El empresario colombiano Álex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, asegura que el gobierno de Cabo Verde lo detuvo por “presión” de EE UU y no por una solicitud cursada por la Interpol en su contra.Artículos Destacados
“Mi detención ilegal tiene una motivación totalmente política y es patético que el gobierno de Cabo Verde haya doblado la rodilla ante EE UU”, declara a Efe Saab, de 49 años de edad, en una entrevista hecha con cuestionario remitido por escrito desde su cautiverio en Sal, donde solo tiene acceso telefónico a su familia y sus abogados.
El nombre del empresario dio la vuelta al mundo en junio de 2020, cuando fue arrestado, por sorpresa, mientras su avión hacía escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amílcar Cabral de la isla caboverdiana de Sal.
El gobierno y una corte del país africano aprobaron la entrega del supuesto testaferro, nombrado por Venezuela “enviado especial” y “representante permanente adjunto” ante la Unión Africana, si bien este apeló ante el Supremo Tribunal de Justicia de Cabo Verde.
Con todo, el empresario deposita sus esperanzas en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao), que este mes debe fijar posición sobre su extradición y que ya a finales de 2020 falló a favor de su arresto domiciliario, que las autoridades caboverdianas acataron muy a regañadientes.Anuncios
“No he cometido ningún delito”, afirma Saab, que empezó su carrera en Barranquilla (Colombia) vendiendo llaveros de promoción y ahora guarda relación con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de tapar los sobrecostes del programa CLAP del régimen de Maduro para suministrar alimentos a los desfavorecidos.
Advirtió que no colaboraría con Estados Unidos de ser extraditado a ese país por aprobación de Cabo Verde.
—Casi nueve meses desde su detención en Cabo Verde, ¿cómo se encuentra al pasar de la prisión al arresto domiciliario?
—Para ser sincero, nada ha cambiado en realidad. Estoy bajo arresto domiciliario solo de nombre. Estoy vigilado por 50 guardias armados, mis abogados son registrados cuando vienen y cuando se van, mis frascos de medicamentos son vaciados, incluso cuando son nuevos y están cerrados. Si salgo al jardín, la Policía Nacional sigue todos mis movimientos con drones. No se me permite el acceso a Internet y si quiero hablar con mi familia, debo hacerlo con un móvil suministrado y vigilado por la Policía Nacional.
—Usted requirió la detención domiciliaria por varios achaques. ¿Ha mejorado su salud con ese cambio?
—En una palabra, no. Cabo Verde sigue negándose a dejarme acceder a los médicos especialistas de mi elección, incluso a costa mía. Con tantos guardias armados a mi alrededor estoy muy estresado. El juego caboverdiano de la tortura psicológica, iniciado en la cárcel, continúa bajo este falso arresto domiciliario. Los guardias están continuamente apuntando sus armas al alcance de mi oído y temo que solo hace falta un error, un error de cálculo por su parte, un dedo picado y quién sabe lo que puede pasar.
—Venezuela sostiene que usted es “venezolano”, algo desconocido en público cuando ocurrió su detención. ¿Tiene doble nacionalidad?
—No estoy seguro de por qué mi ciudadanía tenía que ser “públicamente conocida”. No soy un funcionario público, ni deseo ser una figura pública. Nunca he buscado la fama ni el reconocimiento público y tampoco lo hago. Me siento honrado de haberme convertido en ciudadano venezolano y, como he declarado en varias ocasiones, estoy orgulloso de mis raíces de Barranquilla, así como de mi herencia libanesa/palestina. Soy ciudadano tanto venezolano como colombiano.
—¿Cómo empezó usted a trabajar con el gobierno de Maduro? ¿Conocía a Maduro antes de ser presidente de Venezuela?
—Conocí al presidente Maduro cuando era ministro de Asuntos Exteriores con el presidente (Hugo) Chávez. Comencé a trabajar con departamentos de la República Bolivariana de Venezuela durante la época del presidente Chávez. A partir de la construcción en 2011 de un proyecto de viviendas sociales, he podido demostrar que puedo entregar proyectos importantes a tiempo y dentro del presupuesto. La experiencia que adquirí mientras gestionaba y organizaba la logística que implicaba el contrato de viviendas sociales fue reconocida por el gobierno del presidente Maduro y se nos adjudicó nuestro primer contrato para convertirnos en proveedores del programa de alimentos de bienestar social del gobierno en 2015.
