Desde diciembre del 2002 el difunto Hugo Chávez Frías, aprovechó el “paro petrolero” para apoderarse personalmente de la Estatal Petrolera de Venezuela (PDVSA). Era un apoderamiento solapado en promesas de prosperidad petrolera. Se creó el Plan PREMIO, el Proyecto SIEMBRA y se crearon decenas de misiones sociales para extraer los recursos y capitales de la “gallina de los huevos de oro” de Venezuela, se puede hablar de unos 7.500 millones de dólares en corrupción petrolera para la fecha de agosto del 2006, cuando entregamos la llamada “Carretilla de la corrupción” en la sede de la Comisión de Contraloría y de Medios de la extinta Asamblea Nacional presidida para entonces por la diputada Cilia Flores, actual cómplice del Cartel de drogas y de lavado de dinero de Miraflores.
Casi 17 mil empleados de la industria petrolera fueron desincorporados de la nómina blanca, éstos fueron sustituidos por personal partidista carente de pericia técnica y de formación profesional. Botaron ingenieros para meter reposeros del antiguo MVR. El proyecto no era rescatar PDVSA, el plan era –y así se cumplió a la perfección- saquear el erario nacional y arruinar las instalaciones petroleras, que en otrora era la excelencia mundial del mundo petrolero.
Se dio así la mayor de las depravaciones institucionales hasta ahora vista en el sistema gubernamental de Venezuela. El mismo Ministro de Energía y Minas era a su vez el Presidente de PDVSA. Esta ignominia grosera y corrompida era para ejercer el control absoluto de la Estatal Petrolera, y así manejar a su antojo el negocio del crudo.
El funcionario “triple coronado” (Ministro de Energía y Minas; Presidente de PDVSA y Presidente del sector de economía del Consejo de Ministros) resultó ser el besapiés del extinto comandante, Rafael Ramírez Carreño (a) “El Flaco de la Campiña”, como así lo denominaban en el entorno de Miraflores. De un simple ingeniero dibujante de tornillos pasó a ser el emir petrolero de Venezuela y el zar de la corrupción galopante en el gobierno chavista. Para esa época de los años 2003 a 2006, los connotados narcotraficantes y ladrones Diosdado Cabello, Nicolás Maduro y los actuales carteles de hoy eran simples “carteristas de semáforo”. Este “tripe coronado” estuvo reinante durante diez años, desde el 2003 hasta el 2013.
A finales de mayo de 2010, se descubrieron unas 130.000 toneladas de alimentos -cifras oficiales- pertenecientes a la empresa estatal PDVAL, con la fecha de caducidad alcanzada y en estado de putrefacción. Este escándalo marcó la muerte institucional y la defunción económica de PDVSA. La “Gallina de los huevos de oro” agonizaba y ya no era capaz de surtir los bolsillos de los llamados “boliburgueses”. Era necesario buscar otra fuente de corrupción y manejo doloso, que se prestara para malversación de fondos, desvío de recursos, doble facturación y enriquecimiento ilícito.
Fue entonces en octubre del 2010 cuando empezó la infeliz idea de apoderarse del oro. En un principio la corrupción del oro fue de manera muy disfrazada de estatismo. Eliminaron casi a la totalidad la minería artesanal, tomaron a la fuerza espacios de misiones indígenas. El pretexto se fue ejecutando a través de la aplicación de las cuatro leyes que rigen la actividad minera en Venezuela y para apoderarse y controlar dicha actividad se valió de siete decretos de prohibiciones, reglamentos de explotación, estrategias operativas y zonificaciones de seguridad nacional. Ya el crudo petrolero no producía para el enriquecimiento, ahora la mirada era hacia el sur de Venezuela, buscando la nueva fuente de corrupción, de tráfico y lavado de dólares.
Ahora sí se entendió por qué el “triple coronado” dentro de un sistema gubernamental tan sectorizado y de multiplicidad de funcionarios. Como Arco Minero del Orinoco (AMO), se le denominó a la nueva estrategia de robo, dolo y saqueo. Es creado oficialmente el 24 de febrero de 2016 como Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, un exótico nombre para tal vil proyecto de enriquecimiento ilícito y de destrucción geográfica. Este ACO es un área rica en recursos minerales que la República de Venezuela que empezó formalmente a ser explotada desde el año 2017.
