Por primera vez el órgano de las Naciones Unidas encargado de vigilar el cumplimiento de los tratados sobre drogas presentará en un informe su preocupación “por los indicios” de que en Venezuela los grupos del crimen organizado han logrado infiltrarse en las fuerzas de seguridad del Estado para facilitar las operaciones de narcotráfico.
Los expertos de la ONU van al fondo en su aseveración al reconocer que el “Cartel de los Soles” es una organización que ha permeado los cuerpos de seguridad en Venezuela, en contracorriente a las afirmaciones de la cúpula que encabeza Nicolás Maduro, que ilegítimamente permanece en el poder y quien asegura que es irreal la existencia de tal organización, por ende, que tal aseveración responde a una campaña de sus opositores y Estados Unidos para criminalizar a su régimen.
El informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), que se presentará el 27 de febrero en Viena, y al que Diario Las Américas tuvo acceso previo en exclusiva, se centrará en la mejora de los servicios de prevención y tratamiento para los jóvenes con adicción a las drogas, sin dejar de alertar, nuevamente, que las recientes leyes que autorizan el consumo de cannabis con fines recreativos sigue siendo motivo de preocupación para este organismo.
Además de su detallada información sobre las políticas que en 2019 los estados miembros aplicaron en el combate contra las drogas, la mención sobre la situación en Venezuela merece especial atención.
Por primera vez un organismo independiente de la ONU como la JIFE, que presenta informes desde 1992, reconoce la penetración criminal dentro de las fuerzas de seguridad venezolanas como responsable en el negocio del narcotráfico, dándole nombre y apellido.
En el párrafo 578 del informe de 2019 pendiente de publicación, los expertos de Naciones Unidas admiten que “hay indicios de que, en la República Bolivariana de Venezuela, los grupos delictivos han logrado infiltrarse en las fuerzas de seguridad gubernamentales y han creado una red informal conocida como el ´Cartel de los Soles´ para facilitar la entrada y salida de drogas ilegales”.
El Cartel de los Soles como se ha descrito a los oficiales venezolanos, lo componen en su mayoría, generales de las Fuerzas Armadas, implicados en tráfico de drogas los cuales, en muchos casos, operan con el respaldo de altos funcionarios del gobierno, si no es que ellos lo son.
Los expertos en materia seguridad reconocen que no es un grupo organizado verticalmente como los carteles del narcotráfico colombianos o mexicanos. Actúan, más bien, como un grupo de individuos con conexiones burocráticas que pueden tener poca o ninguna coordinación uno con el otro.
La aseveración de los técnicos de la JIFE sobre el caso venezolano, recogida en cinco líneas de este informe, precede de la afirmación de que “en los últimos años, los grupos delictivos organizados han transportado grandes cantidades de drogas ilícitas a Europa y Estados Unidos desde Colombia, pasando por Venezuela”, una situación histórica reconocida por los gobiernos de estos países.
Las fuentes anónimas que compartieron el informe con Diario Las Américas se mostraron preocupados por las presiones que en las últimas semanas los funcionarios venezolanos en Viena, sede la JIFE, ejercieron para evitar que la referencia a su situación fuera presentada en este documento con carácter de difusión mundial.
En el informe se afirma que, en 2018, se desmantelaron un total de 33 laboratorios ilícitos de cocaína de tamaño mediano en Venezuela, cerca de la frontera con Colombia, al referirse a la política antidroga que ejecutan las autoridades venezolanas.
Para Maduro, sin embargo, que Naciones Unidas y en concreto la JIFE reconozca en este nuevo reporte como una amenaza real al Cartel de los Soles en el tráfico de drogas, sienta un precedente que validaría las denuncias de los críticos a su régimen dentro y fuera de Venezuela.
Los militares se convirtieron en el principal sostén de Maduro en el poder tras la muerte del mandatario Hugo Chávez, y cuando en Venezuela se habla del “Cartel de los Soles” directamente la relación entre narcotráfico y fuerzas armadas sale a colación.
