La Alta Comisionada de la ONU para los DDHH (Acnudh), Michelle Bachelet, denunció arrestos ilegales, violaciones de las garantías procesales y ataques de grupos civiles armados a opositores y periodistas en Venezuela, además de la presunta ejecución de 38 jóvenes a manos de las fuerzas de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro, en un nuevo informe presentado.
El documento distribuido a la prensa que aborda la situación de los DDHH en la República Bolivariana de Venezuela abarca el período entre junio de 2019 y mayo de 2020, e incluye los resultados de la investigación de las denuncias de violaciones de los derechos a la vida, la libertad y la integridad de las personas.
El documento se centra en su “Introducción” la aguda crisis política en el país y “la persistencia de las tensiones entre el Gobierno y la oposición” que pese a “los esfuerzos desplegados a nivel internacional y nacional” no ha podido concluir en “una solución negociada y comprensiva”.
En el capítulo siguiente, “Los derechos económicos y sociales”, el documento resalta que los venezolanos siguen padeciendo violaciones en este campo “debido a la prolongada y multifactorial crisis social y económica”, exacerbada por “el aumento de las sanciones económicas y financieras”, de las que el país es objeto.
Estas sanciones, señala el texto en el punto 9 -donde menciona el decreto de agosto de 2019 por el que EEUU ordena bloquear los bienes e intereses financieros de Venezuela- han mermado “recursos que podrían haberse utilizado para proteger más adecuadamente los derechos económicos y sociales y hacerlos plenamente efectivos”.
La falta de recursos para atender estos derechos es atribuido también a la reducción de la capacidad de producción de petróleo de la empresa PDVSA, principal fuente de recursos del país, una merma que vincula a la corrupción, la mala gestión y también a las sanciones contra el sector petrolero.
El punto 13 del documento se centra en la imposibilidad del 59% de los hogares de comprar alimentos, ya que el sueldo mínimo -estimado en 2,33 dólares mensuales- cubre solo el 1,1% de la canasta básica.
En el capítulo 3, “El espacio democrático y cívico”, el Acnudh denuncia restricciones a la libertad de opinión y expresión, a la de reunión y asociación pacíficas y al derecho de participación en los asuntos públicos“.
El texto subraya también que durante el período que abarca la investigación fueron documentados ”ataques de grupos civiles armados (denominados colectivos armados) contra opositores políticos, manifestantes y periodistas“ y denuncia que ”las fuerzas de seguridad no hicieron nada por impedir esos ataques“.
También menciona un ataque de estos grupos armados a ”manifestantes y periodistas que se habían reunido en un mitin político convocado por (el presidente encargado) Juan Guaidó“, además de ”desalojos forzosos en las sedes sindicales (..) allanamientos de sedes de partidos políticos, ONG y oficinas de medios de comunicación por parte de las fuerzas de seguridad“.
El dato más grave denunciado en el documento es el de ”38 casos de hombres jóvenes presuntamente ejecutados por las fuerzas de seguridad entre mayo de 2019 y mayo de 2020” en 23 de los cuales se identifica a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) como responsables.
Cuando aborda el subcapítulo “El derecho a la vida”, el documento denuncia que en el contexto de las protestas relacionadas con los servicios públicos, se realizaron arrestos a 17 manifestantes en todo el país, entre ellos menores de edad y personas adultas mayores, y tres casos de tortura que incluyeron una agresión sexual a manifestantes.
