Para los venezolanos, la presencia de Jaime Galvis Rivera, alias “Ariel”, en una bien custodiada hacienda, La Chirioca en la zona del Nula del estado Apure, parece no importarles. Pero quién es este personaje y porqué su presencia tiene implicaciones que preocupan a los gobiernos de Estados Unidos y Colombia.
Galvis es el nuevo poder militar y financiero del Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Según una información publicada el 26 de julio de 2020 por el diario El Tiempo de Bogotá: “En los últimos meses, alias Ariel ha empezado a cobrar relevancia en las investigaciones que agencias del Estado vienen adelantando en torno a las actividades del ELN… Informantes desmovilizados lo identifican y aseguran que ha empezado a acumular tanto poder que alias Pablito (Pablo Beltrán) -el más beligerante miembro de la cúpula de esa guerrilla – sigue sus órdenes”.
Otro hecho que comienza a preocupar, es la encerrona judicial que el ex presidente Juan Manuel Santos y los comunistas aliados adelantan contra el ex mandatario Álvaro Uribe Vélez. Denuncia la columnista Vicky Dávila en su trabajo, Álvaro Uribe, del 1 de agosto de 2020 en la revista Semana: “La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos la decisión más compleja de los últimos tiempos en Colombia por sus repercusiones políticas ¿Álvaro Uribe Vélez, el político más potente del país, debe enfrentar libre o preso el proceso que le siguen por supuesta manipulación de testigos?… Esta semana no hubo acuerdo de los cinco miembros, dos contemplaron dictarle la medida de aseguramiento al ex presidente, el ponente César Reyes, era el de la línea más dura… Hubo un indeciso. Otros dos magistrados se opusieron rotundamente a cualquier medida…”
El ponente boyacense es acusado de tener vínculos contractuales con la esposa del acusador Iván Cepeda, Pilar Rueda (ahora asesora con un contrato anual de $204 millones de pesos a la Junta Especial para la Paz –JEP-), a través de una firma de abogados que trabajo con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USID), durante el proceso de paz en Cuba. Por esta razón, la magistrada, Cristina Lombana, solicitó su exclusión del caso.
La columnista aduce que los adversarios de Uribe se han empeñado “en destruirlo a como de lugar…Como en el plano político ha sido imbatible, la táctica para vencerlo ha sido una sofisticada mezcla de campañas de desprestigio con denuncias penales”. Entre los beneficiados por su detención están las Farc, ampliamente favorecidos por los acuerdos de paz de La Habana. “Lo que siempre han soñado. Un sistema perverso ellos libres y Uribe preso… Ellos querían la paz con Santos para hacerle la guerra a Uribe, cómodamente y desde el Congreso. Camuflados en la legalidad que les otorgó el proceso”.
A los desprevenidos colombianos y analistas políticos, que no entienden que los dictadores de Moscú, La Habana y Caracas tienen la vista puesta en su país, ambos hechos parecen no importar. Ocurre que Ariel, según el informe de investigación de El Tiempo: “…Junto a Pablito habían diseñado el atentado terrorista que cobró la vida de 19 cadetes de la General Santander, en Bogotá…”También “…Se corroboró que fue el cerebro del atentado a la estación de Policía en Barranquilla, en 2018, matando a cinco uniformados”. Además de estar en la clandestinidad, ha mantenido la línea beligerante con el apoyo del ilegítimo gobierno de Nicolás Maduro, en Venezuela, a diferencia de la postura política del Comando Central (Coce) que permanece en La Habana y que Colombia pide en extradición.
Luego del 30 de abril de 2019, Maduro acentuó su desconfianza en el ala militar que lo mantiene en el poder, y esa situación lo impulsó a explorar alternativas de defensa de la revolución con el ELN y las Farc. Lo corrobora, el video público de Álvaro Díaz Tarazona, alias Fujimori, jurando lealtad a Maduro. “Ariel”, según El Tiempo, “Es el gran financista del Frente de Guerra Oriental y maneja desde rentas ilegales de la coca, pescado, leche, hasta el oro que sale del Arco Minero”.
Aunque Pablito aparenta distanciamiento del ala militar del ELN, en reciente intervención en “Aula Libre” de la Universidad Nacional dijo: “La situación de Colombia ha madurado para que en el 2022 haya un gobierno de corte progresista. Eso es real. La fuerza progresista que se opuso a Iván Duque en 2018 sacó el 44% de la votación… Nosotros tener un gobierno de corte progresista es tener un interlocutor válido para un proceso de paz… El progresismo llegará al poder en 2022 aseguró al medio Cuba Debate”. Esta declaración la fundamenta en el supuesto apoyo de grandes sectores y coincidió con la reciente visita a La Habana de Gustavo Petro, que disfrazó con una supuesta revisión médica para descartar un cáncer.
La justicia en Colombia hace de las suyas. El congresista comunista, Iván Cepeda, ha sido acusado de financiar falsos testigos para acusar a Uribe y de tener a su esposa como asesora de JEP y por su denuncia investigan a Uribe. Igual ocurrió con el ex candidato de la izquierda y ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, a quien filmaron recibiendo una comisión en efectivo y se le acusó de corrupción por el alquiler de camiones viejos para el aseo urbano, pero luego de negociar en la segunda vuelta presidencial con Santos, las investigaciones fueron archivadas. Al desmovilizado y ahora activo, líder de las Farc, Jesús Santrich se le comprobó sus vínculos con el narcotráfico entre 2017-2018 y la JEP lo absolvió para evitar la extradición a Estados Unidos, fue puesto en libertad y huyó para unirse a la disidencia de su grupo, ahora está en Venezuela, protegido por Nicolás Maduro.
Mientras Venezuela se convierte en el santuario de las Farc y el ELN y el narcoterrorismo internacional; la Colombia de Iván Duque refleja una gestión productiva positiva, pero débil para enfrentar la amenaza de la insurgencia y ser permisivo con el viciado poder judicial y con sus actos evidentemente parcializados, al punto que su principal aliado, Álvaro Uribe, está a punto de ser encarcelado. Hecho este que puede abrir el espacio para que el comunismo internacional, con sus estrategias de penetración de vieja data como lo advirtió Rómulo Betancourt, tome el poder, gracias a los espacios de participación otorgados por las democracias occidentales, a su pasividad y su burocracia diplomática.
Para Santos y sus aliados, Uribe debe salir del juego político. En primer lugar, es paisa y rompió con el monopolio en el poder de los cachacos que dominan la política colombiana desde la independencia. Su labor presidencial le hizo el favor a la inoperante dirigencia tradicional, estabilizó al país, demostrado con los indicadores económicos, la recuperación de la institucionalidad, la derrota militar a la guerrilla y el paramilitarismo; eso le permitió salir con más del 60% de aceptación.
Su gran equivocación, apoyar a su traicionero y corrupto ex ministro de la Defensa, Santos, un sucesor de familia de políticos liberales (Eduardo Santos 1938-1942) corresponsables de la eterna violencia nacional y oscuras alianzas; a pesar del crecimiento de la corrupción en su gobierno no es acusado de ningún caso. La dinámica de los intereses rancios es facilitar el narcotráfico como negocio y arma geoestratégica, y a la participación pública de quienes abusaron de los derechos humanos y no quieren pagar por sus pecados, a lo cual se opone el ex mandatario antioqueño, por eso debe eliminarse.
@hdelgado10
