“El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatídico. Lo que cuenta es el valor para continuar.” Juan Miguel Ávalos
Solo 18 días nos separan del 27 de Junio —efemérides instituida como Día del Periodista venezolano— que será una fecha nada distinta a la de otros años, porque esta vez cómo en el pasado reciente no hay nada que celebrar cuando el historial de la libertad de expresión en Venezuela es uno de las más violados, pisoteados y vulnerados en América Latina por la Revolución Bonita que ganó el poder en elecciones libres 22 años atrás y a lo largo del tiempo ha dinamitado el camino electoral del sufragio transparente, limpio, imparcial y sí el uso abusivo del poder del Estado que tiene en su haber una larga lista de cierres de periódicos, televisoras, emisoras de radio o el bloqueo de portales informativos.
Días difíciles les ha tocado a hombres y mujeres que han hecho del periodismo más que una profesión y forma de vida —ser periodista no es sinónimo de millonario— es y será una pasión, un sueño, un compromiso o una utopía por lo que históricamente a formas de gobierno de izquierda o derecha muchos profesionales del diarismo, la docencia o la investigación los convierten en objetivos por incómodos y blancos seguros de acciones gobierneras represivas, intimidatorias o coercitivas. Atrás quedan muchos y, otros seguros por venir, episodios tristes —en la IV y V República— de acciones oficiales de obstaculizar, impedir y sabotear el trabajo de los profesionales del periodismo o del medio donde prestan sus servicios cuando una noticia no conviene y debe evitarse que sea publicada a toda costa cuando desnuda y hace público al tocar algún interés de abuso de poder, corrupción en sus distintas formas o un hecho del día a día que perjudique la calidad de vida de un país entero cuando, por ejemplo, el periodismo de investigación ha escudriñado la quiebra de nuestra principal industria y muchas empresas e industrias del sector público, pero a la vista de muchos los responsables viven la buena vida, dentro o fuera del país, como si nada hubiese sucedido. Si no que lo digan los jubilados petroleros o el ciudadano que le toca madrugar y pasar minutos, horas y días en extensas colas para surtir su vehículo de gasolina o quien vive el Vía Crucis de ir a un hospital público sin necesidad de llevar una carretilla de insumos y medicamentos para ser atendido. Y qué decir de la denuncia diaria, queja o grito del ciudadano de a pie que es abusado por alguna autoridad civil o uniformada —donde no todo está perdido—o por el funcionario que incumple su responsabilidad de garantizar el agua potable de consumo sin responsabilizar a las lluvias de ser culpable que en el Zulia y Maracaibo el líquido de la vida sea color a papelón, impuro, sucio y peligroso para la salud. También no callar el abuso de inescrupulosos comerciantes, empresarios o el bodeguero del barrio, urbanización o sector popular que si bien en un legítimo derecho de incrementar su patrimonio personal, trascienden las fronteras de la decencia y esconden, acaparan o remarcan mercancía de consumo masivo pensando más en el bolsillo que en el hambre instalada desde hace rato y que golpea a buena parte de la población venezolana. Menos mal que son los menos de un universo de valientes que mantienen sus empresas abiertas en esta crisis agravada además por la presencia del mortal Covid-19.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela —la actual y la de 1961— en el artículo 57 establece que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas u opiniones de viva voz, por escrito o por cualquier otra forma de expresión y utilizar cualquier medio de comunicación y difusión, sin que se establezca censura previa. Este derecho constitucional los periodistas lo sabemos y es obligación de vida no permitir que sea vulnerado y ya en oportunidades no muy añejas, colegas, junto con el Colegio Nacional de Periodistas, (CNP), y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, (SNTP), han dado demostraciones de firmeza para hacer respetar un derecho irrenunciable de cada uno de los venezolanos. En la IV República abusos claro los hubo contra la libertad de expresión que igual que hoy no pueden ser tolerados. En ese historial reprochable debe ser fresco el episodio que dirigió en mala hora un exdiputado de AD, Pedro Pablo Alcántara, en funciones de sensor durante el primer gobierno de CAP cuando cerró el diario El Nacional por varios días. Ayer y hoy lo que cambian son los protagonistas porque el propósito es el mismo: silenciar la libertad de expresión.
Así tenemos que desde 2004 —aún muy fresco el triunfo de la Revolución Bonita—, más de 200 medios de comunicación cominnzan a ser cerrados en nuestro país. La mayoría por órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, (Conatel), bajo procedimientos “poco transparentes, arbitrarios y discrecionales con la confiscación de equipos y con ausencia del debido proceso. Diecinueve de estos medios eran canales o plantas televisivas”.
Mientras que en 2017 de 8 canales de televisión que salieron del aire, 5 eran canales internacionales de noticias por la cobertura que le dedicaron a las manifestaciones sociales y políticas sucedidas ese año en Venezuela.
“La señal de varios canales internacionales disponibles por televisión por suscripción fue eliminada de la oferta por Conatel en el último año, sin mayores justificaciones. La disminución de la limitada oferta de alternativas de medios, sólo beneficia la política de hegemonía comunicacional ejecutada por el gobierno.
“El gobierno forzó a DirecTV a mantener la transmisión de PDVSA TV y Globovisión bajo la amenaza de ser objeto de posibles sanciones. Esta medida tiene lugar en un contexto donde el propio gobierno a través de Conatel es el que arbitrariamente y por motivos políticos ha cerrado canales y restringido la oferta de transmisiones.
“El Estado venezolano como regulador del espectro radioeléctrico puede adoptar medidas para asegurar contenidos de interés público o evitar la reducción de una oferta informativa, pero al imponerlo debe considerar el contexto y las posibilidades de cumplir con sus exigencias.
Ninguna de esas finalidades legítimas se persigue en este caso cuando el Estado, contrariando su deber de proteger al máximo posible la libertad informativa, condiciona la permanencia de una de las cableras con mayor alcance en el país a la transmisión obligatoria de dos canales que se pueden sintonizar por señal abierta o a través de plataformas públicas”. En pocas palabras como dice el refranero popular “a las buenas o a las malas”.
“La potencial salida de esos canales de la oferta de DirecTV no implicaba la pérdida definitiva de estos canales de la oferta televisiva nacional. El Estado venezolano impuso una restricción innecesaria y desproporcionada sobre la libertad de información en perjuicio de la población venezolana”.
Asimismo, la disminución o eliminación en la entrega de divisas para la compra de papel, repuestos e insumos ha sido otra “legal” manera de disfrazar el control de la libertad de expresión en Venezuela ganada en la expresión, convicción y luchas de periodistas como Fabricio Ojeda, Miguel Otero Silva, Ramón J. Velásquez o la pluma contestataria ante abusos e injusticias de Manolo Silva Machado, Rodolfo Argüello, Oswaldo Sotillo o desde el aula de clases en la formación de generaciones de periodistas que en su momento protagonizaron Ignacio de La Cruz, Sergio Antillano o Julio Fernández. Actualmente, otros desde sus trincheras en el periódico, la televisora, emisora o el aula de clase batallan para preservar la libertad de expresión y no ceder a las pretensiones del poder político circunstancial que preferiría el callar de los periodistas imponiendo un “bozal de arepa”.
José Aranguibel Carrasco
