Piden al juez de Delaware que ordene a funcionarios del gobierno de Juan Guaidó informar sobre su relación con Crystallex, ExxonMobil, Conoco-Phillips y Owens-Illinois.
En un documento introducido ante el juez de la Corte de Delaware, Leonard Stark se solicita que ordene al exprocurador, José Ignacio Hernández, al embajador de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, a Luis Pacheco y a la presidente de la JD de CITGO, Luisa Palacios proporcionar una descripción detallada y el descubrimiento de todos documentos relacionados con su relación con Crystallex, Owens-Illinois, Conoco-Phillips y Exxon Mobil, así como cualquier reunión mantenida con ejecutivos de Crystallex, ExxonMobil, Conoco-Phillips y Owens-Illinois, desde el 1 de enero de 2019.
En el documento firmado por Jorge Alejandro Rodríguez-Moreno, del partido Avanzada Progresista, este pide ser admitido para participar en los casos contra la República Bolivariana de Venezuela en calidad de Amicus.
En el documento hay una propuesta de orden, en la cual se pide al juez Stark que exija las evidencias que prueben la relación que tiene el ex- procurador del gobierno Interino, José Ignacio Hernández y al embajador de Venezuela ante Estados Unidos, Carlos Vecchio con Crystallex y las otras empresas demandantes.
Igualmente, se le pide al tribunal que solicite al Departamento de Justicia que informe sobre la situación actual de la supuesta solicitud de investigación realizada en agosto de 2019 por el Amici, de un posible incumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero por parte de José Ignacio Hernández y Crystallex.
Se le pide a la corte que ordene a PDVSA, PDVSA Ad Hoc y CITGO que se abstengan de emitir cualquier tipo de deuda sin el permiso de la corte, a fin de evitar cualquier sustancial cambio en su patrimonio, emisión irrazonable de deuda o cualquier otro evento que pueda dañar a sus propietarios finales, el pueblo de Venezuela.
Se pide que se ordene a PDVSA, PDVSA Ad Hoc y CITGO que hagan pública la divulgación de todos los compromisos de deuda contraída desde el 1 de junio de 2014, incluidos los términos de emisión, el titular y todos los información pertinente a la misma.
Igualmente se pide que ordene a PDVSA, PDVSA Ad Hoc y CITGO que hagan pública la divulgación de todos compras de crudo el 1 de junio de 2014, incluidos los términos del contrato, los vendedores y todo lo relevante información financiera que le pertenece.
Se solicita que el juez ordene a José Ignacio Hernández y a Luis Pacheco que proporcionen este Tribunal de Justicia con audio completo, transcripción y traducción jurada del 3 de junio de 2020, que tuvo lugar en la audiencia de la Asamblea Nacional de Venezuela en la cual participaron Hernández y Pacheco.
Se pide que se ordene a José Ignacio Hernández, Carlos Vecchio, Luis Pacheco y Luisa Palacios proporcionar a la corte una descripción detallada y el descubrimiento de todos documentos relacionados con su relación con Crystallex, Owens-Illinois, Conoco-Phillips y Exxon Mobil, así como cualquier reunión mantenida con ejecutivos de Crystallex, ExxonMobil, Conoco-Phillips y Owens-Illinois, desde el 1 de enero de 2019
EL RECURSO
El Secretario Político del partido Avanzada Progresista, Jorge Alejandro Rodríguez-Moreno, [autorizado por el presidente del partido, Henri Falcón], introdujo a la Corte de Delaware un recurso Amici donde explica que existen conflictos de intereses con el [ex-] procurador del gobierno Interino de Juan Guaidó, José Ignacio Hernández, que representa a la República Bolivariana de Venezuela en ese tribunal. Sostiene que Hernández, debe explicar su relación con algunas de las empresas demandantes,entre las que se destaca Crystallex, Owens-Illinois, los tenedores de los bonos PDVSA 2020 y Trafigura, entre otras.
