El informe de la DEA 2016 hace una consideración importante sobre el tema de la corrupción desatada en Venezuela y su relación con el narcotráfico y el envío de drogas vía marítima y en aeropuertos tan importantes como el internacional de Maiquetía, principal terminal aéreo del país.
Señala el Informe 2016 que el gobierno venezolano, como política, no fomenta ni facilita la producción o distribución de drogas ilícitas, ni tolera el lavado de los productos de la venta de drogas ilícitas.
Sin embargo, la corrupción pública es un problema importante en Venezuela, que facilita a las organizaciones de narcotraficantes el enorme movimiento así como el contrabando de drogas ilegales hacia el Caribe, Europa, Africa y EEUU.
Durante su gestión el Presidente Maduro declaró Emergencia Económica Nacional y se otorgó poderes de decreto en enero de 2016, que incluía como objetivos combatir la corrupción y defender a Venezuela de una variedad de amenazas.
Dado que el gobierno no publica estadísticas actualizadas, nunca estuvo claro si las medidas autorizadas, en virtud de los poderes de decreto, eran herramientas contundentes y eficaces para combatir la corrupción, o simple puesta en escena.
El 1 de agosto de 2016, los Estados Unidos sellaron acusaciones contra el general Néstor Luis Reverol Torres, ex director de ONA y ex comandante de la Guardia Nacional, así como a Edylberto José Molina Molina, ex subdirector de ONA, por participar en un envío internacional de cocaína.
El 3 de agosto, el Presidente Nicolás Maduro designó a Reverol como Ministro de Interior, Justicia y Paz, responsable de supervisar tanto a la ONA como a la Guardia Nacional. Dos sobrinos de la primera dama venezolana Cilia Flores, Efrain Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, fueron arrestados en Puerto Príncipe, Haití, en noviembre de 2015 y expulsados a Estados Unidos. En noviembre de 2016, un tribunal federal en Nueva York condenó a los dos sobrinos de la conspiración para el tráfico de 800 kg de cocaína a los Estados Unidos. En septiembre de 2015, los Estados Unidos publicaron acusaciones contra el ex Jefe de Finanzas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) Pedro Luis Martín Olivares y ex funcionario antinarcóticos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Penales (CICPC) Jesús Alfredo Itriago por presunta participación en Las actividades de tráfico de drogas que afectan a los Estados Unidos. En 2008, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó al ex ministro de Defensa y actual gobernador del estado de Trujillo, Henry Rangel Silva y al gobernador del estado Guárico, Ramón Emilio Rodríguez Chacín, como «Nacionales y Personas Bloqueadas Especialmente Designadas» (Kingpin Act) por ayudar a las FARC en el narcotráfico.
El gobierno venezolano aún tiene que tomar medidas contra estos u otros funcionarios gubernamentales y militares con vínculos conocidos con las FARC. En 2013, el Departamento de Hacienda de los Estados Unidos agregó a Vassyly Kotosky Villarroel-Ramírez, ex capitán de la Guardia Nacional de Venezuela, a la lista de SDN. La Guardia Nacional de Venezuela informó de la detención de Villarroel-Ramírez en julio de 2015. La Ley Orgánica de Drogas de 2010 impone penas de entre ocho y 18 años de prisión para funcionarios militares y de seguridad convictos por participar o facilitar el tráfico de estupefacientes. El 16 de junio de 2016, 646 kg de cocaína fueron incautados en un vuelo que se originó en Caracas luego de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo que llevó a arrestar a ocho ciudadanos venezolanos en junio del 2016, incluyendo a cuatro miembros de la Guardia Nacional.
¿Pero que dice este último informe publicado hasta ahora por la DEA?
Informe DEA 2016
Venezuela.
Venezuela sigue siendo un importante país de tránsito de drogas según el último informe de la DEA 2016.
El documento señala que el gobierno venezolano sigue sin informar sobre la producción o el tráfico de nuevas sustancias psicoactivas en ese país.
Al igual que en 2015 para el informe 2016 el Presidente de los Estados Unidos determinó que Venezuela había fracasado nuevamente y de forma demostrable, en cumplir sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales contra el narcotráfico, aunque se concedió una exención que permitía la continuación de la asistencia de los Estados Unidos en interés de la seguridad nacional de los Estados Unidos.
El último informe refleja que el gobierno venezolano se involucró durante el 2016 en una mínima cooperación bilateral con los Estados Unidos.
“Las autoridades venezolanas no procesan eficazmente a los narcotraficantes, en parte debido a la corrupción política. Además, los agentes de la ley venezolanos carecen del equipo, la capacitación y los recursos necesarios para impedir de manera significativa las operaciones de las principales organizaciones de narcotraficantes”.
El documento establece que no existen datos suficientes para determinar las tendencias actuales de consumo de drogas en Venezuela, pero se cree que la marihuana es la droga ilícita más consumida, seguida de crack y «basuco» (pasta de cocaína). El cultivo limitado de coca ocurre a lo largo de la frontera de Venezuela con Colombia. Algunos precursores químicos utilizados para producir cocaína son traficados a través de Venezuela, pero la cantidad es desconocida.
Según el informe de la DEA, en 2016 las autoridades venezolanas no emitieron estadísticas sobre incautaciones de laboratorios de drogas o precursores químicos. El gobierno venezolano no ha informado sobre la producción o el tráfico de nuevas sustancias psicoactivas en Venezuela.
Venezuela sigue siendo un importante país de tránsito para los envíos de cocaína a través de rutas aéreas, terrestres y marítimas. La mayoría de los vuelos sospechosos de traficar narcóticos salen de los estados venezolanos fronterizos con Colombia.
El tráfico por transporte marítimo incluye el uso de grandes contenedores de carga, buques pesqueros y barcos «rápidos».
Los narcóticos ilícitos que transitaron Venezuela en 2016 estaban destinados al Caribe, Centroamérica, Estados Unidos, África Occidental y Europa. Las organizaciones colombianas de narcotraficantes -incluidas las bandas criminales múltiples, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN )- facilitan el transbordo de estupefacientes a través de Venezuela. Según informes de prensa, las organizaciones mexicanas de narcotraficantes también mantienen una presencia en Venezuela. El gobierno venezolano de vez en cuando informa de las incautaciones de drogas, arrestos y destrucción de drogas y pistas de aterrizaje para el público. Venezuela no es miembro del Sistema Cooperativo de Integración de Información Situacional, a través del cual los países predeterminan alguna información para compartir con los Estados Unidos. Las autoridades venezolanas tampoco compartieron evidencia sobre la destrucción de drogas ilícitas con funcionarios estadounidenses. En octubre de 2016, una interdicción marítima venezolano-francesa en el Caribe central condujo a la detención de ocho venezolanos ya la confiscación de 120 kilogramos de marihuana y cocaína. En noviembre de 2014, el vicepresidente venezolano Jorge Arreaza anunció la operación «Sovereign Skies», con el objetivo de detener los vuelos de aviones privados que salen de siete aeropuertos para combatir el narcotráfico, y en dos casos en 2015, derribaron aviones privados. Tanto los Estados Unidos como el derecho internacional prohíben el uso de fuerza letal contra aviones civiles, sin importar si el avión está siendo utilizado para el tráfico de drogas.
El Informe de la DEA 2016 no hace referencia a los movimientos de los Carteles militarizados de Biolivia y Venezuela ni de sus operaciones.
Continuará…
@damasojimenez
