Alejandro Betancourt, fundador de la controversial empresa de energía Derwick, recibió millones de dólares del esquema de corrupción que pretendía extraer $1,200 millones de la estatal Petróleos de Venezuela, siendo uno de los implicados en el caso federal de Miami que también investiga a los hijastros del gobernante Nicolás Maduro.
Aún cuando el empresario no sale identificado por nombre y apellido en los documentos del caso, varias fuentes familiarizadas con la investigación confirmaron al Miami Herald que él es el “Conspirador 2”, apareciendo entre la docena de conspiradores enumerados pero de identidad resguardada que aparecen en la acusación criminal de la corte federal del sur de la Florida.
Betancourt, 39, y algunos de los otros conspiradores no identificados, podrían terminar siendo acusados formalmente, dijeron las fuentes.
Hasta el momento, nueve personas han sido acusados formalmente, con dos de ellos declarándose culpables y uno esperando juicio. Los otros seis, entre los que se encuentra el primo de Betancourt, Francisco Convit Guruceaga, son considerados como fugitivos por la justicia estadounidense.
Según documentos de la corte, Convit y el Conspirador 2 recibieron $272.5 millones del esquema de corrupción, distribuyendo parte de ese total a quien luego se convirtió en el testigo estrella del caso federal.
El representante legal de Betancourt, el prominente abogado de Miami Jon Sale, negó el viernes la participación de su defendido en el esquema. “Mi cliente niega haber cometido delito alguno”, dijo Sale.
En medio del gradual colapso de la economía venezolana, un grupo de empresarios con buenas conexiones políticas y nexos con Miami se enriqueció fantásticamente bajo la sombra del régimen socialista de Venezuela, encontrándose Betancourt entre los afortunados.
Sin contar con gran experiencia en la industria, Betancourt fundó a Derwick Associates hace una década y obtuvo miles de millones de dólares en contratos gubernamentales para la construcción de nuevas plantas de generación eléctrica. Derwick fue acusada en ocasiones de haber recibido el pago de abultados sobreprecios.
Con esos ingresos, Betancourt no sólo expandió sus operaciones, llegando hasta Estados Unidos, sino que compró un apartamento penthouse en el Tower Olympic de Manhattan, y un castillo y otras propiedades de lujo en España, según documentos de de la corte.
La corrupción en torno a la revolución socialista en Venezuela ha despertado desde hace años el interés de las autoridades estadounidenses. Actualmente las cortes federales de Miami, Houston y Nueva York llevan distintos casos de malversación de fondos, pagos de sobornos y actividades de lavado de dinero provenientes del país sudamericano.
Un buen número de esos casos están relacionados con PDVSA, la compañía sobreendeudada y plagada por prácticas de corrupción que hoy deambula al borde de la quiebra.
Russell Dallen, un abogado y banquero de inversión, que lleva años investigando los malos manejos del régimen de Caracas, dijo que la corrupción está detrás de la dramática caída de la renta petrolera venezolana de las últimas dos décadas, alimentando además la hiperinflación y la marcada pobreza en el país que ha llevado a millones de personas a salir huyendo del país.
“En vez de reinvertir el dinero y de reconstruir al país, el dinero fue robado a través de estos esquemas corruptos de endeudamiento y de explotación del sistema cambiario”, dijo Dallen, al resaltar que el país que una vez estuvo entre los mayores productores de crudo del mundo ha pasado a ser irrelevante en la industria. “Ellos han retrocedido”.
“El pueblo venezolano se muere de hambre”, dijo. “El salario [mínimo] es $5 al mes, un incemento desde $2. Eso es todo lo que ganan, es menos que en Haití, menos que en Cuba. Esa es la razón por la que la gente está votando con sus pies y está abandonando al país”.
El caso de lavado de dinero en Miami alega que el “Conspirador 2” estaba en la red de empresarios chavistas conocidos como “Boliburgueses” y de funcionarios gubernamentales que recibieron cientos de millones de dólares en el 2014 por parte de PDVSA como pago de un préstamo que otorgaron a la compañía estatal.
