
¿Será que los 4.5 o cinco millones de hombres y mujeres que han huido del país y que según estimaciones la cifra podría llegar a siete millones a finales de este año, salieron de su tierra porque sobraban oportunidades de empleo para mantenerse o mantener a sus familias? Claro que no. Lo harán y seguirán haciéndolo pese al peligro de estar o no vacunados contra el Covid-19. Lo harán por no tener garantías de estudios o de impartir docencia en colegios, liceos y universidades públicas arrasadas por amigos de lo ajeno, deterioradas, sin comedores y con pésimos salarios que no alcanzan para vivir. Lo harán para no ser víctimas del hampa desbordada y del uniformado o civil que amparado en una chapa de la “Ley” te matraquea. Lo harán para no ver morir a un familiar en algún hospital desabastecido de todo o las ya frecuentes escenas de mujeres pariendo en la calle por falta de insumos. Lo harán porque no tiene como comprarse una bicicleta y no tener que caminar grandes trayectos por falta de efectivo o transporte público. Lo harán porque con lo que gana como empleado no le alcanza para vivir ni teniendo otros ingresos adicionales de los llamados ”voy a matar un tigrito”.
Lo harán cansados de escucharle los mismos cuentos a Hidrolago que cuando envía su razón de ser, el agua, sucia y con color a papelón, no hay autoridad en la Gobernación o las alcaldías que saque la cara por el ciudadano y su silencio sea cómplice con el deterioro de la salud de zulianos y marabinos. Lo harán porque no sienten que la Defensoría del Pueblo o el Ministerio Público les importe hacer algo, dándole un parao a los malos gerentes de las empresas publicas para que mejoren los servicios y ello lleve a una mejor calidad de vida de la ciudadanía a la que dicen defender sólo en el papel.
Lo harán igual en Caracas, Monagas, Guárico, Lara, Trujillo o en el Zulia donde se concentra el mayor número de personas donde en 8 de cada 10 hogares manifiestan que el alto costo de los alimentos es el gran obstáculo para adquirirlos, según datos publicados en el informe Seguridad Alimentaria en Zulia de marzo de 2021, revelados por la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez).
Según, Loiralith Chirinos, coordinadora de documentación del Codhez y profesora de la Universidad del Zulia, la situación en el estado es “multiproblemática y no ha mejorado este año. A pesar de que se han moderado los cortes eléctricos, en mayo de este año el servicio de agua potable comenzó a fallar. En Maracaibo algunos sectores están un mes entero sin agua y cuando llega trae un color turbio y mal olor”.
Asimismo el estudio desnuda los altos índices de inseguridad alimentaria en el estado Zulia, “así como fallas constantes en los servicios públicos, dificultades para acceder a la salud y a la educación. Todo esto construye un panorama al que no le veo solución a corto plazo y que requiere de respuestas multidimensionales. Hasta diciembre del año pasado el 89,65 por ciento de la población en Maracaibo padecía inseguridad alimentaria y el 78 por ciento era de moderada a grave sin incluir zonas rurales de la Guajira o la Sierra de Perijá.
Las investigaciones registran que el zuliano básicamente se alimenta de cereales como harina de maíz, mantequilla y granos. Hay un consumo moderado de vegetales y lácteos como el queso y un consumo moderado de proteína, pero no por carnes sino por consumo de huevo».
“En cuanto a los hábitos de alimentación”, según la investigación, “la mitad de los hogares no desayuna y donde se desayuna el alimento está compuesto por una arepa con margarina o arepa con queso. Todas estas estrategias apuntan a la persistencia de estos altos índices de inseguridad alimentaria”.
José Aranguibel Carrasco