Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, presentó ayer martes 10/03 una actualización oral de su informe sobre Venezuela. La alta representante manifestó que espera en el país se logren los acuerdos políticos necesarios para que se genere la renovación del CNE. La idea es que estos convenios permitan que se lleven a cabo elecciones inclusivas, transparentes y creíbles en Venezuela.
Propósito deseable que se contrapone con el resto del Informe de la acreditada funcionaria de la ONU, cuando denuncia adicionalmente una ristra de 15 puntos suficientemente justificados de reclamos, ante las violaciones contumaces de una tiranía que plantea elegir un nuevo CNE, y simultáneamente confronta policialmente las marchas opositoras y acosa ferozmente a diputados, periodistas, sindicalistas, ONGs, manteniendo a centenares de presos políticos civiles y militares en condiciones infrahumanas.
El documento resalta la escalada de tensión política en el país y la continuidad de la crisis que ha impactado en los venezolanos, cuya dimensión es de tal magnitud que no es solucionable solo con la designación de un nuevo CNE, sino que el poder electoral sea designado acorde con la norma constitucional y sea capaz de abordar la crisis política más aguda de nuestra historia republicana que ha derivado en la ruina social y económica de todo un país.
Por tanto, no es solo realizar un proceso electoral, sino que decisiones políticas define el organismo que conduzcan a la renovación de los poderes públicos y a la legitimación institucional, hoy cuestionada por una población que rechaza en porcentajes contundentes mayores al 80% al régimen gobernante. Si continuara ese nuevo CNE el detestable papel de comparsa del régimen será reducido al muladar de la historia y se agudizará en grado mayor la confrontación política.
De allí la disyuntiva de los nuevos rectores, si optan por arrodillarse ante los partidos que los postularán, o por el contrario escuchan la voz del pueblo calificada también como divina, que les exigirá responsabilidad suprema, ya que tomar las de Villa Diego para subestimar la aspiración popular de superar este apocalipsis, sería brindarle oxigeno a un régimen agónico repudiado y execrado como el Corona Virus a nivel universal.
Si sucediera como rumoran los entretelones y paredes del Hemiciclo que el acuerdo político entre el G4 y el régimen es solo unas elecciones parlamentarias, significará el suicidio político de la autocalificada alternativa democrática, ya que permitiría legitimar al régimen de facto hasta 2025. De consumarse esa maniobra palaciega le corresponderá a la sociedad civil asumir posiciones firmes de relevo, ante la incertidumbre generada por la incapacidad opositora.
El mantra propuesto por el presidente interino debe reorientarse a una política que proponga elecciones generales en un contexto de cese de la usurpación, pensar que renovar el parlamento creyendo ser propietario del 80% de la conciencia de la población que rechaza a la tiranía es una vana ilusión, como lo es la manipulación rastrera de difamar a la abstención de ser culpables de los desaguisados de 2017 y 2018, donde se gestó y consumó la actual liquidación del orden constitucional.
Froilan Barrios Nieves
