La presidenta Bachelet actualizó su informe sobre las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos en Venezuela. Denunció que la situación económica continúa en picada y considera que el país pasa por “el episodio hiperinflacionario más agudo que haya experimentado la región”… “la dolarización de facto en varios sectores de la economía está exacerbando las desigualdades. Los servicios públicos han seguido presentando fallas graves y recurrentes, con especial intensidad en el estado Zulia.
El desabastecimiento de combustible fuera de Caracas ha agravado la situación”. Reclamó el insuficiente acceso a medicamentos y tratamiento de más de 400.000 personas que padecen enfermedades crónicas. Insistió en que su oficina no ha recibido información sobre medidas para implementar la recomendación de su informe inicial sobre la disolución de la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional Bolivariana (FAES) y prevenir la posible comisión de ejecuciones extrajudiciales “las FAES han recibido apoyo del más alto nivel del Gobierno”…“según información recibida recientemente por parte del Ministerio Público, de agosto de 2017 a mayo de 2019, se condenaron a 104 miembros de fuerzas de seguridad por violación a los derechos humanos. Mi oficina espera información detallada sobre el tipo de violación a los derechos humanos, la adscripción institucional de los funcionarios, y el perfil de las víctimas”. La alta comisionada aseguró que seguirá brindando la asistencia técnica y apoyo a las instituciones y a las víctimas que sea requerida, a la vez que continuará monitoreando y reportando sobre el estado de los derechos humanos en Venezuela.
En resumen al ampliar su informe recordó que es imprescindible: 1) Adoptar medidas para frenar la hambruna y la crisis de la salud. 2) Cesar, subsanar y prevenir la tortura y las ejecuciones extrajudiciales. 3) Elegir un TSJ y un poder judicial independiente. 4) Poner en libertad a todos los presos políticos. 5) Acabar con la persecución contra la disidencia. 6) Proteger a los defensores de los derechos humanos y a los comunicadores. 6) Cesar toda intimidación contra los pueblos indígenas, y garantizar su integridad. 7) Detener el uso de la fuerza durante las manifestaciones. 8) Disolver las FAES y establecer un mecanismo para investigar las ejecuciones extrajudiciales, asegurar que sus responsables rindan cuentas, así como que las víctimas sean reparadas. 9) Tener un Fiscal y un Defensor imparciales. 10) Garantizar el derecho de las víctimas a interponer recursos y obtener reparaciones. 11) Satisfacer el derecho a la identidad y la documentación: cédulas, pasaportes y licencias de conducir. 12) Aceptar y facilitar el establecimiento de una oficina de ACNUDH que además publique datos exhaustivos sobre salud y nutrición, que puedan utilizarse, entre otros fines, para concebir y aplicar una respuesta humanitaria integral; asigne la máxima cantidad posible de recursos disponibles a la realización de los derechos económicos y sociales de una manera responsable que permita evaluar los gastos; autorice el libre acceso a la información de interés público; garantizar que todos los programas sociales se implementen de manera transparente, con la aplicación de medidas eficaces de rendición de cuentas; aumente la cobertura de la vacunación contra enfermedades y adopte medidas adecuadas para controlar los brotes de enfermedades transmisibles; establecer el acceso a Internet y a las redes sociales, incluidos los sitios de noticias, y la imparcialidad de los órganos oficiales en la asignación de las frecuencias del espectro radioeléctrico; desarmar y desmantelar a los colectivos y se investiguen sus delitos. 13) Proteger a las personas, incluidas las que están migrando, frente a abusos, corrupción y extorsiones. 14) Ratificar el Protocolo de la Convención contra la Tortura y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzada.
La lucha contra la violación a los derechos humanos continúa. Según Espacio Público “el octavo mes del año cerró con 57 violaciones a la libertad de expresión, que corresponden a 23 casos, entre los que destacan la intimidación, la censura y el hostigamiento. Los principales afectados siguen siendo los periodistas, medios y ciudadanos quienes constantemente son afectados por funcionarios, cuerpos de seguridad y las instituciones.
Con las cifras de agosto suman 845 violaciones en el transcurso del año, intensificando los niveles de abuso según el contexto informativo y los intereses del poder para silenciar la expresión de los venezolanos”. La cifra de presos políticos es de alrededor de 500, contando a más de un centenar de militares.
@OscarArnal
