El chavismo avanza en la estrategia de crear un ecosistema de partidos -y de liderazgos políticos- al que pueda imponerle las condiciones de las elecciones parlamentarias, que constitucionalmente están previstas para el 2020.
La estrategia comenzó hace seis años cuando se intentó conducir a Venezuela hacia un sistema de partido hegemónico, en donde, a pesar de un número importante de organizaciones políticas, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) siempre mantendrá no sólo la primera opción de triunfo en los comicios, sino una influencia determinante sobre las decisiones del Gobierno.
Este nuevo ecosistema se nutre de organizaciones políticas que, en teoría, adversan a la Revolución Bolivariana, pero cuyos integrantes no muestran interés por disputar el poder a Nicolás Maduro, ni en conseguir condiciones político-electorales que permitan garantizar la alternancia en el Poder Ejecutivo.
Previo a las elecciones presidenciales de 2012 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó la intervención judicial de las directivas de las organizaciones Podemos y Patria Para Todos (PPT).
“En 2015 la oposición venezolana logró el mayor triunfo electoral en 20 años. Cuatro años después sólo el partido de Henri Falcón mantiene su legalidad, mientras el resto de fuerzas políticas que integraban la MUD están ilegalizadas”
Aunque las directivas originales de estos partidos formaban parte del comando de campaña de Henrique Capriles Radonski, a raíz de la imposición de nuevos directivos las organizaciones cambiaron significativamente sus respaldos políticos para terminar apoyando a Nicolás Maduro.
Por otra parte, como punto importante de la estrategia para garantizar un ecosistema de partidos que contribuya a la legitimidad de los procesos políticos y electorales adelantados por el chavismo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) negó la inscripción de organizaciones representantes del chavismo disidente: Marea Socialista y la Unión Nacional Organizada. Ese año también negó la inscripción de Vente Venezuela (dirigida por María Corina Machado).
Intervenciones judiciales antes de las Parlamentarias
En 2015 el chavismo repitió la estrategia. Ese año el TSJ intervino judicialmente a MIN-Unidad, MEP, Copei y Bandera Roja, partidos que habían presentado candidaturas unitarias con los partidos integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Siguiendo la línea de acción diseñada en 2012, en la mayoría de los casos la intervención judicial consistió en transferir el control de los partidos a integrantes relacionados o cercanos a Nicolás Maduro.
En 2016 (después del triunfo parlamentario de la oposición) ya no eran suficientes las intervenciones judiciales. Ese año el TSJ y CNE modificaron el proceso de legitimación de partidos políticos previsto en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones (Lpprpm) que data de 1964, y que fue reformada parcialmente en 2010 por la Asamblea Nacional (AN).
Por diversos motivos legales y técnicos el CNE pospuso la relegitimación hasta marzo de 2017. Este retraso sirvió de excusa para que no se efectuara en el tiempo previsto el proceso de convocatoria del referendo sobre la continuidad de Nicolás Maduro como Presidente de la República.
Fueron 59 partidos los que tuvieron que relegitimarse en 2017
Entre marzo y agosto de 2017 el CNE convocó a 59 partidos de ámbito nacional a relegitimarse. A este proceso no fueron convocados el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) por ser las organizaciones más votadas de las elecciones parlamentarias de 2015. Tampoco concurrieron al proceso de renovación tres organizaciones políticas admitidas por el CNE después de 2015. De éstas una estaba vinculada al oficialismo: Independientes por el Progreso (IPP) y dos eran opositoras: Partido Unión y Entendimiento (Puente) y Unidad Política Popular 89 (UPP89).
“Maduro estructura un nuevo ecosistema de organizaciones políticas que aparentemente lo adversan, pero en el fondo son complacientes ante la permanencia del statu quo”
Sólo 12 organizaciones políticas (de las 59 originalmente convocadas a relegitimarse, recogiendo firmas y huellas de los votantes) lograron superar las trabas técnicas y legales impuestas por el CNE.
De estas organizaciones cinco estaban abiertamente vinculadas a la oposición: Acción Democrática (AD), Avanzada Progresista (AP), Primero Justicia (PJ), Un Nuevo Tiempo (UNT) y Voluntad Popular (VP).
LA ANC entra en el juego
Las denuncias de fraude en la totalización de resultados para la designación de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) -julio de 2017- y las irregularidades del proceso de elección de gobernadores -octubre de 2017-, unidos a la manipulación de resultados en la votación del estado Bolívar, provocaron que los partidos de oposición que aún sobrevivían a las decisiones del CNE y TSJ decidieran no participar en los comicios de alcaldes celebrados en diciembre de 2017.
La ausencia de estos partidos fue utilizada por la Asamblea Nacional Constituyente para ordenar un nuevo y expedito proceso de renovación de partidos políticos, en el cual debían participar todas las organizaciones que no hubiesen acudido a las elecciones de gobernadores y alcaldes.