En el documento se señala que «la intención es informar al tribunal de varios hechos que podrían mover a la corte a un alivio u otra acción». El ingeniero Rodríguez explica que en febrero y marzo de 2019, «de forma privada o en grupos limitados, presentó información a varios congresistas venezolanos —incluidos José Guerra y Rafael Guzmán, miembros del Comité de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional de Venezuela— en la que desaconseja la conveniencia de realizar los pagos correspondientes a los bonos PDVSA 2020, tal como lo recomendaba del Procurador Especial de Venezuela, José Ignacio Hernández».
Dijo que el 5 de junio de 2019, solicitó a la Comisión de Petróleo y Energía de la Asamblea Nacional, que informara oficialmente al parlamento sobre los graves conflictos de intereses relacionados con el Procurador Especial, Hernández en varios casos bajo su supervisión, incluidos Crystallex vs. República de Venezuela, y otros relacionados con los Bonos PDVSA 2020, el supuesto saqueo de PDVSA por parte de comerciantes de petróleo en complicidad con funcionarios de PDVSA.
Refirió que su propuesta fue votada y se acordó en dicha audiencia de junio de 2019, realizar una investigación al procurador Hernández.
«Los congresistas Jorge Millán (Primero Justicia), Oscar Ronderos (Acción Democrática) y el presidente de la Comisión Elías Matta (UNT) declararon —específicamente— que no tenían conocimiento de ningún tipo de participación, relación profesional, compromiso profesional o similar, de José Ignacio Hernández con cualquiera de las compañías que la República de Venezuela tiene litigios en curso o pendientes».
También fue propuesto en la audiencia, por el congresista Luis Stefanelli (Voluntad Popular) un voto de confianza sobre el nombramiento de Hernández, «este voto de confianza fue denegado y contando sólo con el voto solitario del congresista Stefanelli».
Rodríguez-Moreno refirió que personalmente ofreció y cumplió una no divulgación de 90 días sobre los temas tratados en la audiencia.
El 6 de enero de 2020, Rodríguez Moreno solicitó públicamente la remoción de Carlos Vecchio, José Ignacio Hernández, Alejandro Grisanti, Luisa Palacios y Ricardo Hausmann de todas las actividades relacionadas con CITGO, PDVSA y cualquier oficina pública relacionada con estas empresas. o sus valores.
Asegura que hasta el día de hoy, «ha estado promoviendo activamente en un foro público las diferentes alternativas para que la República proteja sus intereses y cumpla con sus deudas».
Sostiene el Amici que puede haberse perpetrado un posible fraude contra la República de Venezuela con el nombramiento de Hernández como Procurador Especial del gobierno interino de Juan Guaidó.
Los intereses del Amici Curiae
Explica que el recurso de Amici Curiae tiene como objetivo «una clara participación y compromiso en la búsqueda del bienestar del pueblo venezolano, en una transición pacífica y democrática a la democracia bajo la Regla de la Ley».
Señala que varios economistas, bien conocidos, han expresado su opinión sobre la importancia de CITGO para la recuperación futura de Venezuela, «ya sea mañana o dentro de uno o cinco años».
«La enorme cantidad de deuda venezolana por un lado, y los vastos recursos naturales en Venezuela por el otro, muestran que bajo un gobierno adecuado, un país que durante siete décadas en el siglo XX mantuvo todo tipo de registros positivos de crecimiento económico, paz y estabilidad, puede volver al camino de la paz y la prosperidad entre las naciones».
Explica que «la experiencia y la evidencia académica muestran hasta qué punto las actividades criminales de oficiales bien conectados han encontrado terreno fértil en países que regresan a la democracia, dejan atrás una tiranía o no tienen un control real dentro del territorio de una nación. Los casos de antiguos países comunistas proporcionan evidencia clara al respecto».
El Amici tiene el interés de presentar ante este tribunal hechos nuevos para el caso y que las partes no presentarán.
Tales hechos, explica, «no son del interés del Demandante y, a pesar de que están en el mejor interés legítimo del Demandado [Venezuela], el abogado del Demandado [Hernández] no los ha señalado a la atención del tribunal».
