Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, detalló en un nuevo informe que el sistema de abusos y torturas aplicado por el régimen de Nicolás Maduro a la población pero, sobre todo, a la disidencia opositora sigue vigente en Venezuela.
“La oficina Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) continuó recibiendo denuncias creíbles de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Recibió algunos informes de golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual y amenazas de violación. El ACNUDH no tiene conocimiento de ninguna acción emprendida por la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de abril de 2021″, dice una parte del informe publicado este jueves.
La ACNUDH documentó nuevo casos en los que las personas fueron sometidas a desapariciones forzadas, durante las cuales se las mantuvo incomunicadas y las autoridades se negaron a compartir su paradero con sus defensas o sus familiares. “Estas prácticas exponen a las personas detenidas a un mayor riesgo de sufrir malos tratos”, dice el organismo.
Además, también recibieron informes de violencia sexual contra mujeres en prisión preventiva, y denuncian que la mayoría de las instalaciones no están adaptadas para cumplir las normas específicas de género y las detenidas a menudo están vigiladas por hombres. “El 13 de marzo, un agente de la Policía Estatal de Barinas mató a una mujer bajo custodia policial, después de que ella se hubiera negado presuntamente a participar en actos sexuales. El ACNUDH saluda la acusación del agente de policía que presuntamente disparó a la víctima, y pide a la fiscalía que investigue a fondo las denuncias de violencia sexual presentadas por otras mujeres detenidas y que procese a los agentes de policía presuntamente involucrados”.
En el informe también advierten que se desconoce el paradero de varias personas, entre los que se encuentran el teniente coronel Juan Antonio Hurtado Campos, quien se encuentra detenido desde septiembre de 2018, y Hugo Enrique Marino Salas, detenido desde abril de 2019.
La ACNUDH denunció la violación sistemática de los derechos de las personas acusadas a la libertad, a un juicio sin dilaciones indebidas, a un juicio imparcial y a la asistencia jurídica. En el informe documentan al menos 12 casos en lo que se detuvo a personas sin que se presentara una orden de detención y en ausencia de flagrancia.
A todo lo anterior se suma al uso rutinario y abusivo de la detención preventiva, sin que además se tenga en presente medidas alternativas a la detención, sobre todo en un contexto de pandemia de COVID-19 donde el país caribeño cuenta con un sistema de salud deficiente y con la mayoría de su población viviendo en la pobreza extrema.
“La dinámica y las prácticas observadas por el ACNUDH en informes anteriores continúan suscitando preocupación. Después de haber denunciado casos de tortura o malos tratos ante los tribunales, las personas detenidas fueron devueltas a la custodia de los presuntos responsables de los malos tratos denunciados. En algunos casos, los presuntos responsables habrían sido llamados a testificar contra las víctimas en los procesos penales que se seguían contra ellos. El ACNUDH continuó recibiendo denuncias de estos casos, sin que los jueces o los fiscales adoptaran medidas preventivas para proteger a las presuntas víctimas o abordar las preocupaciones relacionadas con el debido proceso”, dice el informe.
Por ejemplo, un hombre detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar denunció ante un juez que había sido torturado y presionado para que confesara. A la víctima le dijeron que tres familiares, también detenidos, serían liberados si cooperaba con la investigación. Mientras tanto, el detenido sigue bajo la custodia de sus torturadores, sin que se le hayan concedido medidas cautelares.
En el informe también se denuncia la precaria situación en los centros de reclusión en donde los detenidos son mal alimentados y tiene restricciones para recibir visitas por parte de familiares. Además, la ACNUDH se muestra preocupada por las muertes bajo custodia, especialmente debido a la elevada incidencia de la tuberculosis, la malnutrición y otras enfermedades entre las personas privadas de libertad.
Sobre las próximas elecciones regionales que se celebrarán en Venezuela en noviembre, la ACNUDH revela el régimen induce a su población al voto tanto antes del proceso electoral como en su transcurso. Según denuncia, “las autoridades públicas a nivel nacional y local hicieron declaraciones prometiendo beneficios sociales o amenazando con revocar el acceso a asistencia social de los electores, entre otras cosas a cestas de alimentos y subsidios monetarios. Se reportó que empleados de empresas e instituciones estatales también fueron amenazados con ser despedidos si no votaban”.
