La nueva ley aprobada en primera discusión sobre las ciudades comunales, es parte de un paquete legislativo que viola la Constitución y reedita el proyecto de reforma Constitucional que el pueblo negó en el referéndum de reforma de la ley suprema en el año 2007.
Se trata de crear un Estado paralelo a la Constitución, que desdibuja al municipio, solapandolo con una entidad marxista, que tiene como único objetivo concentrar más poder en Maduro y el PSUV. Reedita aquello de “todo el poder a los soviet” y enfrenta el derecho a la propiedad privada con la propiedad comunal. En la China de 1959 Mao decretó las comunas y 17 años después terminaron suprimiéndolas. La hambruna se apoderó a tal punto de la población que los chinos para sobrevivir tuvieron que comerse entre ellos reeditando la antropofagia.
El todavía proyecto deja en entredicho la estructura municipal encabezada por un alcalde, y le quita también fuerza a las gobernaciones, que en las ciudades comunales tendrán un contrapoder. Añade mucha más burocracia a la vida pública y en materia económica significa un ir en la dirección de desangrar aún más a la nación, con los gastos que se generarán. Especialmente cuando se trata del Consejo Económico y el de Planificación como parte estructural de las ciudades comunales. Aquí se vuelve a la política de poner el proceso productivo en manos de un Estado corrupto e ineficiente responsable de la quiebra nacional, de la hiperinflación y de que casi todo, menos los salarios públicos, tenga que pagarse en dólares.
El nuevo proyecto de ley acaba también con el pluralismo, obligándonos a adoptar el socialismo como sistema, e insiste con la Universidad Comunal en imponer un pensamiento único. Si con la inmensa concentración de poder no han podido, es ridículo pensar que acrecentándolo van a lograr algo, cuando lo que tendrían que hacer es darse cuenta que la única posibilidad de rectificación pasa por devolver todo a sus dueños naturales y darles plena confianza y seguridad jurídica a los emprendedores. De la misma manera, la ley recuerda las políticas de estatización, expropiación, confiscación y compra, que transfirió miles de empresas privadas al gobierno, que fueron quebradas y desfalcadas en el corto plazo. Para mencionar una sola de ellas, bastaría el caso emblemático de Agropatria.
Algo similar ocurre con las universidades nacionales, se centraliza mucho más el poder cuando las mismas denominadas como “autónomas”, no podrán ni siquiera cancelar los salarios a sus profesores, que serán incorporados al “sistema o monedero patria”. El que paga manda es lo que está implícito. Mientras tanto, hay que reconocer que las universidades privadas siguen dando el ejemplo, y son la otra cara de la moneda en medio de la pandemia.
Lamentablemente, la ley de las ciudades comunales reafirma que no existe ninguna voluntad de cambio por parte del régimen, y que la única opción es cambiarlo, con la unión de la alternativa democrática y un plan que tenga como norte revocar a Maduro para terminar con la larga pesadilla.
@OscarArnal
[email protected]