La decisión de la ANC violaba los Artículos 52 y 67 de la Constitución Nacional, y 25 y 32 de la Ley de Partidos Políticos. No obstante, fue acatada por el CNE que volvió a llamar a legitimar a su nómina de inscritos a los partidos opositores. Acción Democrática, Mesa de la Unidad Democrática, Primero Justicia, Puente y Voluntad Popular.
“El chavismo avanza en la estrategia de crear un ecosistema de partidos al que pueda imponerle las condiciones de las elecciones parlamentarias, que constitucionalmente están previstas para el 2020”
Sin embargo, Voluntad Popular y Puente se negaron a participar en este proceso, mientras Acción Democrática, la MUD y Primero Justicia decidieron intentar relegitimarse nuevamente. En un proceso muy cuestionado por la oposición, sólo AD logró cumplir con todos los requisitos impuestos por el CNE para la nueva etapa de validación.
En el caso de PJ y la MUD las rectoras del CNE cambiaron los instructivos de renovación utilizados en 2017, impidiendo que estas organizaciones lograran cumplir con los requisitos impuestos -como sí lo hicieron Copei o Bandera Roja en 2017-.
Y llegó la elección de 2018 y los nuevos partidos
En este escenario se convocó el proceso presidencial sobrevenido del 20 de mayo de 2018.
Para ese evento fueron 10 los partidos que postularon a Nicolás Maduro a la reelección, cuatro postularon a Henri Falcón (Avanzada Progresista, Movimiento Al Socialismo, Copei y Movimiento Ecológico de Venezuela), y una organización (Esperanza por el Cambio) decidió apoyar a Javier Bertucci.
A este proceso decidieron no acudir cuatro organizaciones que previamente habían superado las exigencias de validación del CNE: Acción Democrática, Independientes por el Progreso, Un Nuevo Tiempo y Nuvipa. Al no participar el 20 de mayo de 2018, la Asamblea Constituyente decidió que estás organizaciones estaban ilegalizadas y debían someterse a un nuevo proceso de recolección de firmas y huellas -el tercero en 12 meses-.
Nuevos partidos
Previo al proceso del 20 de mayo de 2018, el CNE aprobó preliminarmente a dos organizaciones que hoy son parte activa de la Mesa de Diálogo Nacional: Cambiemos (presidida por Timoteo Zambrano) y Soluciones (presidida por Claudio Fermín). Adicionalmente se dio el visto bueno a la organización Fuerza del Cambio (FDC), cuyos directivos se vinculan al ex candidato presidencial Henrique Capriles Radonski (formalmente Capriles Radonski no aparece en las actas constitutivas de esta organización).
En total, del proceso de inscripción y relegitimación de 2018 aparecieron en el ecosistema de partidos:
Acción Ciudadana en Positivo (ACEP)
Cambiemos Movimiento Ciudadano (CMC)
La Fuerza del Cambio (FDC)
Independientes por la Comunidad Nacional (IPCN)
Lápiz Procomunidad (LAPIZ Procomunidad)
Liberal Prociudadanos (LPC)
Partido Independiente de Venezuela (PIV)
Soluciones Por Venezuela (SPV)
A partir de este proceso perdieron su condición de partidos políticos reconocidos por el CNE las organizaciones Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Nuvipa e Independientes por el Progreso, mientras que en 2019 se volvió a cambiar judicialmente a la directiva de Copei.
La jugada del chavismo de imponer a los diputados Luis Parra y José Gregorio Noriega en la directiva de la Asamblea Nacional, también podría afectar el teórico listado de partidos políticos que participen en la elección parlamentaria de 2020.
Extraoficialmente se asegura que las organizaciones Primero Justicia y Voluntad Popular seguirán una estrategia similar a la empleada en los casos de PPT, Podemos, Bandera Roja o Copei. El control legal de Primero Justicia pudiese pasar a manos de Luis Parra, mientras que en Voluntad Popular sería asignado a José Gregorio Noriega.
Por otra parte, debe destacarse que la Mesa de Diálogo Nacional está integrada por partidos que aparecieron después del 20 de mayo de 2018, como Cambiemos y Soluciones u organizaciones que lograron superar los procesos de legitimación de 2017 y nunca dejaron de participar en los eventos electorales convocados por la Asamblea Nacional Constituyente: MAS, Avanzada Progresista y Esperanza por el Cambio.
En 2015 la oposición venezolana logró el mayor triunfo electoral en 20 años. Cuatro años después sólo el partido dirigido por el ex candidato presidencial Henri Falcón mantiene su legalidad, mientras el resto de fuerzas políticas que integraban a la Mesa de la Unidad Democrática están ilegalizadas.
No obstante, han aparecido nuevos partidos que pueden servir al chavismo en su estrategia para lograr convocar comicios con condiciones electorales muy favorables para la Revolución Bolivariana.
Eugenio Martínez / lagranaldea.com
@puzkas
