Las organizaciones criminales y guerrilleras que controlan vasta cantidad de territorio en los estados fronterizos venezolanos están en vías de extender sus operaciones a la vecina Colombia, en lo que amenaza con recrudecer la violencia en el vecino país, concluye un informe elaborado por el centro de investigaciones The Risk Awarenes Council.
El fenómeno se produce en momentos en que éstas redes ilícitas, asociadas con elementos corruptos de las fuerzas armadas venezolanas, utilizan el control que ejercen sobre el territorio nacional para facilitar la exportación de drogas y el contrabando de oro, coltán y otro minerales, resalta el estudio.
Es un proceso que gradualmente ha disuelto la autoridad del Estado sobre vasta cantidad de territorio venezolano y que ahora amenaza con extenderse hasta Colombia, dijeron los autores del estudio.
“En la frontera colombo venezolana emerge el riesgo de un conflicto de nueva generación, que no necesariamente enfrentaría formalmente ambas naciones, pero sí, a fuerzas regulares e irregulares que comparten o defienden sus soberanías o territorios”, advierte el informe.
Por el momento, el fenómeno de la violencia se ha estado manifestando principalmente en el estado venezolano de Apure, donde enfrentamientos armados por el control de las rutas de droga dejaron un saldo de decenas de muertos, cientos de heridos y más de 6,000 desplazados.
Pero la dinámica registrada hasta ahora apunta a extender la “zona gris” bajo control de las organizaciones criminales hacia el territorio colombiano en la medida en que las redes ilícitas comiencen a ampliar sus nexos con los proveedores de droga en el vecino país
“Estas actividades que se están desarrollando están orientadas a acentuar la fragmentación del Estado y la disolución de la frontera para fundir un espacio territorial que conecte a Colombia con Venezuela”, explicó el consultor en Seguridad y Riesgos Emergentes, Alberto Ray, quien es uno de los coautores del estudio.
Ese proceso de expansión busca establecer un asidero de pie dentro del territorio colombiano para luego expandirse a otras regiones del vecino país, a fin de acceder con mayor facilidad y seguridad las rutas conocidas del narcotráfico, agregó.
“El objetivo es conectar a Venezuela de una manera segura a Venezuela con la Costa del Pacífico en Colombia, que es donde más se cultiva coca, además de crear un corredor hacia Ecuador, que crearía una puerta de entrada para una ruta al resto de Sudamérica”, sostuvo Ray.
ZONA GRIS
Las redes ilícitas han venido disolviendo el Estado venezolano en la frontera a través de un proceso de fragmentación que busca poner al territorio al propósito de ponerlo al servicio en un modelo de explotación criminal de sus recursos, señaló el documento
La dinámica es apoyada por integrantes de las fuerzas armadas venezolanas, quienes se han asociado con integrante del Ejército de Liberación Nacional (ELP) y la llamada disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia — Ejército del Pueblo (FARC-EP) para servir como operador logístico de múltiples negocios vinculados con la producción y distribución de cocaína y la extracción de oro y otros minerales estratégicos.
El proceso ha estado avanzando con la bendición de la máxima cúpula del régimen de Nicolás Maduro, que entrando en sociedad con los grupos irregulares ha logrado hacer converger los intereses de una variedad de actores en una red de redes ilícitas.
Entre los actores aliados más cercanos al régimen se encuentra las FARC-EP, constituidas en 2019 en una organización independiente denominada Segunda Marquetalia y cuyo espacio de acción está en la franja fronteriza colombo-venezolana del estado Apure, dijo el estudio.
GUERRILLA Y MEGABANDAS
“Desde allí, y en alianza con la FANB, este grupo coordina operaciones de gran escala para el tráfico de cocaína hacia Centroamérica y El Caribe. Las estimaciones de la DEA señalan que pasan a través de estas redes criminales – militares con operación en Venezuela, alrededor de 250 toneladas de cocaína por año”, resaltó el documento.
Paralelamente, otros grupos irregulares armados, como el Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN) y la megabanda venezolana de crimen transnacional conocida como el Tren de Aragua, se disputan el negocio del narcotráfico en la franja fronteriza, en acuerdo con el régimen venezolano que funge como “gran controlador” de los espacios y los negocios ilícitos, agregó el estudio.
Las operaciones realizadas en conjunto por el ELN y el Tren de Aragua se extienden desde la península Goajira con salida al Mar Caribe, en la sección norte de la frontera con Colombia, hasta la confluencia del río Vichada con el Orinoco, al sur de Puerto Ayacucho en el estado Amazonas.
Otro tema de preocupación identificado por el informe son las extensas labores de reclutamiento de jóvenes venezolanos y colombianos por parte de los grupos irregulares.
En particular el ELN, que con el consentimiento de los militares venezolano está complementando sus operaciones de droga con una estrategia más amplia, que va desde el suministro de insumos para la industria del oro y protección de zonas mineras en el estado Bolívar, hasta la operación de campos de formación y entrenamiento militar en territorio venezolano.
Antonio María Delgado/ El Nuevo Herald