La acusación formal de la fiscalía alega que la red utilizó una compañía fantasma para prestarle a PDVSA en bolívares el equivalente de $42 millones y luego se les pagó en pocos meses el préstamo en euros, haciendo uso de un escandalosamente favorable tipo de cambio oficial que sólo estaba disponible para los amigos del régimen.
El uso de ese tipo de cambio favorable automáticamente multiplicó el pago de los $42 millones adeudados en $600 millones.
Entre los implicados en el caso también se encuentra Orlando Alvarado, quien en algún momento se desempeñó como vicepresidente de Finanzas de Derwick, y quien es identificado como el “Conspirador 4”.
Según los documentos de la corte, Alvarado discutió planes en el 2016 con uno de los líderes de la red la posibilidad de falsificar contratos de canje de moneda extranjera para tratar de legitimar los fondos obtenidos fraudulentamente de PDVSA para que luego pudieran ser transferidos a Convit, al Conspirador 2 y otros, incluyendo los funcionarios venezolanos que recibieron sobornos.
“El Conspirador 4 [Alvarado] sugiere una reunión con todos los que tienen ‘un interés’ de ordenar las cosas y de arreglar ‘los papeles’ antes de que la situación empeore”, resalta la acusación federal.
La estrecha relación entre Convit, Betancourt y Alvarado generan preguntas sobre cuánto conocía Betancourt del esquema de corrupción y los esfuerzos por lavar el dinero.
La acusación dice que el Conspirador 2, identificado por fuentes como Betancourt, recibió dinero pero no da a conocer pruebas que establezcan que él estaba al tanto de las actividades ilícitas detrás de los fondos.
Los documentos de la corte sostienen que PDVSA pagó los fondos de la deuda a la compañía fantasma Rantor Capital, transfiriendo los $600 millones a la firma Portmann Capital Management en Malta.
El pago luego fue traspasado a otra compañía fantasma, Eaton Global Services Limited, creada en Hong Kong y que era controlada por líderes de la conspiración para lavar los fondos, señalan los fiscales estadounidenses.
Los $600 millones fueron posteriormente divididos entre otros “conspiradores”, incluyendo a funcionarios de PDVSA y los tres hijastros de Maduro, según correos obtenidos por agentes del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional y fuentes familiarizados con el caso.
Los tres hijastros — Yosser Gavídia Flores, Walter Gavídia Flores and Yoswal Gavídia Flores — están bajo investigación federal en conexión con el caso.
Ésta es la manera en que los fondos fueron distribuidos entre el 2014 y el 2015, de acuerdo a la acusación.
▪ $272.5 millones fueron al empresario Raúl Gorrín, el polémico dueño del canal de televisión Globovision. El no ha sido acusado formalmente en el caso, pero es considerado como uno de los principales sospechosos en el caso. Del total, Gorrín se quedó con $72.5 millones que utilizó para pagar vuelos aéreos, un yate y servicios de corretaje en Miami. Los restantes $200 millones, el empresario los transfirió a Portmann Capital Management para beneficio de los tres hijastros de Maduro.
▪ La cuenta en para beneficio de los hijastros fue establecida bajo el nombre de Mario Enrique Bonilla Vallera, un empresario venezolano que tiene registradas un puñado de compañías en Florida, con direcciones vinculadas a viviendas de lujo en el exclusivo vecindario de Cocoplum, en Coral Gables. Bonilla ha sido acusado formalmente en el caso pero es de paradero desconocido.
▪ Otros $272.5 millones fueron a Convit y el Conspirador 2. De ese total, $94 millones fue traspasado a Pedro Binaggia, un abogado y empresario que fue contratado para mover millones desde Venezuela a Europea y Estados Unidos. En el 2016, Binaggia se convirtió en una fuente confidencial de las autoridades bajo temor de ser acusado de lavar fondos.
