Los tiempos para la solución de la crisis de Venezuela tienen actualmente un desfase con respecto al de la comunidad internacional. Desde 2014, una mayoría de venezolanos busca resolver la crisis de gobernabilidad que vive el país bolivariano a través de una salida pacífica, democrática y constitucional. La propuesta ha sido la presión ciudadana, movilizaciones, protestas, en todas sus formas democráticas. Desde ese año, según Datanálisis, 8 de cada 10 venezolanos evalúan negativamente la situación del país –un año después de la elección en la que Maduro resultó nombrado presidente.
El año 2014 fue el momento en el cual la situación de desabastecimiento de alimentos y medicinas, el alto costo de la vida, la inseguridad y la violación de los derechos humanos mostró un fuerte incremento en los índices con respecto a los 10 años anteriores de los gobiernos de Chávez y Maduro.
A la desobediencia civil, la respuesta de Maduro fue la criminalización de las protestas y la represión. Entre enero de 2014 y octubre de 2017, 11.993 personas habían sido detenidas arbitrariamente, de las cuales 62,4% fueron criminalizadas, según el reporte de octubre de 2017 de Foro Penal. Además, el régimen de Maduro empleó la jurisdicción militar para procesar ciudadanos civiles.
Antes de 2014, varias voces de la fuerza democrática, como María Corina Machado, Antonio Ledezma, Leopoldo López y dirigentes del movimiento estudiantil, denunciaron que en Venezuela había una dictadura.
Pero no es sino hasta 2016 cuando Nicolás Maduro es señalado como un régimen que viola la Carta Democrática Interamericana. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, invocó la Carta Democrática del organismo para Venezuela en mayo, abriendo un proceso que llevaría a la suspensión del país del organismo.
Fue la primera vez que un organismo multilateral elaboró un informe detallado, de 132 páginas, de la “alteración del orden constitucional” y “la ruptura del orden democrático” de la República Bolivariana de Venezuela. El informe recomendó, entre otras medidas: la realización del referéndum revocatorio; la liberación de presos políticos; atender la situación de los servicios de salud y el desabastecimiento de alimentos; detener el bloqueo permanente a la Asamblea Nacional; designar nuevos integrantes del Tribunal Supremo de Justicia y crear un mecanismo independiente de combate a la corrupción. Nada efectivamente sucedió, sino todo lo contrario.
La comunidad internacional seguía haciendo caso omiso de las denuncias presentadas por la fuerza democrática de Venezuela sobre el ejercicio ilegítimo del poder (régimen de Maduro) dentro del marco del Estado de Derecho. Compró la narrativa de que Venezuela tenía una “democracia participativa”, porque había elecciones todos los años. “De 25 elecciones hemos ganado 23” durante 20 años en el poder, se jacta Nicolás Maduro.
En marzo y en julio de 2017, el secretario general de la OEA publicó dos informes más sobre Venezuela. En el último señaló a Maduro como violador de “todo tipo de derechos: humanos, políticos, sociales, económicos y culturales”. La comunidad internacional seguía manteniendo su silencio e indiferencia ante la realidad que denunciaba Luis Almagro sobre Venezuela.
Ante esta realidad, gran parte de los venezolanos han seguido protestando para recuperar sus derechos y la democracia. Otros, frente a un Estado represor, han huido despavoridos, dando origen el mayor éxodo de la historia de las Américas. Tratan de dejar atrás el hambre, la miseria, la falta de expectativas.
En este sentido, en 2019 se observa un incremento de la conflictividad social, 97% en comparación con el mismo período de 2018 y 112% en relación con 2017, según el Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social. Y el éxodo se calcula que alcanzará los 5,4 millones de personas, según el informe de la OEA sobre migrantes y refugiados venezolanos.
A finales de 2018, la fuerza democrática de Venezuela manifestó: el régimen dictatorial de Maduro se transformó en un Estado mafioso que tomó control de gran parte del territorio y de la mayoría de las instituciones y órganos del poder público. Por lo que no debería seguir evaluándose la situación en Venezuela como una crisis política, únicamente. La vinculación del régimen de Maduro con las mafias internacionales del narcotráfico, oro, coltán, diamantes y trata de personas internacionalizó el conflicto.
En lo que va de 2019, 54 países democráticos desconocen a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela. Lo consideran un dictador. La elección presidencial de 2018 fue desconocida por los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, 14 naciones de Latinoamérica y la Unión Europea.
Además, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, determinó, para el período de enero de 2018 a mayo de 2019, y ratificó, el lunes pasado, que el régimen de Nicolás Maduro realiza ejecuciones extrajudiciales y tortura a los opositores. El informe de Bachelet confirmó la naturaleza dictatorial del régimen de Maduro.
A la comunidad internacional le tomó 5 años desde que la fuerza democrática de Venezuela reconoció que en el país hay una dictadura. Las acciones diplomáticas que propuso este año para restaurar la democracia no han generado el efecto esperado: establecer una hoja de ruta electoral para resolver la crisis política a través del mecanismo de Oslo. Asimismo sucede con las medidas propuestas por la ONU para “detener y remediar las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales”.
Lo que ocurre es que la dictadura mostró su verdadero rostro durante estos años, el Estado mafioso. Por lo que el mecanismo para resolver la situación de Venezuela es de fuerzas armadas internacionales contra el narcotráfico y los otros negocios ilícitos, además de diplomático.
Si la comunidad internacional repite el ciclo de aprendizaje, en 2022-2023 determinará que en Venezuela continúa existiendo un Estado mafioso. Muy tarde. Porque ya el país será irrecuperable. El momento para restaurar la democracia en Venezuela es ahora. De lo contrario, el éxodo se acentuará aún más y la mayoría que se quede en el país estará condenada a la miseria.
No hay tiempo que perder. El tiempo de la comunidad internacional debería ser el mismo que el de los venezolanos.
