El 3 de junio, el párroco de La Vega, Alfredo Infante, lanzó un pedido desesperado, que nadie escuchó.
Su solicitud de “cese al fuego”, enviada a través de un mensaje de voz, tenía como primer destinatario a los integrantes de las bandas criminales, que desde enero protagonizan un conflicto armado para asumir el control de la parroquia.
El religioso describió a esta zona como un “escenario de guerra”. No es Apure, es parte del Distrito Capital. Contrario a lo que ha sucedido en otras oportunidades, aquí el tiempo pareciera prolongar y acentuar la espiral de conflicto, no mitigarlo. Las ráfagas de armas automáticas se escuchan a toda hora y por doquier, en especial desde las partes más elevadas de la zona montañosa, más allá del sector Las Casitas, donde según fuentes policiales algunos miembros de bandas criminales parecieran estar atrincherados.
En La Vega tienen jurisdicción por lo menos tres cuerpos de seguridad. El municipal, la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional. Los únicos que han intentado ir más allá de la redoma La India son los de la fuerza élite de la PNB. En enero, un primer enfrentamiento cobró 16 vidas. Pero no llevó la tan ansiada calma a los 120.000 pobladores de la parroquia.
La mortandad ha continuado.
El mensaje del religioso fue transmitido poco después del funeral de Diego Alejandro Rivas, un joven de 16 años de edad que falleció luego de ser alcanzado por un proyectil perdido. Poco antes, Blanca Orellana Pérez, de 64 años, también había muerto al ser impactada por otro disparo, propio de un conflicto en el que ella no participaba.
Y así ha sucedido en 2021 con cinco personas que tuvieron la mala fortuna de transitar o vivir en las proximidades del área de conflicto. Por ellos nadie responderá. Allí están los antecedentes. Los decesos de dos hombres como consecuencia de “balas perdidas” durante las intervenciones militares a los penales de El Rodeo (2011) y La Planta (2012) siguen como averiguaciones abiertas. Ambos se creían resguardados en sus viviendas, a distancias prudenciales de los lugares donde detonaban los fusiles.
En líneas generales, el Ejecutivo ha asumido la postura de un espectador más en el conflicto de La Vega. Como si no fuera con él. Esa táctica la hemos visto antes. En 2013, instauraron desde el ministerio de Relaciones Interiores el programa de las zonas de paz. Despejaron áreas completas del país de policías y militares, y entregaron dinero a las “comunidades organizadas”, con la esperanza de que la violencia disminuyera en esas áreas, y en el camino el oficialismo ganara algunos adeptos.
Sucedió todo lo contrario. Para 2015 las zonas de paz eran hervideros de criminalidad violenta. El entonces director de la policía de Miranda, Elisio Guzmán (hoy fallecido), había establecido que estas porciones de territorio tenían las tasas de homicidios más altas. Las consecuencias de esta decisión todavía son padecidas por los habitantes de Barlovento, o quienes transitan por la Troncal 9. Cumbo, por ejemplo, era el epicentro de una zona de paz.
La crisis generada por este programa suscitó un clamor popular para que el gobierno de Maduro hiciera algo en materia de seguridad ciudadana. Es decir, otra cosa. Abandonaron formalmente el programa y se fueron al extremo contrario. La “mano dura” tuvo el nombre de Liberación del Pueblo (OLP). Según la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michele Bachelet, fueron documentadas por lo menos 505 ejecuciones extrajudiciales en el curso de estas operaciones, que comenzaron formalmente muy cerca de La Vega, en julio de 2015.
Seis años después de iniciadas las OLP, La Vega ha pasado a ser la parroquia más violenta de Caracas. El Gobierno lo sabe. En mayo, fueron verificados 11 homicidios y 18 reportes de lesiones personales. Con 29 víctimas, superó a Sucre, que tradicionalmente ha sido el sitio más violento de la capital. El móvil más frecuente en estos hechos de sangre ha sido el “ajuste de cuenta”, pero también hay una porción importante de casos en los que los peritos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas no han encontrado ninguna explicación. Esto solo anuncia más impunidad.
En las últimas horas, el oficialismo ha pasado de la indiferencia a los señalamientos de que los tiroteos en La Vega serían auspiciados por la oposición. Esto no es nuevo. Lo mismo dijeron a propósito de las “fiestas de plomo” instauradas en mayo de 2020 por la banda de Wilexys Acevedo en José Félix Ribas (Petare). Luego, la Policía Nacional y la Guardia Nacional intentaron sin éxito una razzia en todas las zonas del barrio. Hubo por lo menos quince muertes. Pero Acevedo todavía continúa mandando en el lugar.
Según fuentes del MRI, desde mayo el Gobierno desarrolla una investigación en calle ciega, para comprobar que toda la logística mostrada por las bandas de La Vega proviene de un “financiamiento externo”. No son las extorsiones de las que se quejan prácticamente todos los comerciantes y conductores de transporte público en la parroquia; no es el tráfico de drogas ni el respaldo de la megabanda del Coqui. Los drones, radios de comunicación y armas largas serían el resultado macabro de un acuerdo con Guaidó.
Tal parece entonces que La Vega se aproxima a una nueva OLP. Desde luego, no tendrá ese nombre, ni será “humanista”. Por el contrario, solo ofrecerá más violencia a una comunidad que se encuentra atrapada entre dos fuegos: los de las bandas y los de las policías, tal y como lo advirtió el padre Infante.
PS: dos días después de la publicación de esta primera entrega (en Tal Cual y Runrunes), el sábado 12 de junio, la parroquia fue tomada por agentes de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES). Como era de esperarse, la titular de Relaciones Interiores, almirante en jefe Carmen Meléndez, aprovechó para señalar que el propósito de la operación era la “liberación y protección” de los pobladores. Hubo 38 detenidos y ningún muerto, algo notorio si se toma en cuenta la disposición a combatir mostrada por los miembros de las bandas criminales que habían tomado posiciones en las partes más altas de la montaña, con trincheras que fueron tomadas de forma incruenta. En las fotos mostradas por la propaganda oficial, llama la atención que ninguno de los detenidos mostrase en sus ropas la suciedad propia de la prolongada permanencia en estrechas zanjas de tierra. En la tarde del sábado, mientras Meléndez hacía su particular balance, el párroco Infante envió un nuevo mensaje: “Hoy, a diferencia de otras ocasiones, este despliegue policial fue anunciado por las instancias competentes en materia de seguridad, y eso es un paso importante”. Eso explicaría por qué casi no hubo refriega. Ahora, queda pendiente la tarea más difícil, como es la superación del colapso de los servicios públicos y de salud, observada nuevamente por el religioso. Para esto, no bastará una operación policial de medio día.
@javiermayorca crimenessincastigo.com
