Esta semana la protesta laboral se acentúa en todo el territorio nacional al cumplirse el segundo aniversario del apocalipsis del salario de los trabajadores venezolanos, ya que en realidad el “Programa de recuperación de la estabilidad monetaria, fiscal, de la estabilidad del sistema de precios, de la senda de la producción y del crecimiento sostenido, sustentable de las fuerzas productivas, con el que se recuperaría el poder adquisitivo” impuesto unilateralmente el 19/08/2018 por el autodenominado “presidente obrero”, fulminó el pasado, presente y futuro del trabajo en nuestro país.
Al situar en el Inframundo de la miseria el poder adquisitivo de cualquier trabajador, al significar 400.000 bs soberanos tan sólo 1,2 dólares mensuales, lo que sitúa a nuestro país en el último escalón de las remuneraciones a nivel global, si lo comparamos en América Latina con Cuba referencia ideológica del régimen donde el salario mínimo es de 20 $ mensuales, con Nicaragua 100 $ y Haití 30 $ y en el caso de Nigeria y Yemen los países más pobres de África y Asia, el ingreso diario es de 1,9 $ diarios.
Ahora bien, veamos la distribución de la remuneración al trabajo en nuestro país, que reafirma lo planteado por el valioso informe ENCOVI 2019-2020 de la UCAB, en materia de pobreza con 96,3 % a nivel nacional, con lo cual se puede calificar de explotación histórica de los trabajadores, a nivel de la época de la esclavitud, ya que el ingreso percibido no alcanza siquiera para la sobrevivencia, al requerirse 200 salarios mínimos para adquirir la canasta básica constitucional (art. 91) cuyo valor actual es de 110 millones de bs. Soberanos.
Comencemos por los trabajadores del sector público (obreros, empleados, profesionales y profesores universitarios, trabajadores de empresas básicas), son los más depauperados, sus remuneraciones oscilan entre 1,3 $ y 20 $ mensuales, con el agravante que en octubre 2018 el Ejecutivo Nacional impuso un memorando el 2792 a través del MINTRA, que engavetó indefinidamente todas las negociaciones colectivas en las instituciones públicas, para una población laboral aproximada de 2.5 millones de trabajadores, que ha ido disminuyendo paulatinamente con la diáspora.
Si vamos al sector privado de la economía, que registra una cantidad aproximada de 3 millones de trabajadores, en este sector se ha mantenido la contratación colectiva, aun cuando conocemos que la tasa de sindicalización es de 1/3 de la del sector público, acá la remuneración ha sido más dinámica ya que el empleador privado supera con creces el salario mínimo, se podrá encontrar a un vigilante de un centro comercial devengando la misma cantidad que un profesor titular de una universidad pública. Aun cuando la remuneración al trabajo todavía es distante de los 230 $ de la cesta alimentaria y de la cesta básica de bienes y servicios de 330 $, incluso estos ingresos son disimiles y a titulo discrecional del empleador, al ser la remuneración al trabajador mixta, en bolívares, divisas y bolsas de comida.
Entre tanto, el sector Informal aún más afectado con la pandemia oferta sus servicios en divisa extranjera, ante un bolívar soberano desaparecido, siendo la moneda circulante el $ para toda transacción de venta de productos, alimentos, generando una especulación general que disuelve aun más el poder adquisitivo del trabajador formal.
El sector de los jubilados y pensionados que agrupa a 4 millones de ex trabajadores quienes reciben pensión del IVSS, o de planes de jubilación contractuales del sector público y de la pensión amor mayor, sobreviven en condiciones infrahumanas con ingresos similares al salario mínimo sin pago de cesta ticket.
Finalmente, los desempleados alrededor de 4 millones de trabajadores que deambulan entre la economía informal por trabajos eventuales y la precariedad absoluta, solo sobreviven a la espera de los bonos limosnas del Estado, los cuales son distribuidos también a la dislocada estructura salarial indicada anteriormente, subsistiendo en la penuria más abyecta por la miseria que se grafica en gente comiendo de la basura en calles y avenidas del territorio nacional.
Ante esta calamidad que afecta a la población venezolana la única explicación que publicita el estado gendarme, es el bloqueo económico y las agresiones de las potencias imperiales, relato injustificable de una gestión que condujo a la población, al destino más miserable a nivel global.
Una de las tareas esenciales al restablecer el estado de derecho es promover políticas económicas que recuperen la adecuada remuneración al trabajo digno, en equilibrio frente a la remuneración del capital que permitirá reconstruir el empleo formal y la reconstrucción de los servicios públicos: Agua, Electricidad, Gas, Telecomunicaciones, Transporte, Internet, Salud, Educación, Infraestructura Vial, competencias de un Estado de poderes públicos autónomos y de un gobierno ciudadano y democrático.
Froilán Barrios Nieves