Actualmente ocupa mayoritariamente el norte del estado Bolívar y en menor proporción el noreste del estado Amazonas y parte del estado Delta Amacuro. Cuenta con 7000 toneladas de reservas de oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales.
El Arco Minero del Orinoco abarca un área de 111 843,70 km², es decir 12,2 % del territorio venezolano; duplicando en su extensión a la faja petrolífera del Orinoco. El Arco Minero del Orinoco para el momento del inicio de su explotación tenía un potencial de unos 2 trillones de dólares. Para darle mayor nivel de control se incluyó la certificación y la cuantificación de las reservas mineras, para este menester de dominio absoluto se activó el llamado Motor Minería de la fulana Agenda Económica Bolivariana. Una serie de nombre con sabor a estatismo burocrático, pero en realidad se estaba configurando el “Cartel del Oro”. Esta futura mina para la corrupción iba a estar en manos de los militares enchufados y de los militares gobernadores de la zona. Es por eso que el 5 de agosto de 2016 el ministro para la Defensa Vladimir Padrino López anunció la activación de la unidad especial para el ACO. Unidad Militar que con el tiempo tuvo que pactar con el actual DGCIM para compartir el botín del oro.
Esta estrategia de corrupción a la que hemos llamado “El Cartel del Oro”, se tenía que despojar de futuros adversarios tanto políticos como sociales, y mucho más de carácter comunitario. Por eso –so pretexto de eliminar la mayoría absoluta por una mayoría simple en la Asamblea Nacional- desincorporaron a los dos diputados opositores del estado Amazonas, Julio Ygarza y Nirma Guarulla, y el representante indígena de la región sur del país, Romel Guzamana. Estos parlamentarios podrían haber sido enemigos rotundos de la devastación selvática del ACO y en consecuencia su voz en la AN les pudiera haber traído serias inconveniencias políticas y sociales a la hora de la exploración, extracción, bateo y proceso de la actividad minera para fines lucrativos y de rentabilidad personal. Así mismo en el 2017 desconocieron el triunfo del candidato opositor Andrés Velásquez, quien ganó las elecciones para gobernador del estado Bolívar, y al considerarlo enemigo del “Cartel del Oro”, por no compartir los negocios del grupo de los cuatro en las MUD, les fueron arrebatadas las elecciones.
En diciembre del 2014 el “zar del crudo y emir petrolero” Rafael Ramírez negocia su salida de PDVSA y del Ministerio de Energía y Minas, y acepta ser representante permanente de Venezuela en la ONU y ante el Consejo de Seguridad, cargo al que renuncia en diciembre del 2017. Meses después, en agosto del 2018, el antiguo “triple coronado” lanzó una serie de ataques contra el gobierno fraudulento de Nicolás Maduro, criticando l manera entreguista como se estaba desarrollando en el Bloque Carabobo de la Faja del Orinoco, como también el deterioro del Complejo Industrial Gran Mariscal de Ayacucho (CIGMA) en Güiria”. En conclusión Ramírez hace un inventario de la incapacidad del régimen de Maduro. Ese ataque fue una vil pantalla ante la opinión pública, Maduro necesitaba un ejecutivo operador del mundo petrolero y del oro costa fuera, para dominar y controlar el negocio fuera del ámbito gubernamental.
Para el año 2015, a Maduro le urgía un personaje de confianza y leal a la causa del pillaje que asumiera el control del ACO. No teniendo confianza en ningún político militar para tal tarea delincuencial, se vio en la necesidad de entregarle el negocio del ACO a su hijo Nicolás Maduro Guerra (a) “Nicolasito”. En diciembre del 20017 le inventan un súper cargo burocrático plegado de nepotismo al cual llamaron como “Director General de delegaciones e instrucciones presidenciales del Vicepresidente”, nombramiento que sustituía el que recibió al inicio del gobierno de su padre que le llamaban come el “Jefe del Cuerpo de Inspectores Especiales de la Presidencia de la República”. Este sujeto hoy por hoy es el capo mayor del “Cartel del Oro” en el ACO y desde su curul en la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente goza de una serie de privilegios parlamentarios, que unidos a las franquicias otorgadas por su corrupto padre lo convierten en el funcionario de mayor poder político, económico y gubernamental del actual narcorégimen usurpador.
@padrejosepalmar