El recurso Amici tiene una base adecuada para determinar que la información y puntos de vista que lo acompañan, no sólo no fueron presentados por el procurador [Hernández] sino que incluso los ocultó al tribunal, «ya que estos hechos son contrarios al interés de quienes representan actualmente a la República de Venezuela y, por lo tanto, al pueblo de Venezuela».
El Amici incluye «un testimonio jurado ante la Asamblea Nacional de Venezuela de los conflictos de intereses de José Ignacio Hernández y otros involucrados de un posible fraude perpetrado contra la República de Venezuela con en el nombramiento de Hernández como Procurador Especial Ad Hoc, en una audiencia formal realizada el 5 de junio de 2019, donde Jorge Alejandro Rodríguez-Moreno [Amicus] dio una conferencia detallada al Comisión Permanente de Petróleo y Energía de la Asamblea Nacional sobre el particular.
El documento [Amici] presentado en la corte se acompañado por evidencias.
Esta información incluye, pero no se limita a lo siguiente: 1) Declaraciones oficiales del actual gobierno de los EE. UU., reconocidos congresistas venezolanos que niegan cualquier conocimiento de los conflictos de intereses de José Ignacio Hernández, actual Procurador Especial Ad Hoc para Venezuela en los EE. UU., y otras jurisdicciones.
2)Declaraciones del actual gobierno de los Estados Unidos que reconocieron a congresistas venezolanos sobre lo negativo de la actuación de José Ignacio Hernández para proporcionar evidencia de su separación de este caso.
3)La decisión de la Comisión de Petróleo y Energía de la Asamblea Venezolana de investigar la posibilidad y el alcance de un conflicto de intereses de Hernández en relación con este caso y como agravante, a varios otros casos similares;
4)La solicitud presentada por Amici al Departamento de Justicia, unidad de Fraude de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) para investigar la relación entre Crystallex y José Ignacio Hernández;
5)Las respuestas incriminatorias dadas por Hernández a la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Venezolana en una audiencia reciente del 3 de junio 2020;
6) Las declaraciones incriminatorias expresadas por el Sr. Hernández el 18 de junio de 2020 que declaran una «traición» realizada por la Comisión de Petróleo y Energía de la Asamblea Venezolana en su contra.
Aclara que «el interés de Amici en este caso es asegurar que la corte y el pueblo venezolano no sean defraudados por medio de esquemas sofisticados, extremadamente difíciles de detectar para el profano, especialmente cuando los realizan individuos con una amplia educación de manera coordinada».
Además, la disposición de este caso es de vital importancia para establecer un precedente que proteja o ponga en peligro las posibilidades de recuperación del venezolano en el futuro.
Sostiene que el Amici debe ofrecer perspectivas únicas y valiosas sobre las cuestiones legales ante la Corte en este caso. «Como profesionales calificados y defensores de los derechos de los venezolanos, el Amici se basa en la visión única obtenida a través de la observación cuidadosa de este caso, de los políticos y los partidos involucrados y la situación venezolana».
El informe de Amici tiene una visión amplia del tema, con una visión y hechos que no se encuentran en los informes de las partes y existen fuertes razones para creer que no serán proporcionadas por las partes como están representadas actualmente, presentando así un contexto más amplio a la controversia.
Por lo tanto, agrega, «ayudará a los jueces presentando ideas, argumentos, teorías, ideas, hechos o datos que no se encuentran en los informes de las partes».
«Los conflictos de intereses obvios del lado de los representantes de la República de Venezuela podrían haber prevalecido y haber causado un daño quizás irreversible a los derechos del pueblo venezolano. Por tales razones, solicitamos respetuosamente que el Tribunal otorgue esta moción de permiso para presentar el Currículum Amici Curiae adjunto que se adjunta como Anexo A y, si se otorga, un Amicus de ahora para participar en futuros argumentos que puedan surgir a discreción del Tribunal».
@maibortpetit