▪ Binaggia, utilizando al Deltec Bank de las Bahamas, redistribuyó alrededor de $ 20 millones a: Carmelo Urdaneta Aqui, ex asesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela; Abraham Edgardo Ortega, ex director de Finanzas de PDVSA; José Vicente Amparan Croquer, descrito como un lavador de dinero profesional; y otros tres conspiradores venezolanos no identificados vinculados con la compañía petrolera.
Esos tres son: Víctor Eduardo Aular Blanco, ex vicepresidente de Finanzas de PDVSA que autorizó el préstamo de la compañía petrolera estatal con la red; Álvaro Ledo Nass, ex Asesor Legal General de PDVSA, y su hermano, el abogado Adolfo Ledo Nass, según fuentes familiarizadas con la investigación.
Los fondos restantes fueron utilizados para cubrir los costos del préstamo inicial los cargos de Portmann Capital relacionados con la transacción.
Parte del dinero malversado de Venezuela se canalizó a través de compañías fantasmas a fondos de inversión ficticios, bancos estadounidenses e inmuebles de lujo en el sur de Florida, lo cual es la base del caso federal de lavado de dinero en Miami. Gorrin, que mantenía conexiones con el régimen de Maduro y del fallecido presidente Hugo Chávez, invirtió decenas de millones de dólares en Cocoplum, y en condominios de lujo en Miami y Manhattan.
Los medios de comunicación en Venezuela y Estados Unidos se han centrado en Gorrin debido a su destacado perfil en los círculos empresariales y políticos. Aunque no ha sido acusado en el caso de lavado de dinero durante la era de Maduro, el empresario fue acusado de participar en un esquema similar de soborno y malversación de $1,000 millones que involucra al ex tesorero de Venezuela, Alejandro Andrade, durante la administración de Chávez.
Betancourt, aunque menos conocido, también es un hombre influyente en Venezuela. Graduado de la Universidad de Suffolk en Boston, Betancourt fundó Derwick hace una década con Pedro Trebbeau López, quien se desempeñó como vicepresidente de la compañía de energía. Tuvieron éxito casi de inmediato durante la administración de Chávez mientras buscaban socios privados en las industrias del petróleo y de la energía.
Pero Derwick ha estado rodeado por la controversia casi desde sus inicios. La compañía ha sido acusada de corrupción en diferentes ocasiones por obtener enormes contratos de construcción del gobierno venezolano sin cumplir con los conocimientos básicos necesarios. La compañía también ha sido acusada de cobrar abultados sobreprecios en las obras y por vender equipos usados comos nuevos.
Según un informe de 128 páginas sobre el sector energético redactado por la ONG Transparencia Venezuela, el capítulo local de Transparencia Internacional, Derwick recibió 11 contratos de construcción por un valor de $2.9 mil millones, que fue sobrevalorado en un promedio de 162 por ciento.
José Aguilar, un ingeniero encargado de investigar Derwick para el diario The Wall Street Journal, dijo que los miles de documentos de la compañía que revisó sugieren que Derwick le cobró al gobierno venezolano entre $2,000 millones y $ 2,200 millones por los 11 proyectos, trabajo que podría haberse hecho pagando solo entre $1,300 millones y $1,400 millones.
“Hubo al menos $800 millones de sobrefacturación”, dijo Aguilar a El Nuevo Herald, señalando que la compañía contrató a subcontratistas para hacer gran parte de su trabajo.
Pero no todo el mundo acusa a la empresa de irregularidades. Un estudio escrito por un profesor de la Universidad Simón Bolívar en Caracas elogió el trabajo de Derwick, diciendo que fue uno de los pocos contratistas del gobierno que realmente completó la construcción de las plantas y que sus tarifas estuvieron entre las más bajas.
Las controversias también siguieron a la firma a Estados Unidos, luego que un enfrentamiento público con el Banco Venezolano de Crédito terminara instalándose en una corte de Nueva York, con Derwick demandando al banco por difamación.
Otto J. Reich, ex embajador de Estados Unidos en Venezuela y diplomático en tres administraciones republicanas, fue contratado por el banco venezolano para enfrentarse a Derwick en una guerra de relaciones públicas. El propio Reich terminó demandando a Betancourt y otros ejecutivos de Derwick en un caso de difamación presentado en la corte federal de Nueva York, acusándolos de pagar sobornos a funcionarios del gobierno venezolano. La demanda se resolvió en 2016 a través de un acuerdo confidencial.
