El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, responsable de lanzar a la deriva en aguas del mar caribe a 16 niños venezolanos en su guerra contra los venezolanos que huyen del hambre y la persecusión impuesta en Venezuela por el régimen, denunció a la OEA de un amedrentamiento en su contra por rechazar las políticas de EEUU en apoyo del dictador Nicolá Maduro.
Rowley emitió a través de las redes sociales una escueta declaración sobre los acontecimientos relacionados con los niños venezolanos, que habían entrado de forma ilegal a Trinidad y Tobago, aunque el mandatario se adentró más en la parte política que en la meramente humanitaria.
Rowley se refirió al presidente de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, a quien atribuyó, junto a otros funcionarios, el haber declarado la guerra, prácticamente, a Trinidad y Tobago por no apoyar un cambio de régimen en Venezuela.
“Trinidad y Tobago se encuentra actualmente bajo el último asalto, utilizando personas anónimas, sin rostro, armadas con niños inocentes, para tratar de obligarnos a aceptar su comprensión del estatuto de refugiado”, indicó el primer ministro.
Dijo en rueda de prensa que están utilizando con fines políticos a los 16 menores venezolanos, acompañados por algunas madres, que fueron deportados de forma inhumana y con saña desde el país caribeño. Los niños y sus madres fueron rfegresados a terrritorio insular luego de 48 horas de incertidumbre en las que no se conoció el paradero de la embarcación. Inmediatamente en tierra fueron encerrados en una celda por órdenes del socio del narcorégimen venezolano.
Sostuvo además que se espera que una pequeña nación insular de 1,3 millones como es Trinidad y Tobago abra sus fronteras a un vecino -Venezuela- de más de 30 millones de personas, incluso durante una pandemia como la de la covid-19.
Recordó que Trinidad y Tobago ha cerrado sus fronteras, incluso, para sus propios ciudadanos durante la pandemia y que se resistirá con todos los esfuerzos ante quienes están empeñados en forzar la apertura de las fronteras la inmigración ilegal.
Resaltó que bajo la rúbrica de “humanitaria” se pretende forzar a Trinidad y Tobago a aceptar inmigrantes de naturaleza económica y soportar la acción de traficantes de personas bajo la excusa de que se trata de refugiados.
Rowley recordó además que Trinidad y Tobago facilitó el registro de 16.000 venezolanos durante los últimos meses.
Terminó apelando, no obstante, a la solidaridad de la población de Trinidad y Tobago para con los inmigrantes.
Respecto a la situación de los 16 niños venezolanos, un juez del Tribunal Superior ordenó la liberación inmediata del grupo de un centro de detención de inmigrantes en el helipuerto de la Guardia Costera en Chaguaramas, en el norte de la isla de Trinidad.
La jueza Joan Charles ordenó la liberación del grupo tras alegar que las leyes y políticas de inmigración de Trinidad y Tobago no prevén la detención y deportación de niños.
Como los menores debían ser puestos en libertad bajo la custodia de familiares, Charles también tuvo que ordenar la puesta en libertad de sus madres, que también estaban detenidas en espera de la deportación, según detallan medios locales.
La prensa de Trinidad y Tobago indica que los niños, que tendrían familiares registrados en ese país, fueron detenidos en el sur de la isla de Trinidad.
La detención de los menores se produjo cuando se esperaba que los niños fueran entregados a la custodia de sus padres o parientes.
Los medios de Trinidad y Tobago subrayan que distintas fuentes señalaron que los representantes legales del Estado Mayor de la Defensa afirmaron que la decisión de liberar a los menores y sus madres puede servir para alentar más inmigración ilegal desde Venezuela.
Los representantes legales de los menores indicaron que la situación debía rectificarse, ya que además de ser un acto de crueldad podía afectar la reputación internacional del país.
La decisión en el caso se tomó horas después de que el ministro de Seguridad Nacional, Stuart Young, destacara que los menores fueron conducidos a unas instalaciones preparadas como parte de los esfuerzos del Gobierno para abordar la inmigración ilegal de manera humana y segura.
Young también señaló que la instalación se construyó con la ayuda del Gobierno de Estados Unidos.
Los niños estuvieron representados por los abogados Criston Williams, Jerome Riley y Kerrina Samdeo, mientras que Neal Byam estuvo al frente de la Fiscalía General.
Los menores venezolanos fueron deportados durante el fin de semana pasado, aunque ayer regresaron a Trinidad y Tobago después de días en el mar en paradero desconocido.
Los menores, el más joven un bebé de 4 meses, llegaron a primera hora de la tarde del martes a la playa de Los Iros, cerca de la localidad de Erin.
Los medios de Trinidad y Tobago recogen hoy testimonios de la dramática llegada de los niños, de vuelta, al país.
Young matizó que este caso puede repercutir en el problema del tráfico ilegal de personas.
También cuestionó que el caso pudiera definirse técnicamente como deportación, tras matizar que enviar de regreso a su tierra natal a extranjeros no es necesariamente una deportación.
“Hay casos en los que se trae a personas, luego se puede tomar su información y se les devuelve. Eso puede no incluir la deportación. No estoy seguro de qué sucedió en este caso, así que no quiero especular”, agregó.
“Tengo entendido que lo que sucedió allí es que fueron escoltados a través de las fronteras”, concluyó.
La prensa local difunde abundante material gráfico de la vuelta de los menores a Trinidad y Tobago, mientras que en las redes sociales se “cuelgan” videos con imágenes poco claras de niños en los que pudiera ser un centro de detención.
EFE