—Desde que fue detenido en Cabo Verde, ¿ha hablado con Maduro?
—No he hablado con el presidente Maduro, pero estoy encantado de haber recibido a través de los canales oficiales un mensaje de apoyo y ánimo que agradezco.
—La exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz le acusó a usted en 2017 de ser un presunto “testaferro” de Maduro en relación con la empresa Group Grand Limited (GGL). ¿Qué tiene que decir al respecto?
—Siempre es triste que quien se ha beneficiado tanto de un país, como la exfiscal, se vuelva ahora contra ese mismo país por lo que solo puedo suponer un error de cálculo político. Es una persona irrelevante y cada vez más busca hacer afirmaciones sin fundamento solo para mantenerse en el candelero.
—EE UU también alega que usted es “testaferro” del presidente Maduro y le acusa de haber lavado junto a su socio, Álvaro Pulido, hasta 350 millones de dólares. ¿Qué responde ante esa recriminación?
—Desde mi imputación y designación en julio de 2019, Estados Unidos no ha presentado ni una sola prueba que sustente las acusaciones que se han hecho. Ni una sola. Las únicas pruebas consisten en insinuaciones y medias verdades que provienen de testigos desacreditados que recibieron a cambio la ciudadanía estadounidense. En cuanto a la cifra de 350 millones de dólares, mi equipo de defensa ha reunido una poderosa refutación de las acusaciones y sé que, si llega el momento, podremos desestimarlas con contundencia.
—¿Cree usted que la demanda de extradición es un ajuste de cuentas de Estados Unidos con el presidente Maduro?
—El hecho es que Cabo Verde no podía ni debía detenerme. Yo era (y sigo siendo) un Enviado Especial de la República Bolivariana que realizaba una Misión Especial humanitaria para adquirir alimentos básicos, medicinas y equipos médicos muy necesarios para el pueblo de Venezuela. Por lo tanto, gozaba de inmunidad e inviolabilidad, tal y como establecen las leyes centenarias que rigen la circulación de los diplomáticos y agentes políticos.
Mi detención ilegal tiene una motivación totalmente política, y es patético que el gobierno de Cabo Verde haya doblado la rodilla ante la voluntad política de Estados Unidos en lugar de preservar su propia dignidad y negarse a participar en esta farsa de extralimitación judicial por motivos políticos.
—¿Considera usted que Cabo Verde actuó bajo presión de EE UU?
—Sí, por supuesto. Es claro e inequívoco.
—El gobierno de Donald Trump solicitó su arresto. ¿Qué espera de la Administración de Joe Biden?
—El presidente Biden anunció que “¡América ha vuelto!”. Que Estados Unidos está preparado para volver a ocupar su asiento en la mesa de las naciones que respetan el Estado de derecho y sus obligaciones internacionales. Los hechos hablan más que las palabras, así que solo puedo esperar que los hechos del presidente Biden estén a la altura de sus palabras.
—Si el Tribunal de la Cedeao fija posición en contra de su proceso de extradición, ¿confía en que Cabo Verde cumpla ese fallo?
—Si con la ayuda del Todopoderoso, el Tribunal de la Cedeao falla de esta manera, solo puedo rezar para que el actual régimen de Cabo Verde lo tome como una oportunidad para salvar lo que queda de la fachada de “una democracia africana modelo” y se libere del hechizo político lanzado por el régimen de Trump y honre tal decisión.
—De aprobar Cabo Verde finalmente a su extradición a EE UU, ¿estaría dispuesto a colaborar con la Justicia estadounidense?
—No, no colaboraría con Estados Unidos. Sin embargo, permítame ser muy claro. No he cometido ningún delito. Mis abogados y yo lucharemos, si es necesario, en todos los tribunales para demostrarlo con todo el apoyo de Venezuela. El único culpable aquí es Estados Unidos, que ha orquestado una campaña de hegemonía política contra Venezuela.
EFE