Luego, Alvarado y Betancourt se encontraron en el centro de una controversia en Colombia, cuando siendo los principales accionistas de O’Hara, compañía con sede en Panamá, intentaron tomar el control de la canadiense Pacific Rubiales, empresa que administraba algunos de los campos petroleros más grandes de Colombia.
Según informes de prensa, O’Hara se unió a otros inversores para adquirir alrededor del 20 por ciento de las acciones de Pacific Rubiales, convirtiéndose así en los mayores accionistas de la compañía. Pero el intento de adquisición junto con el ingreso de Betancourt al directorio condujo a una espinosa lucha por el control de la compañía.
Ante el inminente riesgo de quiebra en medio de la caída de los precios del petróleo, la compañía fue eventualmente vendida a otro grupo de inversión en una operación que terminó generando grandes pérdidas a Betancourt y sus aliados.
Y ahora los problemas de Betancourt y Alvarado parecen haberse trasladado a Miami ante el escrutinio al que están siendo sometidos por el caso de lavado de dinero, el cual sigue avanzando pese a la ausencia de seis de sus acusados, quienes se encuentran en libertad fuera de Estados Unidos.
Matthias Krull, un banquero internacional que atendió a venezolanos mega-ricos, incluyendo a Gorrín, se declaró culpable poco después de su arresto en julio del año pasado y fue sentenciado a 10 años de prisión. Krull admitió que Gorrín le contrató para ayudar a lavar algunos de los $600 millones de la red en Europa y Estados Unidos en 2016.
Pero a Krull se le permitió permanecer en libertad bajo fianza en Miami debido a que está cooperando con la fiscalía de Estados Unidos, dijo su abogado, Óscar S. Rodríguez.
Krull, hijo de un pastor luterano nacido en Alemania, criado en Venezuela y educado en Suiza, tenía su base de operaciones en Panamá como banquero del banco privado suizo Julius Baer antes de ser arrestado. Según los registros judiciales, él ayudó a los investigadores a comprender la compleja red de relaciones de los acusados con otros sospechosos en el enorme caso de lavado de dinero.
“El valor del señor Krull en realidad proviene del hecho de que ha sido banquero en Venezuela … durante mucho tiempo”, dijo el fiscal Michael Nadler en septiembre mientras alertaba a un juez federal de que recomendaría una reducción de la sentencia para Krull cuando Krull se entregara en marzo. “La cantidad de personas con las que nos ha puesto en contacto … es grande”.
Abraham Edgardo Ortega, ex Director Ejecutivo de Planificación Financiera de PDVSA, también se declaró culpable hace un año por aceptar millones de dólares en sobornos que fueron enviados en secreto a instituciones financieras de Estados Unidos y de otras partes, con la ayuda de un administrador de inversiones de Miami y de otros.
Ortega, que trabajó en PDVSA durante más de una década, admitió que usó su cargo para darle “prioridad” a las empresas venezolanas que hacían negocios con el gobierno para que pudieran acumular fortunas de la noche a la mañana haciendo uso corrupto del esquema cambiario.
En febrero, el gerente de inversiones de Miami, Gustavo Hernandez Frieri, debe comparecer ante la corte para enfrentar cargos de que ayudó a lavar al menos $12 millones de los sobornos que recibió a Ortega. El supuesto papel de Hernández es el de haber puesto ese dinero en un fondo mutuo falso para que pareciera legítimo y luego lavarlo en los bancos estadounidenses a cambio de una tarifa.
Hernández, que vive en el exclusivo barrio de Bay Point en Miami y dirigió su negocio desde una oficina de Brickell Avenue, permanece libre bajo fianza. Nadler, el fiscal, indicó en la corte que Hernández no puede ir a juicio porque él y su abogado Michael Passano están “en discusiones sobre un acuerdo extrajudicial, cuyos términos aún están por definirse.
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