“El malestar del Gobierno de Venezuela fue evidente. Hubo reuniones con las máximas autoridades de la JIFE donde la parte venezolana lo que quería saber era de dónde obtuvimos esta información sobre el Cartel de los Soles. Y claro, su petición expresa era que elimináramos este apartado”, dijo una de las fuentes que suministró el reporte al Diario Las Américas
En marzo de 2019 la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) venezolana reiteró su reconocimiento a la JIFE como el único órgano para fiscalizar la aplicación de los tratados internacionales en materia de drogas, una forma de desacreditar el informe mundial sobre drogas que el Departamento de Estado estadounidense publica anualmente y en el que Venezuela se perfila como país de gran tránsito de drogas hacia Norteamérica con la venia de sus autoridades.
A pesar de ese reconocimiento de las autoridades venezolanas, desde 2014 ninguna misión de la JIFE ha pisado Venezuela, tomando en cuenta que es el gobierno quien oficializa la invitación.
La JIFE es un órgano independiente de vigilancia para la aplicación de los tratados de fiscalización internacional de drogas de la ONU. Está formada por 13 miembros elegidos por el Consejo Económico y Social que prestan servicios a título personal, y no como representantes de los gobiernos.
El informe anual se basa en datos proporcionados a la JIFE por los Gobiernos, entidades de la ONU y otras organizaciones. También se utiliza información de organizaciones internacionales, como INTERPOL y la Organización Mundial de Aduanas (OMA), así como organizaciones regionales.
Desde 1992 el informe contiene un estudio amplio de la situación en materia de fiscalización de drogas en el mundo. Al ser un órgano imparcial “tiene por objeto mantener informados a los Gobiernos de situaciones que puedan poner en peligro los objetivos de los tratados de fiscalización internacional de droga”, dice uno de sus postulados.
Reportes críticos
En menos de un año esta es la segunda ocasión en la que una entidad vinculada a Naciones Unidas critica la situación venezolana de forma directa.
La alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, presentó el nueve de septiembre de 2019 un informe al Consejo de Derechos Humanos con duras críticas de la gestión de Maduro y su manejo de la crisis política y económica donde las ejecuciones extrajudiciales y la opresión a la disidencia coparon el reporte.
En el peor de los casos, según advirtieron los investigadores de las Naciones Unidas que visitaron Venezuela en 2019, los comandos de las fuerzas especiales venezolanas – creados para combatir el narcotráfico y la delincuencia- ejecutaron miles de asesinatos extrajudiciales en los últimos dieciocho meses, incluso, manipulando las escenas del crimen para que pareciera que las víctimas se resistieran al arresto.
Para los testigos, “las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) son como escuadrones de la muerte al servicio del Estado”, se afirma en el informe del Consejo de Derechos Humanos.
Desde 2008 cuando el Departamento del Tesoro sancionó por primera vez a militares venezolanos por su implicación con el narcotráfico, el término “Cartel de los Soles” comenzó a sonar en los pasillos de las cortes y fiscalías de Estados Unidos, por las implicaciones de oficiales de las Fuerzas Armadas de Venezuela con el tráfico de cocaína.
El caudal de información sobre los vínculos de funcionarios venezolanos con traficantes, que las cortes de Florida y Nueva York conocen, ha servido para armar al menos 40 expedientes en los cuales aparecen implicados, sobre todo, militares y policías que abrieron las puertas al tráfico de cocaína desde Venezuela, reveló una investigación de Diario Las Américas.
Otro de los puntos clave del informe para este año, en su paso por la situación de Suramérica, es la vulnerabilidad en materia jurídica en la lucha contra nuevos tipos de drogas que están surgiendo.
“Los países de América del Sur no cuentan en la actualidad con ningún instrumento jurídico regional específico, como un instrumento de la OEA, que permita a los países de la región hacer frente común ante la amenaza de las nuevas sustancias psicoactivas potencialmente peligrosas”.
Frank López Ballesteros
